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Vivienda expedienta a 48 propietarios de pisos de protección por no ocuparlos

CANTABRIA

Vivienda expedienta a 48 propietarios de pisos de protección por no ocuparlos

Hasta noviembre se han realizado 1.002 inspecciones de viviendas para verificar que sus dueños viven en ellas

26.11.12 - 00:14 -
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Vivienda expedienta a 48 propietarios de pisos de protección por no ocuparlos
Cada año los técnicos de Vivienda investigan decenas de promociones de VPO para detectar fraudes. / Roberto Ruiz
En los tiempos que corren, cuando a algunas familias se las desahucia de su vivienda por no tener suficiente para pagar la hipoteca, a otras se las incoa expediente por lo contrario, por no vivir en la casa de protección oficial (VPO) que les adjudicaron en su día. Por extraño que resulte, no todas las que se entregan en las distintas promociones acaban habitadas. De hecho, en los últimos años la Consejería de Obras Públicas ha tenido que abrir 388 expedientes sancionadores para requerir a sus propietarios a que se muden a su nuevo domicilio.
El molde de esos cucos sin alas que poseen viviendas protegidas pero no las ocupan responde al de un ciudadano que, por regla general, dice trabajar todo el día, no come en casa, se ducha en el gimnasio y los fines de semana tampoco está porque se escapa a la casa del pueblo. Un retrato que se aproxima a la realidad 'inventada'. «Nunca se le encuentra en su vivienda, siempre está fuera», refrenda José Antonio González, director General de Vivienda y Arquitectura, cuando explica los resultados de las inspecciones periódicas que desde la Consejería realizan todos los años al parque de viviendas de protección oficial de Cantabria.
Una vez que reciben las llaves, los adjudicatarios tienen un plazo de entre tres y seis meses para entrar a vivir en su nueva vivienda. Esto, que parece de cajón de madera, no siempre se cumple. Para González, «es inmoral no ocupar la vivienda adjudicada». Y más allá de que haya cierta picaresca u otros motivos más razonables para no habitarla -lo que se denomina 'justa causa'-, lo grave es que el referido cuco ocupó el turno o impidió el acceso a ese piso a gente más necesitada de una vivienda.
Visitas y recibos
Pasean, observan, miran, apuntan. Los inspectores realizan varias pasadas por los bloques y pisos. Tras barrer distintas promociones y un millar de viviendas de protección, en lo que va de año los inspectores han incoado ya 48 expedientes sancionadores a otros tantos moradores. En la casi totalidad de los casos por mantener vacía la vivienda. «No hacemos de detectives. Simplemente tratamos de averiguar si hay alguna vivienda con indicios de irregularidad». Así explica el trabajo de los inspectores el director de Vivienda sin desvelar al detalle su modo de operar. Ni dónde ni cuándo van.
A la inspección ocular -movimiento de ventanas y persianas, ropa en los tendederos...- se suman otros indicios, desde visitar y llamar directamente a la puerta para comprobar si los dueños viven en esa casa, hasta conversar con los vecinos. Y, para cerrar el círculo, para eliminar dudas, cruzan datos de consumos.
Al casar las cifras, la irregularidad canta, queda en evidencia. Una vivienda de tipo medio consume o tiene una demanda anual de energía de entre 3.200 y 4.000 kilovatios/hora (kWh), y se han dado casos de alguna de esas VPO que en dos años sólo pudieron acreditar un consumo de 700 kW que, a lo sumo, equivaldría a lo que gasta de electricidad un frigorífico y poco más. Otro tanto se puede aplicar, por ejemplo, respecto a los consumos de agua. «Y con lo que acreditaron algunos no hubiera dado ni para lavarse las manos o poner una lavadora a la semana», señala a modo de ejemplo González. Y es que el equipo que se encarga de las inspecciones también requiere a las empresas suministradoras de gas, luz, agua y teléfono, entre otras, que le aporten datos y reportes de consumos.
Suficientes argumentos en la mano de los inspectores para valorar si existe un uso justo o adecuado de la vivienda -«si se comprueba que está habitada, al dueño no le molestamos», explica González- o si, simplemente, la permanencia es esporádica o nula. En este caso, Vivienda inicia una diligencia y convoca al interesado para que se justifique. «En caso de percibir dudas razonables de un mal uso de la vivienda, se cursa el expediente». Claro que ese proceso a veces no resulta ágil.
Entre unas cosas y otras el procedimiento puede tardar seis meses en resolverse, y llegar hasta los dos años si se encadenan recursos. Pero es que además del tiempo para su elaboración y tramitación, algunos datos tardan en llegar. Bien porque el propietario se muestra remiso y lo dilata en el tiempo, bien porque las empresas suministradoras de luz, gas o agua, por ejemplo, no siempre se prestan a los requerimientos amparándose en la ley de protección de datos.
Trámites y sanciones
Para alivio de la dirección de Vivienda, esa circunstancia va a cambiar radicalmente el año próximo. En cuanto se apruebe en el Parlamento la Ley de Acompañamiento. La nueva norma obligará a las empresas suministradoras a aportar cuantos datos se le requieran para comprobar la ocupación de las viviendas y sin necesidad del consentimiento del afectado. Y, además, sin demora pues tendrán de plazo un mes. «Cuando esté en vigor nos va a resultar más sencillo», afirma el director de Vivienda.
Salvo que se confirmen supuestos problemas o impedimentos sobrevenidos tras la adjudicación de la vivienda -un traslado laboral a otra ciudad o un impedimento físico, por ejemplo-, la no ocupación comporta una multa. Si se resuelve el expediente como falta 'leve' por demorar mucho tiempo el traslado a la vivienda, el propietario puede tener una sanción de 1.500 euros. Y puede llegar a a 6.000 euros si se considera 'muy grave' que el dueño persista en tener deshabitada la vivienda. Sin perjuicio de que, además, se le reclamen las ayudas recibidas. «Si tú eres beneficiado con una VPO, que te ha salido más barata que a precio de mercado y has percibido ayuda pública para adquirirla, tienes la obligación de residir en esa vivienda», espeta González. De ahí esa vigilancia para comprobar que las viviendas cumplen el cometido para el que fueron hechas: ser habitadas.
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