El juez pide a Presidencia datos sobre la gestión de la medalla concedida a Aznar en EEUU

Julio de Diego investiga la presunta existencia de delitos de malversación de dinero publico y falseamiento de facturas

EUROPA PRESS | MADRID
El juez pide a Presidencia datos sobre la gestión de la medalla concedida a Aznar en EEUU

El juez de Instrucción número 23 de Madrid, Julio de Diego, ha solicitado a Presidencia del Gobierno el expediente íntegro de aprobación, en diciembre de 2003, de un gasto de 2,3 millones de euros dirigidos a obtener la concesión al ex presidente del Gobierno José María Aznar de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos.

El juez De Diego investiga la presunta existencia de delitos de malversación de dinero publico y falseamiento de facturas en relación con estos hechos, a raíz de la presentación de una querella contra Aznar promovida por el abogado José Luis Mazón.

Lejos de archivar este procedimiento, tal y como le solicitó la Fiscalía el pasado mes de septiembre, el juez ha dictado una providencia con fecha de 2 de noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que acuerda que se pida a Presidencia del Gobierno el expediente íntegro incoado tras el acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, en el que se aprobó el gasto para la obtención de la medalla "por el procedimiento de imperiosa urgencia".

Igualmente, el juez instructor número 23 de Madrid solicita a Moncloa que le remita "todas las actuaciones administrativas" incluidas en el citado expediente y la "documentación incorporada" al mismo.

En su escrito del pasado 14 de septiembre, el fiscal Luis Ibáñez justificaba el archivo de las actuaciones por entender que la imputación a Aznar "no queda clara" y subrayaba una "absoluta falta de concreción" de los hechos denunciados, a lo que unía "la sospecha de la existencia de espurios intereses".

Los abogados Mazón y Encarnación Martínez, personados en la causa como acusación particular, dieron traslado al juez de otro escrito en la misma fecha en la que denunciaban, por su parte, la "arbitrariedad" del fiscal Ibáñez porque "no defiende la legalidad ni los derechos de los ciudadanos como ordena la Constitución al Ministerio Fiscal".

Diligencias pendientes

El juez Diego López solicitó a principios de junio al fiscal y a las acusaciones personadas que le remitiesen un informe sobre las diligencias necesarias a practicar en la instrucción, que arrancó tras una denuncia presentada en julio de 2005 por Mazón.

El letrado denunció entonces que Aznar pagó 2,3 millones de euros con fondos públicos los servicios del despacho de abogados norteamericanos Piper Rudnick, que actuó como lobby para la frustrada concesión de la medalla.

El escrito, que cita informaciones periodísticas de la Cadena Ser y del diario El País, afirma que "hubo manipulación de facturas emitidas por los abogados estadounidenses contratados, por el Gobierno del PP en diciembre, para gestionar la concesión" de la citada medalla a Aznar , eliminando por "orden de Aznar o de alguien bajo su dependencia", la referencia a la medalla y a Aznar "para pasar el control de la Intervención General del Estado".

Según Mazón, este gasto, que debería haber sido "personal" o de "su grupo político", fue pagado "con fondos del Presupuesto público". "El Consejo de Ministros no ocultó este acuerdo, no facilitado en la reseña informativa; recurrió al extraordinario procedimiento de 'imperiosa urgencia' y se hicieron omitir las facturas originales enviadas por los abogados estadounidenses y las referencias a la medalla y a Aznar , en prueba de la mala fe con que actuó el anterior presidente y su equipo", señala la querella.