El caso Gescartera llega a juicio sin rastro del dinero

Los cerca de 4.000 inversores estafados perdieron 50 millones de euros

AGENCIAS |MADRID
El caso Gescartera llega a juicio sin rastro del dinero

El 'caso Gescartera ', la oscura agencia de valores que hizo tambalearse a toda la cúpula económica de los Gobiernos de José María Aznar, se acerca por fin a su resolución. La Audiencia Nacional comenzará a juzgar este lunes, más de seis años después de que saltase el escándalo, a los 14 acusados por una estafa estimada en 50,2 millones de euros a 4.000 inversores entre los años 1992 y 2001. No son cifras muy abultadas si se las compara con los 350.000 afectados de Forum y Afinsa y sus 6.203 millones desaparecidos, pero ningún fraude reciente ha provocado la dimisión de todo un secretario de Estado de Hacienda o una presidenta del órgano supervisor de los mercados.

Gescartera, más allá de un estafa de enorme magnitud, se ha convertido en un símbolo de los 'pelotazos' financieros en el ocaso del siglo XX y en un estigma para la exitosa gestión económica de los ejecutivos 'populares' que lideró José María Aznar. Pese a que ninguno de los políticos implicados se sentará en el banquillo, todavía se dejan sentir los efectos de la descomunal polvareda que levantó la polémica lista de inversores y las relaciones de sus administradores con varios pesos pesados del equipo económico del entonces vicepresidente Rodrigo Rato.

Los inversores sólo han logrado rescatar 26 millones de euros por la cobertura del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), por lo que la pieza de responsabilidad civil de este juicio, en caso de que haya sentencia condenatoria, será el último resquicio para recobrar su dinero.

Un negocio de alta rentabilidad

Con una forma de negocio "muy transversal" y agresiva, ya que ofrecía rentabilidades superiores a las habituales en el mercado, Gescartera logró labrarse un volumen de clientes suficiente, en nueve años de existencia, para tapar supuestamente una estafa, que dominó la actualidad política y judicial de España durante varios meses del año 2001, con comisión de investigación en el Parlamento y dimisión del máximo responsable del organismo regulador de los mercados incluidos.

Ahora, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional se sentarán catorce imputados por la Fiscalía Anticorrupción, encabezados por el principal responsable de la sociedad, Antonio Camacho Friaza, fundador de Gescartera en 1992, que ya cumplió tres años de prisión preventiva y habrá de enfrentarse a los once años de cárcel que pide el Ministerio Público para él por dos delitos continuados de apropiación indebida y falsedad.

También comparecerán como acusados la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, hermana del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna, los directivos José María Ruiz de la Serna y Anibal Sardón, quienes afianzaron la operativa de la agencia de valores con los bancos y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según revelan los 50.000 folios de investigación instruida por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios.

Catorce acusados en el banquillo

Según el fiscal, en la operativa de la estafa intervenían otros acusados como el informático Miguel Ángel Vicente, quien preparaba las bases de datos para dar una idea "ficticia" a los clientes de las inversiones, o Julio Rodríguez Gil, Carlos Pascual Ortín y Agustín Fernández Ameneiro, quienes ajustaban los beneficios y pérdidas de los clientes de la entidad, además de buscar métodos para "captarlos".

También la actual mujer de Antonio Camacho, Laura García Morey, figura como acusada ya que mantenía la propiedad de las empresas Dacna y Colombo con el principal imputado de Gescartera, al igual que hacía Inmaculada Baltar, quien compartía con Camacho la sociedad Administración y Gestión de Patrimonios (AGP).

Otros empleados de Gescartera como Ángeles Leis y Francisco Javier Sierra de la Flor, además de los responsables de la sucursal de La Caixa en Majadahonda (Madrid) Miguel Carlos Prats Oria y José Alfonso Castro Mayoral contribuían a esta operativa, por la que, según fuentes jurídicas, se pagaban fuertes comisiones por captar clientes.

Seis años esperando el juicio

Las acusaciones se han quejado de que la lentitud de la justicia no ha logrado bloquear a tiempo muchas cuentas de los principales responsables de Gescartera que incluso, en el caso de Camacho, han estado ligados a asesorías financieras y jurídicas o han logrado que les otorguen hipotecas para la compra de propiedades inmobiliarias.

Por eso, durante el juicio buscarán que se confirme la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid Bolsa y La Caixa, ya que, según fuentes jurídicas, la primera entidad ejecutaba las órdenes de compra y venta de valores mientras que la segunda aportaba el dinero de los clientes para secundar estas transacciones.

También se podrían considerar responsables civiles como "partícipes a título lucrativo", los herederos del padre de Antonio Camacho, José Camacho; a su madre, Pilar Friaza, y su hermano José Rafael, así como otros familiares de varios empleados de Gescartera o de ejecutivos del HSBC.

A partir de mañana, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, constituida por la juez Carmen González Pastor, Juan Francisco Martel Rivero y Ángeles Barreiro, decidirá sobre el caso.

En la lista de inversores de Gescartera figuran desde mutuas y colectivos solidarios de policías y guardias civiles, múltiples congregaciones religiosas y pequeños ahorradores, hasta otros inversores más pudientes, con cuentas en paraísos fiscales, que buscaban incluso, según fuentes jurídicas, las minusvalías de la agencia de valores para evitar pagos a Hacienda.

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