El Supremo ratifica la cantabricidad de Agüera y del monte Fuentebosa

Con esta sentencia el Gobierno regional gana definitivamente la 'guerra territorial' en esa zona, en litigio con la vecina Vizcaya desde 1552

C. DE LA PEÑA
Cartel indicador y entrada a la localidad de Agüera de Guriezo, cuyo emplazamiento ha sido objeto de polémica y de litigio territorial entre Cantabria y el País Vasco. / SANE/
Cartel indicador y entrada a la localidad de Agüera de Guriezo, cuyo emplazamiento ha sido objeto de polémica y de litigio territorial entre Cantabria y el País Vasco. / SANE

El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional que ratificó que el casco urbano de Agüera y el monte Fuentebosa -una superficie total de 800 hectáreas- pertenecen a Cantabria y no a Vizcaya. El fallo, al que ha tenido acceso este periódico, rechaza así el recurso de casación presentado por la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco. Con esta sentencia el Gobierno cántabro gana de manera definitiva la 'guerra territorial' en esa zona.

Cantabria hizo valer en la Audiencia Nacional sus argumentos territoriales frente a Vizcaya en el litigio que mantienen desde hace siglos sobre la línea divisoria entre los municipios de Guriezo y Trucíos. La Audiencia Nacional dictaminó en 2005 que el casco urbano de Agüera y el monte Fuentebosa pertenecían a Cantabria.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Guriezo sostenían que, a efectos de deslinde entre Trucíos y Guriezo, había que atenerse al realizado en 1739 en la época de Felipe V, consentido por Trucíos, que incluía los terrenos en litigio bajo suelo cántabro. Por contra, las administraciones vascas y el Estado no admitían ningún valor jurídico a ese deslinde y consideraban de aplicación el efectuado en julio de 1852, en época de Isabel II, que excluía al casco urbano de la pedanía de Agüera y uno de sus montes de Cantabria. Este deslinde, que se funda a su vez en otro realizado en 1552, no fue consentido por la parte cántabra (en aquella época el Ayuntamiento de Sámano y la provincia de Santander).

La Audiencia Nacional acudió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apoyar los argumentos de las administraciones regional y municipal cántabras, y determinó que el deslinde que debe acogerse, por ser ajustado a derecho, es el realizado en 1739. La Audiencia dijo que para resolver este tipo de conflictos hay que basarse en los deslindes realizados con anterioridad, practicados de conformidad con los municipios interesados.

Así, el acuerdo mutuo mostrado hace siglos entre los municipios afectados sobre las líneas territoriales que los separan es el punto decisivo que ha determinado los fallos judiciales de la Audiencia Nacional primero y ahora el Tribunal Supremo.

Desencuentros

Desde el año 1552 los municipios de Guriezo (Cantabria) y Trucíos (Vizcaya) han mantenido un litigio sobre los deslindes en Agüera. Para su posible resolución, el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) solicitó en marzo de 2001 un informe al Instituto Geográfico Nacional.

En la petición ministerial se hacía referencia a dos actas de 20 de enero de 1984 «en las que se manifiesta la falta de acuerdo entre ambas partes sobre la línea que les es común». En 1985 se intentó un nuevo deslinde con participación de las comisiones de los municipios afectados, con asistencia de representantes de la entonces Diputación Regional de Cantabria y de la Diputación Foral de Vizcaya y de un ingeniero del Instituto Geográfico Nacional. De nuevo se volvieron a manifestar discrepancias sobre la línea común.

En un informe de 1998, el jefe de deslindes y grandes escalas del Instituto Geográfico Nacional propuso como línea límite entre ambos municipios «el realizado en 1552 y ratificado con posterioridad en 1852, con la salvedad de dejar el casco urbano de Agüera dentro del término municipal de Guriezo». En 2001, el Instituto Geográfico determinó la propiedad cántabra del casco urbano de Agüera, mientras el monte Fuentebosa quedaba dentro del País Vasco. Cantabria presentó alegaciones al dictamen y la resolución del Ministerio de Administraciones Públicas, en 2003, ratificó esta decisión salomónica.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Guriezo decidieron interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que les dio la razón.

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