El conflicto del Sahara Occidental

M.E. ALONSO |MADRID

Las ideas colonialistas que se extendían por Europa desde principio del siglo XIX, así como la creciente atención de las grandes potencias en el continente africano, que encerraba grandes posibilidades de reparto, tuvieron su eco en España iniciándose, en 1884, su presencia colonial en el Sahara Occidental. Las fronteras del nuevo territorio quedaron delimitadas en sucesivos tratados hispano-franceses, aunque no fue hasta 1934 cuando los jefes tribales saharauis firmaron su "sometimiento amistoso" a las autoridades españolas. Casi un cuarto de siglo después, el Gobierno emitió un Decreto según el cual tanto los dos territorios del África Occidental, Ifni y Sáhara, como la Guinea Ecuatorial, adquirieron el estatus de provincias, equiparables a todos los efectos al resto de las que componían la nación española.

En 1965, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco del proceso de descolonización que se estaba produciendo en África, Asia y América, pidió formalmente a España que pusiese fin a la situación colonial del territorio. A partir de este momento, se sucedieron diferentes actuaciones oficiales por parte de la ONU a favor del derecho inalienable de los saharauis a la autodeterminación que contó con el beneplácito de España, aunque sus acciones supusieron un continuo retraso, aduciendo que los preparativos necesarios para trasladar el poder a los saharauis requería tiempo, ya que era necesario prepararlos técnica y políticamente para que pudieran asumir la responsabilidad del poder. Pero, en diciembre de 1973, el Gobierno español dio un nuevo giro en su postura y empezó a preparar la independencia del Sahara, anunciando, meses más tarde, que en el primer semestre de 1975 se celebraría el referéndum de autodeterminación.

Dicho anuncio causó sorpresa a todas las partes interesadas en el territorio, y muy especialmente a Marruecos, que no estaba dispuesto a permitir que esta nación acabase con su sueño expansionista. Por ello, solicitó al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (TIJ) un dictamen sobre sus derechos de soberanía sobre el Sáhara. Aunque el dictamen del Tribunal negó al Reino alauí su pretensión de anexionarse este territorio, Hassan II, haciendo una lectura parcial del veredicto, lanzó la 'Marcha Verde' con el propósito de desalojar a los españoles y ocupar la antigua colonia, un territorio que consideraba como propio.

En el seno de Naciones Unidas no fue bien recibida la decisión de Marruecos. Por su parte, España había iniciado su propia estrategia y efectuaba un doble juego, por una parte, defendía ante la ONU el proceso de autodeterminación del Sáhara, pero, por otra, mantenía contactos con Marruecos, con el fin de llegar a un acuerdo y evitar un conflicto armado. Finalmente, el 8 de noviembre el monarca alauí pronunció un discurso a su nación en la que pedía a la Marcha Verde su regreso al punto de partida.

La cesión del territorio

El 14 de noviembre de ese mismo año, en los Acuerdos Tripartitos de Madrid, el Gobierno español entregó la administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania. El futuro del territorio se había resuelto sin consultar a la población saharaui ni con la aprobación del Frente Polisario, creado en 1973 para luchar por la independencia contra la potencia colonial y para defender su territorio de cualquier ataque contra su integridad territorial, especialmente de Marruecos que desde el otro lado de la frontera soñaba con la expansión a costa del Sáhara.

El 26 de febrero de 1976, en una carta dirigida al Secretario General, el representante permanente de España ante la ONU daba por finalizada la presencia española en este territorio. Había cedido a Marruecos y Mauritania la administración del territorio - por lo que se consideraba desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la misma- pero no su soberanía, puesto que ésta le correspondía única y exclusivamente al propio pueblo saharaui.

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