El alcalde asegura que se apoyó en informes técnicos para permitir los derribos

La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para Pedro José Jado y advierte al secretario municipal que puede ser "cooperador necesario" por respaldar que la reforma implicara derribo

E.P.Santander

El alcalde de Escalante , el regionalista Pedro José Jado, asegura que se apoyó en los informes técnicos municipales para aprobar en 2006 y 2007 los proyectos de reforma de dos casas inventariadas en el casco histórico del pueblo, que finalmente fueron demolidas y levantadas de nuevo con la incorporación de los elementos con más valor artístico e histórico que tenían los inmuebles derribados.

Por estos hechos, Jado está acusado de un delito de prevaricación urbanística, junto a su concejala de Cultura, María Luisa Setién; el de Obras, Pablo Ocejo; y del arquitecto municipal, Ricardo Fernández. Los cuatro declararon hoy en la vista ante el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander.

Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de penas de ocho años de inhabilitación por parte del Ministerio Fiscal, que insiste en que la licencia se emitió para la reforma de los edificios, pero que luego fueron demolidos y reconstruidos.

La acusación particular, ejercida por el Partido Socialista, en la oposición en este municipio, pide, de forma subsidiaria, que se considere la demolición de cada una de las casas como un delito de prevaricación y eleva la inhabilitación a 14 años para cada uno.

El alcalde, los concejales y el arquitecto municipal explicaron a la juez que los inmuebles se encontraban en un avanzado estado de deterioro, que la edil de Cultura, María Luisa Setién, llegó a calificar de "peligro público".

Su reforma la encuadraron en la política del Ayuntamiento de mantener la tipología del caso histórico por la presencia de casas montañesas, que se preservan en su conjunto, pero no una a una, llegándose, si es necesario, a derribarlas para reconstruirlas respetando el estilo tradicional cántabro de las construcciones.

Silencio

Jado señaló que en el Ayuntamiento, si el secretario municipal hubiera visto una ilegalidad, lo hubiera expresado con un informe o un reparo, por lo que interpretó el silencio de este funcionario como un visto bueno a la legalidad de la licencia.

El propio secretario municipal, Alfredo Velasco, que compareció como testigo de la defensa, respaldó esta tesis, incidiendo en que si no emite informe, es porque que la resolución "se ajusta a la legalidad". En este caso, la rehabilitación lo hacía "en forma y fondo".

Velasco precisó que el informe emitido por el arquitecto municipal sobre la licencia de rehabilitación, aunque mencionaba la demolición, abría la posibilidad de todo tipo de acciones para conservar los edificios.

El secretario sostuvo que la rehabilitación podía implicar la demolición, unas declaraciones que la Fiscal pidió expresamente que se recogieran en el acta y por las que el Ministerio Público le advirtió que podrían convertirle en "cooperador necesario" por asumir y defender como propio un informe que él no había realizado y que avalaba la demolición. Esta parte recordó que Velasco no fue citado a declarar en la fase de instrucción por esta causa.

El arquitecto municipal, Ricardo Fernández, considera que la demolición sí era una medida incluida en las licencias de reforma y permitida incluso por las Normas Subsidiarias, en una práctica que decidió iniciarse en Escalante debido a que, si no, no se podían ejecutar ninguna obra en las casas porque se incumpliría las normas, algo que tenía a la gente "soliviantada".

"Derribo inevitable"

Los inmuebles, en la calle Mayor y en la calle Montehano, fueron inventariados en un Catálogo que el propio Ayuntamiento incorporó junto a las Normas Subsidiarias. La primera licencia se concedió en febrero de 2007 a un particular para la reforma y destinada a tres apartamentos turísticos. Y la segunda, que afectó a un edificio medieval del siglo XV, a una constructora, para hacer siete viviendas.

Eran unos inmuebles cuyos vecinos, así como expertos en construcción y el arquitecto municipal, alertaban sobre el grado de deterioro. En uno de ellos, en una ocasión se llegó a caer parte del tejado sobre la vivienda anexa.

"Ruina total" y "peligro" son algunas de las expresiones con las uno de los testigos, arquitecto, ha descrito el estado de los inmuebles, reseñando problemas de cimentación que provocaron que su derribo fuera "inevitable".

Por esos motivos en lugar de una mera rehabilitación se procedió a su demolición, aunque se conservaron elementos como el arco de la entrada, o las piedras de las esquinas, que se volvieron a poner en las nuevas edificaciones en lo que la Fiscal calificó de "pastiche".

El perito propuesto por la Fiscalía, arquitecto de profesión, señaló que esa práctica lleva a nuevos edificios, pero no supone que se hayan rehabilitado y precisó que, dependiendo de los casos, reformar es más costoso económicamente que demoler. Si el edificio se demuele, "se pierde un valor irrecuperable", sostuvo.

El concejal socialista Juan José Mazón, cuyo partido se ha personado como acusación particular, considera que el equipo de Gobierno ha "metido la pata" en este tema, y lamenta que al final de la reforma, el "aspecto general" de los edificios se "da un aire" con el anterior, sin coincidir exactamente con su imagen tradicional.

Y Silvia Ayestarán, de la Asociación Limpias 21 y presidenta de una federación de asociaciones en defensa del patrimonio entre las que se encuentra la que promovió las denuncias que dieron lugar a este proceso, admitió el mal estado de los edificios, pero opinó que su estructura estaba en buenas condiciones.