Balance de la tragedia

Más de 10.000 personas se quedaron sin hogar y 7.000 sin empleo

Las cifras oficiales señalan que resultaron destruidos 376 edificios (200 ardieron en las tres primeras horas), dos inmuebles de carácter oficial, seis iglesias y conventos. Según diversas publicaciones y libros en los que se recogen los pormenores del incendio, desaparecieron 1.883 viviendas, 508 comercios, 155 hoteles, pensiones y bares, 21 clínicas, 9 imprentas y tres periódicos, entre ellos, EL DIARIO MONTAÑÉS.

Según algunas estimaciones, más de 10.000 personas se quedaron sin hogar y 7.000 sin empleo.

El valor total de la propiedad inmobiliaria destruida ascendió a 85 millones de pesetas, aunque el valor real de los bienes inmuebles perdidos superó los 250 millones. Pese a este devastador balance, sólo hubo que lamentar una víctima mortal. Se trataba del bombero madrileño Julián Sánchez, que resultó mortalmente herido por el derrumbe de la fachada de una casa en Atarazanas, suceso ocurrido en la mañana del lunes, día 17. Se contabilizaron 115 heridos, de ellos sólo media docena afectados por diversas fracturas. Más de mil personas fueron atendidas en la Casa de Socorro y en el Hospital Valdecilla.

Pasaron 24 horas antes de que llegaran a la capital cántabra los bomberos de otras provincias, que dieron un respiro a los escasos, mal equipados y exhaustos bomberos santanderinos.

Ayudas

El 18 de febrero se recibían en Santander los siguientes socorros: 9 camiones con pan enviados desde Logroño; 120.000 kilos de arroz, 50.000 raciones de pan, 13.813 litros de vino, 8 cocinas de campaña, 1.000 mantas y 110 latas de sardinas llegadas desde Bilbao.

Vitoria envió 10.000 raciones de pan, 10.000 de sardinas y 8.000 kilos de patatas.

Burgos ayudó con 6.400 kilos de pan, 500 de azúcar, 45 cajas de botes de leche condensada y un tren especial con 10.000 kilos de arroz, 39.000 de patatas, 30.000 de harina, dos vagones con conservas de pescado y 500 mantas.

Asturias facilitó dos autobuses, 1.000 capotes-manta, 2.000 kilos de garbanzos, 5.000 de arroz, 111 abrigos, 50 chaquetas, 9 gabardinas y una radio para comunicar con el resto de España.

Palencia proporcionó trece reses troceadas, 20.000 kilos de alubias, 90.000 de patatas, 140 sacos con panes y dos vagones de harina.

De Soria llegaron 35.000 kilos de harina y 3.000 de azúcar. Y de Zamora, 17.000 kilos de pan, 16.000 de harina, 7.000 de lentejas y 7.000 de garbanzos.

El Gobierno Civil publicó una nota que decía así: «Con el objeto de evitar los posibles abusos de los vendedores de fruta que, aprovechándose de las circunstancias, pretendan elevar el precio de este artículo, los fruteros que sigan tan incalificable proceder serán inmediatamente encarcelados».

Medidas de urgencia

En la misma tarde del lunes 17 de febrero, el alcalde, Emilio Pino, describe el panorama con tintes apocalípticos y llega a decir que si no se reacciona rápido, «Santander puede perder la capitalidad de la provincia». Ordena la inmediata construcción de barracones en todos los espacios disponibles de la ciudad, donde se pudieran instalar artesanos y comerciantes cuyos negocios han sido destruidos por el fuego.

Una semana después, se inician las construcciones, obras sencillas, consistentes en una sola planta, un almacén y un servicio higiénico en la trastienda. Los primeros se empiezan a erigir en la plaza recién bautizada como de José Antonio. No habían pasado dos semanas cuando el Ayuntamiento tenía en su poder 250 peticiones de apertura de comercios. Otro bloque de pabellones se levantó en la Plaza delPríncipe, y en la calle del Obispo Plaza García de alzaron seis tiendas de mayor tamaño; en la Primera Alameda y hasta la calle Burgos se instaló un continuo de barracones alineados. Según refiere José Luis Casado Soto en su libro El incendio de Santander, la reconstrucción de la ciudad fue una empresa compleja. Los responsables políticos tuvieron que adoptar decisiones trascendentes referidas a la propiedad de los solares, el relieve del terreno, el trazado de las calles, etc. El 15 de abril se promulgó la ley que creaba el cargo de Delegado Estatal del Gobierno para la Reconstrucción de Santander. En septiembre se autorizó al Ayuntamiento a expropiar las fincas de la zona siniestrada y a concertar un crédito. Las expropiaciones costaron 20 millones de pesetas.

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