Crece la indignación por el cierre de la residencia de La Pereda

Usuarios, familiares y trabajadores se concentran en las puertas de la residencia de mayores de La Pereda, mientras los empleados públicos lo hacen en Torrelavega

IRMA CUESTASantander

Usuarios, familiares y trabajadores se concentran en las puertas de la residencia de mayores de La Pereda, mientras crece la indignación ante el cierre del centro anunciado por el Gobierno y que va a implicar la recolocación de 94 residentes y el despido de unos 80 empleados. Una indignación que se ha repetido también en la concentración que los empleados públicos ha desarrollado esta mañana en el Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, en Torrelavega, contra el cierre de la residencia La Pereda y la privatización de la gestión del centro de día de Castro Urdiales.

El presidente regional, Ignacio Diego, ha vuelto a insistir hoy en que entiende la indignación de usuarios y trabajadores de la residencia, peor que esa instalación fue concebida como un centro de día para mayores válidos, pero reconvertirlo en una residencia geriátrica requiere una serie de condiciones que sí son exigidas a los centros privados, cuanto más a los públicos. Poner en marcha esas condiciones, ha indicado el presidente, supone un coste "inasumible" por lo que, tras revisar los técnicos el estado del edificio, se decidió su desalojo.

El presidente cántabro ha subrayado que el cierre es "lo más razonable desde todos los puntos de vista", tanto para una mejor calidad en el servicio como en el aspecto económico. Ha indicado que no se trata de una obra de "adaptación", sino de una "absoluta transformación" que afectaría en buena parte a la estructura del edificio que, por ejemplo, en la actualidad no tiene ascensores para el movimiento de camillas. "El Gobierno ha tomado una decisión fundamentada y absolutamente razonable, que busca la calidad en la prestación del servicio, que hoy no estaba garantizada", ha apuntado.

En Santander los familiares de los usuarios de la residencia La Pereda denuncian que oficialmente el Gobierno aún no les ha comunicado el cierre, que se están enterando de todas las novedades por la prensa. Mientras, los usuarios ven cómo crece su angustia y los testimonios de desesperación y tristeza se suceden. Muchos cuentan cómo les costó adaptarse a esa nueva vida y piensan que no van a poder asumir ahora un nuevo cambio.

Los representantes de los trabajadores critican que el Gobierno aún no les haya dado el informe técnico que cuestiona las instalaciones y en el que la Administración de apoya para ordenar el cierre del centro.

Con una cacerolada y carteles que decían 'Lo público es de todos, no a los recortes del Gobierno de Cantabria ', 'Se venden 10.000 metros cuadrados de terreno a 300 metros de la playa', 'Abuelo desplazado, abuelo desahuciado' o 'Consejera, ¿haría esto a sus padres?', usuarios, trabajadores y familiares han realizado la primera concentración de protesta por el cierre del CAD La Pereda.

La presidenta del comité de empresa y trabajadora del centro, Carmen Ortega, ha manifestado, que es "injusto" que el Ejecutivo regional quiera cerrar este CAD -en el que se han invertido 3,5 millones en reformas desde 2007, año en el que pasó de centro residencial a CAD-.

"Si el Gobierno cree que La Pereda tiene deficiencias, tampoco será una inversión grande el repararlas", ha opinado Ortega, que ha hecho hincapié en que trabajadores, usuarios y familiares no se van a "mover" de La Pereda, por lo que tienen "esperanza" en que finalmente el Gobierno regional no lleve a cabo el cierre.

El futuro del del centro

Los usuarios serán recolocados en otros centros y también se reubicará a los funcionarios y al personal laboral fijo -pese a ello, el Gobierno prevé que se puedan perder hasta 80 empleos, porque estos trabajadores desplazarán a personal interino y temporal de otros centros-.

Preguntado el presidente por el destino que tendrá el edificio una vez desocupado, el presidente ha asegurado que "no está analizado", pero ha señalado que no se dejará que "quede en abandono, se deteriore y pierda valor", porque con ello se "perjudicaría" a los cántabros. Según dice, una vez culminada la reubicación de usuarios y trabajadores, se analizarán los "futuros usos públicos o de cualquier otro tipo" para el edificio.

Protestas en Torrelavega

Los trabajadores del centro de Torrelavega, dependiente del Gobierno de Cantabria, apoyados por personal del hospital, critican la decisión de la Consejería de Sanidad de cerrar la residencia de La Pereda y la privatización del Centro de Día de Castro y han mostrado su solidaridad con los trabajadores y familias afectadas. Los empleados, que han utilizado silbatos y campanos, han mostrado pancartas en las que se podían leer 'El estado del Bienestar no se toca' y 'Sí a los servicios públicos', entre otros lemas.

Amelia Ortiz, portavoz de los 150 trabajadores del centro para personas con discapacidad, ha avanzado que la concentración se organizó de forma espontánea el lunes al enterarse del cierre de La Pereda y ante la visita que tenía programada para hoy al centro la subdirectora del Icass, Asunción González, quien ayer tuvo que soportar una cacerolada que le dedicaron familiares de residentes y trabajadores del centro de La Pereda. Finalmente, González ha suspendidido la visita.

Los trabajadores del CAD de Sierrallana han anunciado su apoyo a sus compañeros de La Pereda y han reivindicado que el servicio que ofrecen es un servivio de calidad, "que es por lo que tiene que apostar el Gobierno". Además, temen que se privatice el centro o que se despidan a los trabajadores eventuales que trabajan en él, al recolocar a los fijos de La Pereda en los otros centros dependientes del Gobierno de Cantabria.

Fiscalía

En la concentración de Torrelavega, también ha estado presente el delegado del sindicato USO en la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria, Carlos Gutiérrez, quien ha anunciado que va a solicitar a la Fiscalía, en caso de que se cierre La Pereda, que investigue en qué se ha gastado el Gobierno de Cantabria casi 7 millones de euros en obras en esa residencia desde que pasó a funcionar como residencia de mayores y que, además, contó con la licencia del Ayuntamiento de Santander. Desde el Gobierno de Cantabria se justifica el cierre por motivos de seguridad.

Nuevas movilizaciones

La presidenta del comité de empresa y trabajadora del centro, Carmen Ortega ha señalado que todos los días, a las 10.30 y a las 12.30, y quizás también a las 15.00 horas, los trabajadores, familiares y usuarios se van a concentran en la entrada al CAD La Pereda.

Además, este jueves, 10 de mayo, de 11.00 a 12.00 horas, sindicatos, trabajadores y familiares se van a manifestar frente a la sede del Gobierno de Cantabria -una protesta que realizarán todos los jueves a la misma hora- y, antes, desde por la mañana, estarán en la Plaza de las Estaciones para repartir panfletos informativos a los ciudadanos.

En esta misma jornada, el Comité de Empresa y la Junta de Personal del CAD La Pereda tienen previsto mantener una reunión para decidir las próximas movilizaciones, entre las que habrá una en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, el 17 de mayo, de 18.30 a 19.30 horas.Interpelación del PSOEEl Grupo Socialista en el Parlamento ha presentado una interpelación en la que preguntará al Gobierno de Cantabria que criterios ha seguido para decidir el cierre de la residencia de La Pereda en Santander.

La diputada socialista y exresponsable de Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que el Ejecutivo anterior dejó preparado el proyecto para la segunda fase de las obras de adecuación del centro (ya que el estado del edificio ha sido uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno para justificar el cierre).

Eran unas obras que no se podían hacer "de golpe", por lo que se dejó un proyecto preparado para continuar con ese proceso, ha añadido.

Gorostiaga ha advertido de la "carencia evidente" de plazas de residencia en Santander, que no se compensarán con nuevos proyectos como el que está en construcción en esa misma zona, y ha lamentado que los usuarios queden "desarraigados" si se les desplaza a otros centros.

Por eso, ha censurado la "insensibilidad" del Gobierno en materia social, que ha relacionado con el cierre del comedor de Santoña y la privatización del Centro de Día de Castro Urdiales, así como con los cambios en la Renta Social Básica.

La exvicepresidenta ha recriminado al Ejecutivo que en todas estas medidas esté adoptando criterios "económicos" en lugar de los de "atención a las personas", dentro del "derrumbe planificado" de las políticas sociales en la comunidad.