Cantabria deja de emitir nuevas tarjetas de asistencia a los inmigrantes en situación irregular

No se reconoce el derecho a la asistencia a nuevos usuarios en esa situación, pero de momento no afecta a los que ya tenían tarjeta

P. CH.Santander

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria ha dejado de emitir nuevas tarjetas de asistencia a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Esto quiere decir que a partir de ahora no se reconocerá el derecho a la asistencia a nuevos usuarios en esa situación, pero, de momento, no se suspende el derecho a quienes ya lo tenían reconocido, aunque sean inmigrantes irregulares. Estos ocurrirá cuando entre en vigor la normativa estatal el próximo mes de agosto.

La medida viene recogida en una instrucción interna del Servicio Cántabro de Salud (SCS), a la que ha tenido acceso Europa Press, de carácter transitorio hasta que se desarrolle el reglamento del decreto aprobado el pasado mes de abril por el Ministerio de Sanidad. Un decreto que recogía medidas para el sistema sanitario, que iban desde el copago hasta las compras centralizadas, y también dejaba sin efecto uno del año 1989 sobre asistencia a personas sin recursos, con medidas para inmigrantes en situación irregular, entre otros.

La instrucción del SCS no dice expresamente que a los inmigrantes irregulares ya no se les tramita la tarjeta sanitaria, pero en el listado de personas que sí pueden acceder a ella a través de la categoría denominada "personas sin recursos" -la que utilizaba este colectivo hasta ahora- se exige a los extranjeros no comunitarios el permiso de residencia legal. Hasta ahora sólo era necesario que estuvieran empadronados.

Asi pués, los colectivos y personas que Sanidad establece que deberán hacer solicitudes de asistencia son las personas con nacionalidad española, a las personas con nacionalidad de algún estado miembro de la Unión Europea o de Suiza, y a los extranjeros no comunitarios titulares de una autorización para residir en territorio español. También contempla que se recojan solicitudes de asistencia de colectivos específicos: extranjeros menores de 18 años, y mujeres extranjeras, para los casos de asistencia sanitaria en embarazo, parto y postparto.

Quienes no figuran en esa lista son los extranjeros que no tengan regularizada su situación, a los que se deja de reconocer el derecho si lo solicitan a partir de ahora.

Se estima que en Cantabria habrá 800 afectados cuando se aplique el decrecto

En Cantabria, el decreto aprobado por el Ministerio de Sanidad, que entra en vigor en agosto, provocará que cerca de 800 inmigrantes se queden sin tarjeta sanitaria. Casi 600.000 en España. El Ministerio prentende ahorrar 500 millones de euros.

Cuantificar el número de inmigrantes sin papeles que actualmente residen en la comunidad autónoma es algo más que difícil. No existe más camino para ofrecer una cifra aproximada que el de restar el número de residentes contabilizados por la secretaría de inmigración, es decir, con papeles, al número de censados. El mismo camino que ha llevado a la ministra a señalar que 573.000 inmigrantes irregulares perderán la cobertura sanitaria en España, arroja para Cantabria una cifra cercana a 800. El 31 de diciembre de 2011, en Cantabria residían legalmente 39.885 extranjeros, de los que 19.453 son ciudadanos comunitarios y los 20.432 restantes no comunitarios. Empadronados, la cifra asciende a 40.600.

Todo ello se traduce en una modificación de la Ley de Extranjería que hará que no sea suficiente estar empadronado para acceder a la tarjeta sanitaria. Los extranjeros que vivan en España deberán demostrar que trabajan y pagan impuestos aquí. Una reforma que sigue una línea «xenófoba y excluyente», si uno atiende a quienes, por ejemplo, desde Comisiones Obreras llevan años trabajando con ese sector, o que no es otra cosas que el camino que ha encontrado el Gobierno «para atacar frontalmente al sistema sanitario público», si se escucha a la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria.

La explicación del Gobierno es bien distinta: La situación del sistema sanitario español es tan grave que justifica haber tomado la decisión de que en estos momentos sólo se ofrezca asistencia a quien cotiza por ella. La ministra, Ana Mato, lleva días explicando que el objetivo es poner coto a los abusos y a lo que han llamado "turismo sanitario", que no es otra cosa que cientos de extranjeros aprovechando una visita a España para colocarse una prótesis de cadera o quitarse las cataratas.

Asunción Villalba es la secretaria Para la Igualdad y Protección Social de UGT en Cantabria. Ella cree que la restricción del acceso a la sanidad se ha justificado utilizando datos manipulados y argumentos demagógicos completamente alejados de la realidad. Y reivindica el acceso a los servicios de salud como un derecho básico que asiste a todas las personas, independientemente de su situación administrativa. «Me pregunto qué ciudadano podría contemplar cómo su vecino o el cuidador de sus mayores padece una enfermedad a su lado sin recibir asistencia sanitaria», sostiene quien lleva años trabajando con inmigrantes.

Compensaciones

También asegura que, en un nuevo alarde de poner nombre a las cosas, «el Gobierno habla de "turismo sanitario", cuando la asistencia a los ciudadanos europeos en nuestro país debe ser compensada por sus países de origen, retornando así el coste». Esta portavoz sindical tienen clara cuál debe ser la salida: «Es el momento de exigir a las autoridades españolas que hagan su trabajo y reclamen las compensaciones legalmente establecidas».

Pero Villalba cree que el ánimo de recorte llega más allá, «hasta el punto de que los presupuestos ponen en entredicho la cobertura de un nivel básico de protección tanto económica como sanitaria para los emigrantes españoles que carecen de recursos».

Desde Comisiones Obreras, Laura Lombilla, secretaria de Política Social, Mujer e Inmigración, cree que el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud modifica el concepto de asegurado, que es a quien se garantiza la asistencia sanitaria. Y explica: «Antes, el asegurado era universal, y con esta reforma, que cambia el concepto de residencia, deja de serlo». Asegura que el Gobierno aprovecha la crisis económica para atacar frontalmente al sistema sanitario público, y que eliminar el carácter universal que garantiza la cobertura sanitaria pública a toda persona que vive en España, afecta no solo a los extranjeros empadronados (aquellos que no tienen la residencia legal), sino que también niega el acceso al sistema sanitario a los jóvenes españoles mayores de 26 años que no han accedido a su primer empleo -otra de las medidas contempladas por el Gobierno-. «El derecho a la salud no puede depender de la reducción del déficit. Esta reforma sigue una línea xenófoba y excluyente. No podemos entrar a discutir el posible ahorro si hablamos de derechos fundamentales de las personas», sentencia.

Desde Comisiones se alerta, además, de que, según las medidas adoptadas, los extranjeros que ahora están en situación irregular por no haber podido renovar su permiso de residencia y trabajo, pero que han cotizado anteriormente, quedarán fuera de la cobertura sanitaria y que muchas de estas personas han presentado recursos de reposición, contenciosos administrativos o bien de alzada para reclamar sus papeles. «El nuevo RD sólo contempla asistencia sanitaria para los descendientes de los extranjeros en situación legal, pero no para sus ascendientes, muchos de los cuales han venido a España buscando el reagrupamiento familiar y una mejor vida al lado de sus hijos».

Además, y en contra de los que muchos piensan, esta reforma también afecta a los ciudadanos comunitarios, que deberán justificar la disponibilidad de medios económicos para recibir asistencia sanitaria».

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