Sanidad retirará la tarjeta sanitaria a 4.923 inmigrantes en Cantabria

El Gobierno de Cantabria garantiza que ninguno de ellos va a quedar sin atención sanitaria

V.PSantander
Sanidad retirará la tarjeta sanitaria a 4.923 inmigrantes en Cantabria

Finalmente serán 4.923 los inmigrantes que viven en Cantabria a los que el Servicio Cántabro de Salud la tarjeta sanitaria. Lo ha dado a conocer hoy la Consejería en una nota de prensa en la que anuncia que la retirada de la tarjeta se hará efectiva, finalmente, la próxima semana. Este hecho debería haberse producido el día 1 de septiembre, pero "discrepacias" con los datos del Ministerio de Sandiad, dijo el Gobierno, motivaron su aplazamiento.

Ahora el SCS anuncia el momento en el que se producirá y el número de personas a las que va a afectar, aunque vuelve a insistir que el Gobierno de Cantabria "garantiza que ninguno de ellos va a quedar sin asistencia sanitaria básica cuando lo precise" y que la retirada de la tarjeta responde a la aplicación del Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos.

La Consejería, explica en nota de prensa que se han verificado los datos y contrastando la información de la base de datos de tarjeta sanitaria con la suministrada por el Ministerio de Sanidad y "resuelto las incidencias para obtener una foto fiable de situación".

Así, se han identificado 4.923 titulares de tarjeta sanitaria que no tienen la condición de asegurado, por lo que serán dados de baja en la base de datos de tarjeta sanitaria del Servicio Cántabro de Salud, en la que están registrados 536.301 españoles y 32.268 extranjeros. Hay una excepción, la de los menores. En Cantabria hay 952 menores de 18 años extranjeros que recibirán asistencia pública en las mismas condiciones que el resto de asegurados, insiste la consejería.

Tras su baja en el registro de tarjeta, agrega la nota de prensa, los extranjeros en situación irregular tienen garantizada la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente cualquiera que sea su causa hasta el alta médica y las mujeres por embarazado, parto y posparto, que representan el 3,5% de los casos.

Cantabria tambien garantiza, dice el Gobierno, la prevención y control de enfermedades infecciosas y transmisibles, puesto que se trata de programas de salud pública con carácter poblacional, y la continuidad de los tratamientos de enfermos crónicos que hubieran comenzado antes del 1 de septiembre.

Fuera de esos supuestos, la asistencia sanitaria está sujeta a facturación, señala la nota de prensa hecha pública por el Gobierno regional que recuerda una la Ley General de Sanidad de 1986, para dar respaldo a esta medida.

El Servicio Cántabro de Salud facturará al país de origen, en el caso de que existan convenios especiales; al seguro del paciente, o al particular.

Del total de extranjeros en situación irregular, un 27,58% es comunitario, mientras que el 72,42% procede de otros países, si bien se calcula que la mitad ya no está en la comunidad autónoma por haber retornado a su país de origen, matiza la nota de prensa.

Esta estimación, similar a la del resto del país, se ha obtenido después de verificar quien ha acudido en el último año al servicio público de salud.

Del entorno comunitario, los países con mayor número de extranjeros en situación irregular son Rumania, con 682; Portugal, con 257, Bulgaria con 125, Italia y Polonia con 55, Alemania y Francia con 41, Reino Unido, con 36 y Grecia, con 14.

Estos ciudadanos tienen la posibilidad de regularizar su situación obteniendo la Tarjeta Sanitaria Europea en su país de origen, el instrumento que permite después al Servicio Cántabro de Salud facturar, insiste la consejería cántabra.

El otro 72,42% procede de Colombia, con 346; Brasil ( 332), Paraguay (295); Perú (261); Moldavía (252); Marruecos (227) Ecuador (176); Argentina (163); República Dominicana (149); Senegal (141) y Venezuela (100). Estos ciudadanos también pueden regularizar su situación obteniendo un permiso de residencia en España.

Para ambos casos, la normativa prevé la firma convenios especiales en materia sanitaria, una vía en la que ya está trabajando la comunidad autónoma.

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