La defensa dice que la Cooperativa de Monte no está legitimada para personarse en el juicio

Suspendido el juicio hasta mañana para estudiar esta cuestión previa, que argumenta que las acciones penales y civiles corresponden a sociedad pública regional CEP Cantabria, que le compró al banco Santander todos los derechos sobre la Sección de Crédito

MARIÑA ÁLVAREZSantander

La defensa de los acusados por la quiebra de la Sección de Crédito de la Cooperativa de Monte han alegado esta mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que la cooperativa no está legitimada para ejercer ni las acciones civiles ni las penales en este juicio, que ha comenzado hoy con la fase de las 'cuestiones previas'.

Argumentan que la entidad ya ni siquiera existe, pues en el registro de cooperativas consta disuelta en junio de este año. Además, tampoco las indemnizaciones que se reclaman a los siete acusados le pertenecerían, ya que, en su día (13 de febrero de 2008), el banco Santander compró toda la Sección de Crédito a la cooperativa, incluido el dinero que se reclamaría en este juicio. El banco pagó por aquella operación un sólo euro, y los afectados que habían perdido sus ahorros consiguieron recuperar el 80%.

El juicio suspendido hasta mañana tiene programadas en principio 14 sesiones que se prolongarían hasta el 27 de noviembre. Durante estas vistas los afectados y los acusados repasarán, a través de 18 tomos y decenas de cajas de documentos, lo ocurrido hace seis años, cuando 2.600 vecinos perdieron todos sus ahorros por un agujero de 15 millones de euros presuntamente generado por el principal acusado, José Ramón Gómez, gerente de la cooperativa. Son seis las acusaciones particulares y 35 los testigos llamados a declarar ante el tribunal.

Golpe de efecto

El golpe de efecto de los abogados defensores hoy ha sido asegurar esta mañana que, el mismo día, el Santander le revendió a la Coordinadora de Empresas Públicas de Cantabria (CEP) la misma Sección de Crédito, y que CEP le pagó por ello al banco 8,4 millones de euros, cantidad que pudo pagar, según el letrado Ignacio Arroyo -defensor del principal imputado, el gerente de la cooperativa José Ramón Gómez Fernández-, pidiendo un crédito al mismo banco.

Por lo tanto, sería CEP Cantabria y no la Cooperativa de Monte la única legitimada para ejercer la Acusación, y nadie de la empresa pública se ha personado en el juicio. Además, los abogados dicen tener más de una treintena de sentencias que demuestran que, después de aquella compra-venta, CEP presentó docenas de demandas civiles contra cooperativistas por tener sus cuentas de la Sección de Crédito al descubierto. Sin embargo, y a pesar de sí haber ejercido acciones civiles, CEP "no ha querido ejercitar acciones penales" contra nadie, y de ahí que no esté en el juicio de la Audiencia, en el que los siete acusados se enfrentan a 50 años de cárcel por presuntos delitos continuados de apropiación indebida y delitos societarios.

Por otra parte, hablan de un baile de cantidades, pues CEP pagó 8,4 millones por la Sección de Crédito y, sin embargo, las indemnizaciones que el Ministerio Fiscal reclama para los siete acusados se acercan a los 14 millones de euros.

El tribunal ha decidido, vista esta cuestión previa, suspender el juicio hasta mañana para decidir si se acepta la deslegitimación, o no, de la Cooperativa. Sea como fuere, la abogada de la acusación, Victoria Ortega, que representa los intereses de la Cooperativa de Monte, dijo, al final, que posee un "poder" de CEP Cantabria, con el que podría personarse en el juicio con la misma representación y defensa, además de rechazar la 'cuestión previa' planteada por la defensa "por el momento en el que se lleva a cabo y porque lo único que pretende es la dilación de la celebración del juicio oral".

Peticiones de pena

El Ministerio Fiscal imputa a Gómez un delito de apropiación indebida y dos delitos societarios -por falsear las cuentas y por disponer de los bienes de la sociedad-, por lo que solicita una condena de trece años de cárcel y 14.400 euros de multa. En el banquillo de los acusados se sientan otros seis acusados que eran clientes de la cooperativa y que, pese a no tener saldo en sus cuentas, recibieron 13,8 millones de euros de la entidad. La Fiscalía imputa a éstos un delito de apropiación indebida, con condenas de siete años de prisión y 7.800 euros de multa para el cliente de la Cooperativa que presuntamente se apropió de once millones de euros, y seis años de cárcel y 7.200 euros de multa para los otros cinco imputados. Las penas de prisión que solicita la Fiscalía coinciden con las que plantea en su escrito de acusación la cooperativa de Monte, que es una de las partes que se ha personado en la causa como perjudicada.

Esta sociedad se dedicaba a conceder préstamos a empresas y particulares, hasta que en 2006 cerró sus puertas para ser auditada. La entidad suspendió pagos después de que la investigación desvelara la existencia de una serie de descubiertos que la colocaban en situación de insolvencia. Pronto se descubriría la existencia de un agujero de 15 millones de euros entre créditos impagados, intereses y letras.