La Audiencia Nacional anula la concesión para cultivos marinos de Tina Menor

Piscifactoría Tina Menor en la ría. / Andrés Fernández/
Piscifactoría Tina Menor en la ría. / Andrés Fernández

La piscifactoría ocupa casi 400.000 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre | El tribunal acepta parcialmente un recurso de Arca pero no estima su pretensión de restaurar los terrenos

EFEMadrid

La Audiencia Nacional (AN) ha anulado la concesión a Tina Menor para ocupar casi 400.000 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para cultivos marinos, situados en Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), porque se otorgó sin la preceptiva evaluación ambiental y sin estudio de dinámica litoral.

La AN ha aceptado parcialmente un recurso que interpuso ARCA y, aunque el tribunal anula la concesión administrativa de Tina Menor, no acepta otra de las pretensiones de la asociación ecologista: que se ordenara la restauración de los terrenos a su estado original.

ARCA presentó el recurso hace cuatro años, porque entendía que se había incumplido el pacto entre los gobiernos central y regional, ecologistas y sindicatos, para garantizar la actividad de Tina Menor, siempre que se encontrase una alternativa a la producción de plancton en dominio público marítimo terrestre.

Este acuerdo servía a la empresa como aval para que la Dirección General de Costas le renovara temporalmente la autorización para utilizar terrenos de dominio público, mientras se diseñaba un plan industrial para su reubicación.

Sin embargo, la asociación ecologista consideró ya entonces que la tramitación administrativa, que iba a permitir que la empresa ocupara casi 400.000 metros cuadrados durante diez años más, no integraba ningún tipo de estudio ambiental sobre la repercusión de las instalaciones en las marismas de la ría de Tina Menor.

Y en esa premisa, precisamente, ha basado en gran medida el recurso que ha examinado y ha aceptado la Audiencia Nacional, contra el cual cabe recurso y al que ha tenido acceso EFE.

ARCA alegaba que en la concesión administrativa que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa dio a la empresa no se realizó una adecuada evaluación de la repercusión sobre los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de las Rías Occidentales y de la Duna de Oyambre.

También adujo ARCA que se había infringido el Reglamento de la Ley de Costas, porque se prescindió del preceptivo estudio básico de dinámica litoral.

Todas estas cuestiones han sido apoyadas por el tribunal, en contra del criterio de la Abogacía del Estado y Tina Menor (personadas en este proceso).

Estas dos partes demandadas habían asegurado, al formular sus alegaciones, que para esta concesión se contó con un informe del asesor general de Montes y Conservación de la Naturaleza de Cantabria , sobre el impacto ambiental de las instalaciones en los hábitat.

Además, se refirieron a otro informe elaborado en el año 2005 por el Grupo de Ecología de la Universidad de Cantabria , sobre la evaluación ambiental y la dinámica litoral.

Los magistrados recalcan que la autorización de este proyecto sólo podría haberse concedido si las autoridades competentes se hubieran cerciorado antes de que no produciría efectos perjudiciales para la integridad del lugar.

Y, en este sentido, se basan en el informe pericial de una licenciada en Ciencias Biológicas, que tuvo que pronunciarse acerca de la validez de esos dos informes que habían citado la Abogacía del Estado y Tina Menor, y concretar si habían evaluado correctamente las repercusiones en las Rías Occidentales y la Duna de Oyambre.

Pero esta experta concluyó que el informe de impacto ambiental que estudió la Administración del Estado para dar la concesión no tuvo en consideración el manejo de las marismas como un gran estanque de producción de fitoplacton, ni contemplaba la ocupación de un LIC, entre otras cuestiones.

Por ello, el tribunal determina que ese estudio no cumple con las exigencias de la evaluación ambiental en el LIC que imponen las directivas europeas.

La AN tampoco da validez al otro informe, del Grupo de Ecología de la Universidad, porque la perito cree que tampoco cumple con las exigencias de la normativa europea en materia ambiental, ni sirve como estudio básico de dinámica litoral.

"Es más, afirma la perito que el expediente del procedimiento ordinario que nos ocupa no contiene estudios ambientales o de evaluación de impacto ambiental que pudieran contener información", detalla la sentencia.

En este proceso, las partes demandadas y codemandadas sostuvieron además que ARCA no estaba legitimada para interponer el recurso, pero los magistrados de la Audiencia Nacional lo rechazan.

 

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