Pesquera dice que en su etapa en GFB no hubo problemas ni insolvencias

Pesquera a la derecha junto a Mario Esquivel, uno de los responsables de la empresa costarricense/
Pesquera a la derecha junto a Mario Esquivel, uno de los responsables de la empresa costarricense

El exconsejero declara en el juicio que ha arrancado este martes en el Juzgado de lo Mercantil de Santander sobre el concurso de acreedores de la empresa de Orejo

E. PRESSSantander

El exconsejero de Industria y expresidente del Consejo de Administración de Sodercan, Miguel Angel Pesquera (PSOE), ha asegurado que en el tiempo en que fue consejero de GFB entre 2004 y julio de 2007 "no hubo ningún problema" y no se dio "ningún momento de insolvencia".

Así lo ha afirmado durante su declaración en el juicio que ha arrancado este martes en el Juzgado de lo Mercantil de Santander sobre el concurso de acreedores de la fábrica de fibroyeso GFB en Orejo (Marina de Cudeyo), proyecto en el que participó con recursos públicos el Gobierno regional PRC-PSOE junto al grupo costarricense Euroamérica que, a su vez, tenía como socio para este proyecto al grupo Pujol Martí.

En contraposición a lo sostenido por Pesquera, la Administración Concursal ha mantenido reiteradamente que ya en 2005 hubo problemas de financiación de GFB y que a 31 de diciembre de 2007 estaba "en quiebra" y en "insolvencia", con un déficit de 14 millones de euros. De hecho, ha afirmado que en julio de ese año ya surgió un "problema serio" con ese proyecto. A su juicio, la "causa principal" de la insolvencia de GFB no fue la crisis internacional sino la elección de un "modelo de financiación inadecuado", "desastroso" y "sin ningún tipo de planificación" que no se corrigió en el tiempo.

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La Administración Concursal, que además de parte en el juicio ha sido testigo en la vista de este martes, se ha ratificado en el informe en que declaraba el concurso de esa empresa como culpable y ha defendido que GFB debió presentar dicho concurso ya "a últimos de 2007" y no en 2009 cuando se hizo, retraso que "agravó", a su juicio, la situación de la empresa.

El proyecto acabó con la declaración en 2009 de concurso de acreedores, el cual en septiembre de 2012 fue declarado culpable por la Administración Concursal. Cinco meses antes de la declaración de concurso culpable la empresa Fermacell compró GFB y tiempo después puso en marcha la fábrica de Orejo, que actualmente tiene producción.

Por otra parte, en su declaración Pesquera ha asegurado que la participación en el proyecto GFB era una decisión del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), no solo de la sociedad pública Sodercan o suya personal.

Tras insistir en que en su etapa como consejero de GFB no hubo "ningún problema", sino "modificaciones" y "adecuaciones" a lo previsto inicialmente, ha apuntado que cuando dejó GFB en 2007 la planta estaba "en condiciones de ponerse en marcha".

Retrasos en la apertura de la fábrica

Cuestionado por los motivos por los que la fábrica no se puso entonces en marcha, ha señalado que a raíz de las elecciones de 2007 se produjo un "cambio de personas" -a Pesquera le sustituyó en el cargo el también socialista Javier del Olmo- con "otras actitudes" que produjeron "conflictos" y "tensiones internas" en GFB, una de las razones que, a su juicio, pudo generar retrasos en la apertura de la fábrica.

En la misma línea que Pesquera, Mario Esquivel, otro de los consejeros de GFB que, según la Fiscalía y la Administración concursal, es responsable de lo ocurrido con GFB y del concurso culpable de la empresa ha afirmado también que los cambios en el seno del Gobierno regional a raíz de las elecciones autonómicas de 2007 --a pesar de que continuaba el bipartito PRC-PSOE-- trajeron consigo un "conflicto grave" entre los socios.

Sin embargo, Esquivel, designado consejero de GFB por parte de Euroamérica, ha defendido en la vista lo adecuado de decisiones relacionadas con las compras de material y maquinaría, que, a su juicio, eran las "adecuadas" y las "mejores" que se podían adoptar en esos momentos, algo en contraposición con lo que considera la Administración concursal.

También ha negado que, en septiembre de 2008, GFB contratara una segunda tanda de 35 trabajadores para la planta con el objetivo exclusivo de cobrar subvenciones tal y como señala la Tesorería General de la Seguridad Social, parte también en este proceso y uno de los acreedores de GFB.

La Seguridad Social, al igual que la Fiscalía, se ha adherido a las calificaciones de la Administración concursal en este proceso a pesar de considerar que debían considerarse implicadas en el concurso culpable de GFB más personas, entre ellas el exconsejero de Economía, Angel Agudo (PSOE) o el que fuera uno de los consejeros delegados de Sodercan durante el Gobierno bipartito Salvador Blanco, calificaciones a las que ha renunciado en este proceso.

Trabajadores ociosos

Sobre la segunda tanda de trabajadores contratados, Esquivel ha negado que los trabajadores permanecieran ociosos y ha explicado que dos meses después de su contratación hubo que presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) porque no acababan de llegar los "5 o 6 millones" de euros de inversión que faltaban para poner en marcha la planta de Orejo, lo que meses después desembocó en la presentación en 2009 del concurso.

También ha declarado como implicado Leandro Sáinz de la Riva, otro de los consejeros de GFB --este designado por parte de Sodercan--, quien ha asegurado que "no se le pasó por la cabeza que el proyecto no se pusiese en marcha" tras las inversiones que había realizado el grupo costarricense.

En el juicio no han comparecido dos de los miembros del Consejo de Administración de GFB al parecer implicados en la declaración del concurso de GFB, Max Fischer, que ha alegado enfermedad; ni el presidente de Euroamérica, Sebastián Tena Pujol, que, según su abogado defensor, ha padecido una tromboflemitis al ir a coger el avión para desplazarse a España y asistir al juicio. Finalmente, la Fiscalía y la Administración concursal han renunciado a la declaración de Fischer y Tena Pujol.

Al juicio, tampoco ha acudido ningún representante legal de Sodercan, a la que la Administración Concursal y la fiscal piden que se le condene, junto a Euroamérica, por el perjuicio causado por la contratación de 35 trabajadores para cobrar subvenciones.

El abogado de Sodercan ha explicado que había sido "absolutamente imposible" designar a un representante legal de Sodercan para esta causa. La jueza ha explicado que, en lo relativo a esta ausencia, se aplicará lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En el juicio han declarado también el representante de una empresa que mantuvo relaciones comerciales con representantes de Euroamérica para comercializar fibroyeso, quien ha opinado que las previsiones de producción que había para la planta de Orejo superaban la capacida de consumo del mercado nacional.

Testigo en este juicio también ha sido José Villaescusa, consejero delegado de Sodercan con el Gobierno PRC-PSOE y que partició en el Consejo de GFB entre noviembre de 2006 y en junio de 2007, que ha señalado que cuando se constituyó la empresa no había "ningún informe" que pusiera en duda la viabilidad del proyecto.

Ha explicado que en 2007 se produjo "la quiebra del buen entendimiento" entre los socios de GFB y surgen "desencuentros "y "diferencia de criterios" sobre quién debe realizar las aportaciones económicas necesarias.

Villaescusa -que al igual que Esquivel ha señalado que la gestión diaria de GFB la llevaba Euroamérica de la que informaba a Sodercan- ha señalado que a raíz de la situación generada en 2007 por esta "quiebra del buen entendimiento" Sodercan planteó la venta de sus acciones para salir de la empresa. En 2007 se produjo la salida de Max Fischer de GFB y del Grupo Pujol Martí.

También ha declarado una representante legal de la empresa que auditó las cuentas de GFB, que ha señalado que en 2007 GFB ya tenía "dificultades" para hacer frente a algunos pagos, si bien ha apuntado también que la empresa tenía unos fondos propios "muy importantes".

En este juicio sobre GFB -hay otro proceso penal abierto- ha quedado a falta de la exposición de las conclusiones finales de las partes, que se llevará a cabo el 7 de octubre.