Sodercan dice que fue "engañada" en GFB pero la administración concursal ve dolo en sus representantes

Sodercan dice que fue "engañada" en GFB pero la administración concursal ve dolo en sus representantes

Así lo han expuesto estas partes -durante la exposición de las conclusiones finales en el juicio, que ha quedado visto para sentencia

REDACCIÓN DMSantander

La Administración concursal en GFB ve "dolosas" algunas actuaciones de los representantes de Sodercan en el Consejo de Administración de la empresa de fibroyeso, mientras que la empresa pública asegura que fue "engañada" por las "personas físicas" que formaban ese órgano, "controlado" por su socio privado en el proyecto, Euroamérica, que era "el que tomaba las decisiones".

Así lo han expuesto estas partes durante la exposición de las conclusiones finales en el juicio, que ha quedado visto para sentencia.

Según informa Europa Press, en esa fase, tanto los administradores concursales como la Fiscalía y la Tesorería General de la Seguridad Social han mantenido su petición de que el concurso de GFB sea declarado culpable.

Además, siguen considerando que son responsables de este concurso culpable el que fuera consejero de Industria en la legislatura de 2003-2007, Miguel Angel Pesquera (PSOE), vicepresidente del Consejo de GFB entre 2004 y 2007, y los exconsejeros Sebastián Tena, Max Fischel --estos dos lo llegaron a presidir--, Mario Esquivel y Leandro Sáinz de la Riva.

También se extiende la responsabilidad hacia las sociedades que participaron en GFB y a las que representaban, esto es Sodercan, Euroamérica y el grupo Pujol Martí.

Por su parte, el abogado de Tena Pujol y Euroamérica; el de Esquivel y Sáenz de la Riva, y el de Fischel han reclamado que el concurso se declare "fortuito".

Mientras, el abogado de Pesquera y el de Sodercan han pedido ser eximidos de la responsabilidad en la calificación del concurso.

Las posturas sobre el papel de Sodercán

En su exposición final Sodercan ha asegurado que, al aportar dinero y suelo al proyecto GFB y asesorar para la obtención de subveciones, "no hizo más" que cumplir con su objeto social.

A juicio de su letrado, entender que Sodercan hizo "algo más" en este proyecto, haciéndole responsable del desenlace de la empresa y de una posible calificación culpable del concurso, "no será sino imponer un doble sanción" a la empresa pública y a Cantabria .

A lo largo de sus conclusiones, ha insistido en su postura de que Euroamérica era el socio "experto" y el que diseñó el modelo de negocio que la Fiscalía, los administradores concursales y la Seguridad Social consideran "inadecuado" y, junto con la insuficiencia financiara y otras razones, una de las causas de la quiebra de la compañía.

Sodercan ha mantenido que "intentó controlar" el desarrollo del proyecto pero fue "engañada" por las personas físicas que integraban el Consejo (entre los miembros del Consejo de GFB había algunos que representaban a la empresa pública, aunque eran minoría).

Además, ha pedido que se le exima de responsabilidad en decisiones que para los Administradores concursales, la Fiscalía y la Seguridad Social "agravaron" la situación de la empresa y en las que estas tres partes justifican la declaración de concurso culpable y las responsabilidades que piden para estos cinco exconsejeros de GFB y para las empresas que representaban.

Estas decisiones son las relativas a la compra de la maquinaria y de material que se llevó a cabo --que a juicio de la Administración concursal, la Fiscalía y de la Seguridad Social causaron un perjuicio de 15 millones de euros--; de la contratación de una segunda tanda de 35 trabajadores, y del retraso en la presentación del concurso, que se registró en 2009.

Respecto a ese retraso en la presentación del concurso --los administradores concursales sostienen que debió llevarse a cabo un año antes--, Sodercan asegura que en el Consejo había "enormes discrepancias" sobre si hacerlo o no.

Además, asegura que no es imputable a Sodercan el retraso, sino a las "personas físicas" que "engañaron" a la empresa pública sobre la marcha de la empresa.

Sobre Sodercan, la Administración concursal ha mantenido que la actuación de los representantes de Sodercan en el Consejo de Administración de GFB fue "dolosa" cuando, en julio de 2007, permitieron la marcha, sin realizar "reproche", del que era el "único grupo solvente del proyecto", el Grupo Pujol Martí, que pudiera responder del "desastre que se estaba cometiendo".

La marcha del Grupo Pujo Martí se produjo cuando el 19 de julio de 2007 dimitió como presidente del Consejo de GFB Max Fischel.

"Una aventura que han pagado todos los contribuyentes"

Los administradores concursales se han referido a GFB como un proyecto "irrealizable", "faraónico", "surrealista", "fallido ad initio" y una "aventura que han pagado todos los contribuyentes". Además, han aludido a la "falta de fiscalización" y de "control" sobre el desarrollo de este proyecto.

El Ministerio Fiscal, por su parte, ha destacado la "falta de un fundamento comercial" del proyecto y ha pedido que Euroamérica y, solidariamente, Sebastián Pujol Tena, hagan frente a las indemnizaciones por el perjuicio que generó la compra de material y de maquinaria.

Para responder de la contratación de los 35 trabajadores contratados en la segunda tanda, señala, de nuevo a Euroamérica y también a Sodercan.

Por su parte, el representante de la Seguridad Social ha reprochado que la "decisión política" de que el proyecto GFB se pusiera en marcha prevaleciera sobre los informes de técnicos que informaron "de forma sistemática" en contra de la viabilidad del proyecto.

La defensa de los implicados

Del otro lado, y entre otros argumentos, los abogados que representan a los consejeros de GFB puestos por Euroamérica han considerado que no está acreditada la fecha en que se produjo la insolvencia, ni cuando se dejaron de atender de forma "regular" las obligaciones --esto último influye en la fecha en la que había que haber declarado el concurso de acreedores-- o en las causas para considerar la responsabilidad de sus representados.

También el letrado que representa al exconsejero de Industria ha considerado, por su parte, que es "infundada" la atribución que se hace a su representado tanto desde el punto de vista "fáctico" como "jurídico".

Ha defendido que cuando Pesquera dejó de ser consejero de GFB en julio de 2007 el plan de negocio había sido respaldado por una consultora; la empresa no estaba en situación de insolvencia, y existía la previsión de que la fábrica comenzase a producir próximamente.

Así lo han expuesto estas partes -durante la exposición de las conclusiones finales en el juicio, que ha quedado visto para sentencia.

Según informa Europa Press, en esa fase, los administradores concursales como la Fiscalía y la Tesorería General de la Seguridad Social han mantenido su petición de que el concurso de GFB sea declarado culpable.

Además, siguen considerando que son responsables de este concurso culpable el que fuera consejero de Industria en la legislatura de 2003-2007, Miguel Angel Pesquera (PSOE), vicepresidente del Consejo de GFB entre 2004 y 2007, y los exconsejeros Sebastián Tena, Max Fischel --estos dos lo llegaron a presidir--, Mario Esquivel y Leandro Sáinz de la Riva.

También se extiende la responsabilidad hacia las sociedades que participaron en GFB y a las que representaban, esto es Sodercan, Euroamérica y el grupo Pujol Martí.