Tres años y 9 meses de cárcel para el dueño de la clínica dental que estafó a 46 clientes

El propietario de la clínica durante el juicio./
El propietario de la clínica durante el juicio.

Algunos abonaron la totalidad de un tratamiento que ni siquiera fue iniciado y a otros se los dejó a medias

DMsantander

El caso de la clínica dental de Santander que estafó a 46 clientes ya tiene resolución: tres años y nueve meses de cárcel para el administrador único del negocio por un delito de estafa continuada y multa de 1.080 euros e indemnización a cada uno de los afectados por el importe de los tratamientos no realizados, que en conjunto suman 84.500 euros.

Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Cantabria, que asegura en la sentencia -hecha pública este lunes- que sobre el acusada pesaba una orden de embargo de la Seguridad Social y "no adoptó ninguna actuación tendente a superar dichos problemas, sino que continuó con la mala marcha económica".

ver más

Cuando se ejecutó el embargo, el hombre "tomó el dinero líquido que pudo y se marchó de la ciudad, dejando absolutamente abandonados tanto a sus empleados como a clientes con tratamiento pendiente, demostrando con ello una voluntad evidente de ignorar y eludir todas las obligaciones y responsabilidades que había contraído su empresa".

La Audiencia añade que el dueño de la clínica era conocedor de los problemas económicos de la empresa y sin hacer nada por solucionarlos, cuando asumió las obligaciones con sus clientes ya sabía que no iba a poder cumplirlas.

Descuentos por pago anticipado

El acusado, según señala la sentencia, buscaba obtener una liquidez inmediata, por lo que ofrecía un descuento del tratamiento si el pago se efectuaba por adelantado, percibiendo de este modo toda la cantidad antes de dar inicio al mismo.

Con conocimiento de la dificultad de concluir los tratamientos ya iniciados, jamás advirtió a los clientes de dicha circunstancia ni negoció posibles rebajas en la facturación o derivaciones a otros profesionales, añade la resolución.

Como consecuencia del embargo, algunos tratamientos ni siquiera comenzaron y otros se quedaron a medias, como el caso de uno de los afectados que cuando acudió a la clínica para que le fueran retirados unos puntos de sutura se encontró con el establecimiento cerrado.

Utilizaba el metálico para usos particulares

La sentencia considera acreditado que el acusado tomaba del metálico que había en caja cantidades para usos particulares, de las que no daba cuenta a nadie ni figuraban en contabilidad alguna.

Y añade que él seguía llevando un alto nivel de vida mientras no pagaba a alguno de sus empleados y suministradores.

Además, según se desprende de lo actuado, la clínica obtenía ingresos cuantiosos que le hubieran permitido buscar fórmulas para continuar con la actividad.

El hombre se desplazó a Barcelona y posteriormente a México, donde fue detenido y extraditado a España.