El Fiscal retira la acusación contra Garayar y mantiene las del resto de imputados del 'caso Racing'

Garayar, a la derecha, al llegar esta mañana al juzgado/
Garayar, a la derecha, al llegar esta mañana al juzgado

El Ministerio Público considera que el delito contra el abogado ha prescrito porque han pasado más de cinco años desde su última intervención

CONSUELO DE LA PEÑA

La vistilla del 'caso Racing', convocada por la juez Paz Hidalgo para concretar las imputaciones de los cinco acusados (los exconsejeros Francisco Javier López Marcano y Ángel Agudo, el exgerente del ICAF Luis Egusquiza, el empresario Jacobo Montalvo y el abogado Emiliano Garayar) ha tenido como epicentro la propuesta del Ministerio Fiscal de solicitar que se continúen las acusaciones frente a todos los encuasados, a excepción de Emiliano Garayar, que asesoró a las empresas públicas en la operación de compra venta del club. El fiscal superior de Cantabria, Ignacio Tejido, que fue quien asistió personalmente a la comparecencia previa, defendió que el supuesto delito de fraude por el que es acusado Garayar había prescrito, ya que habían transcurrido más de cinco años desde la última intervención del asesor en el caso, que se produjo a finales de 2006, y su imputación, que no se produjo hasta 2014.

A la petición del fiscal de dejar fuera del caso a Garayar se sumó también la empresa pública CEP Cantabria, renuente desde el principio a participar en el proceso. La sociedad pública entró en la causa a remolque de la juez Hidalgo, cuando ésta le hizo el ofrecimiento de acciones, y durante toda la investigación se ha situado a la zaga del fiscal.

La posición de fiscal y CEP, fijada en la vista deja en una posición inmejorable al exasesor de la Consejería de Economía en la segunda legislatura del bipartito. Su abogado Vicente González quiere sacar al imputado del caso y por eso pidió en primer lugar el archivo de la causa, después que Garayar fuera eximido de toda responsabilidad por prescripción del delito de fraude que se le imputa, y además la nulidad de todas las actuaciones por un error procedimiental. A su juicio, la tramitación de la causa debió hacerse desde el principio por el procedimiento del jurado, ya que todos los delitos que atribuyó Cantur a los imputados en su querella eran objeto de enjuiciamiento por un jurado popular. La juez Hidalgo no ha seguido el procedimiento del jurado hasta 18 meses después, cuando el pasado mes de mayo cerró la investigación . El argumento no es baladí, según la opinión de juristas consultados por este periódico. De estimarse este alegato, todas las actuaciones serían nulas y habría que empezar desde el principio.

Como era de esperar, en la vista todas las defensas de los imputados pidieron el sobresiemiento libre, lo que cerraría el caso a futuro, al considerar que no existe delito alguno. La abogada de López Marcano manifestó además su protesta ante la juez Hidalgo por no haber suspendido la comparecencia hasta que la Sala de lo Civil y Penal resuelva los recursos de apelación que han interpuesto las defensas contra el auto que cierra la investigación y abre la puerta al juicio con jurado popular.

Por su parte, Cantur y Manos Limpias, que ejercen la acusación particular y la acción popular respectivamente en el proceso, solicitaron que la causa siga adelante contra los cinco imputados y se adhieron al auto de la juez instructora, que estima que existen indicios de malversación y fraude a ente público en la actuaciones de los encausados en la operación de compraventa del club al magnate indio, Ali Syed, suscrita en enero de 2011.

Tras esta vistilla, la juez tendrá que resolver si atiende la petición de pruebas adicionales que solicitaron todas las partes y después será cuando decida si sigue adelante con el caso y abre juicio oral o atiende alguna de las peticiones que le hicieron ayer las defensas. En principio no parece probable porque las cuestiones expuestas en la comparecencia ya fueron invocadas por los abogados de los imputados cuando recurrieron el auto de Hidalgo que da vía libre a sentar en el banquillo a los imputados. No obstante, cualquier decisión de la magistrada instructora queda supeditada a lo que, en última instancia, decida la Sala de lo Civil y Penal, en cuyas manos está ahora el futuro judicial de los cinco encausados.