El Gobierno cántabro aprobará otra Ley del Suelo, tras 14 años de reformas

El Gobierno cántabro aprobará otra Ley del Suelo, tras 14 años de reformas

El bipartito sustituirá otra vez una legislación que acumula ya una docena de modificaciones desde 2001

DAVID REMARTÍNEZSantander

La afición de los gobiernos cántabros por modificar y redactar leyes del suelo no tiene parangón. Esta norma, que en teoría regula dónde y cómo se puede construir en Cantabria, que condiciona la expansión de los municipios, la implantación de suelo industrial o la protección de entornos naturales privilegiados, sufre constantes modificaciones a pesar de su evidente trascendencia. Los cuatro ejecutivos autonómicos que se han sucedido desde 2001, y donde han participado PP, PRC y PSOE en distintas alianzas, la han transformado 12 veces. Algunos, como el último de Ignacio Diego, han encadenado sucesivos cambios, hasta cinco, de distinto calado, durante toda la legislatura. De hecho, el consejero Javier Fernández dejó el cargo ultimando una nueva ley que modificaba 150 de los 264 artículos de la norma en vigor.

La nueva consejera del ramo, la también vicepresidenta autonómica Eva Díaz Tezanos, no va a quedarse atrás en este furor legislador. Hoy ha anunciado que prepara "la redacción y aprobación de un Plan regional de ordenación del territorio, y una nueva Ley del suelo".

La socialista se ha reunido hoy lunes con asociaciones ecologistas para anlizar cuestiones relativas al Medio Ambiente, que también integra su cartera. Tales colectivos suelen oponerse a muchas de las normas urbanísticas, e incluso, como en el caso de ARCA, consiguen importantes victorias frente a la Administración. Díaz Tezanos no ha concretado hoy qué elementos de la actual legislación del suelo pretende reformar.

El PP trastocó los relativos a los PSIR, o los Planes Singulares de Interés Regional, utilizados para acelerar instalaciones deportivas o polígonos industriales, y a los que Ferrnández les flexibilizó tanto los objetivos como la tramitación. El exconsejero también permitió las recalificaciones de suelo en los municipios siempre que no fueran para vivienda libre, así como los permisos de edificación o rehabilitación previos a las aprobaciones de los planes generales de cada localidad, siempre que los promotores cumpliesen determinados requisitos. Y por supuesto, intentó que dicha legislación sirviera para el eterno problema de los derribos.

Hubo más cambios que, sin embargo, probablemente queden en agua de borrajas ahora con la alternancia en el Ejecutivo, según suele suceder también con las leyes de educación o con las reformas sanitarias de importancia.

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