Cantabria mira a los países nórdicos para diseñar su plan de servicios sociales

El Gobierno de Cantabria está evaluando el modelo de servicios sociales de los países nórdicos para diseñar el nuevo plan estratégico de la región, en el que se primará la atención de las personas en su entorno habitual. El plan pretende avanzar en la implantación de un nuevo modelo de servicios sociales "innovador, sostenible y que perdure en el tiempo" y se elaborará "pensando siempre en las personas, en los usuarios, y en las nuevas necesidades y tendencias sociales", ha dicho la vicepresidenta de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, antes de presidir la segunda reunión de la legislatura del Consejo Asesor de Servicios Sociales, que este mediodía ha abordado las nuevas líneas de trabajo que va a abrir el Gobierno con la participación del sector y en el que se ha aprobado el Plan de Emergencia Social

El Gobierno regional ha puesto un ojo en los países nórdicos, que tienen el modelo de prestación de este servicio más avanzado, basado en los servicios sociales de proximidad, en la normalización del usuario y en un sistema de apoyos que favorezca la autonomía personal. La intención es poner en marcha en esta legislatura algún proyecto piloto de acuerdo con ese modelo, que todavía no está implantado en España.

Y el principal objetivo es que las "necesidades y los deseos" de las personas se cubran en su domicilio y su entorno inmediato, sin sacarlas de su entorno habitual.

La vicepresidenta ha hecho hincapié en que quiere contar con "el diálogo, la colaboración y la reflexión" de todas las entidades sociales representadas en el Consejo Asesor de Servicios Sociales para diseñar este plan y "para que perdure en el tiempo", por lo que ha propuesto constituir una comisión sectorial encargada de elaborar una normativa que permita poner en marcha un modelo de atención de servicios sociales "basado en las personas".

104 medidas

Otro de los asuntos abordados por el Consejo Asesor de Servicios Sociales ha sido la aprobación definitiva del Plan de Emergencia Social, , dotado con un presupuesto de 86 millones de euros para este año, y con la mitad de sus 104 medidas ya en marcha, como la modificación de la Renta Social Básica para eliminar la obligatoriedad de renovarla tras 24 meses de percepción y los bonos sociales que se empezarán a distribuir en los próximos días

Estas 104 medidas se agrupan en cinco ejes estratégicos y a ellasse suman otra serie de medidas sectoriales, que van desde las necesarias para garantizar los ingresos mínimos o los suministros básicos, a otras para abordar la pobreza infantil o la energética.

La vicepresidenta ha indicado que determinadas propuestas requieren dotación presupuestaria -como el fondo para suministros básicos y alimentarios, de un millón de euros- mientras otras no, como los cambios normativos para la percepción de la renta social básica ya realizados con el fin de recortar la burocracia y los trámites administrativos.