La negociación del convenio de las ambulancias se estanca

La negociación del convenio de las ambulancias se estanca

Los profesionales del transporte sanitario, "con las condiciones salariales más bajas del entorno territorial", reclaman más dinero

ANA ROSA GARCÍASantander

Se avecina tormenta en el transporte sanitario de Cantabria si no se obra un acuerdo que propicie la firma del convenio colectivo que lleva cocinándose hace casi un año. La negociación entre patronal y sindicatos se ha estancado en el momento que tocaba hablar de dinero. «Las partes estamos de acuerdo en plasmar una subida salarial que equipare a los profesionales del sector a sus homólogos del entorno territorial en un tiempo (vigencia del convenio) prudente», defiende el comité de empresa (SCAT, USOy UGT). Sin embargo, los plazos que se han puesto sobre la mesa no convencen a los trabajadores, que llevan esperando esa mejora retributiva desde la llegada de la última adjudicataria (Ambuibérica) hace cuatro años y, según la oferta que les han puesto sobre la mesa, no acabará de traducirse en las nóminas «hasta 2020».

Los profesionales del servicio de ambulancias, que en Cantabria representan un total de 360, recuerdan que tienen «las condiciones salariales más bajas del entorno territorial y social» (la mayoría no llega a los mil euros). Lo que demandan es que se acorte la distancia que les separa de los sueldos que cobran compañeros de comunidades limítrofes, como País Vasco y Asturias, donde el mínimo es de 1.200 euros.

La vía para llegar a esa mejora parte de una actualización del convenio colectivo, en el que queden reguladas las condiciones económicas y sociolaborales adaptadas a las necesidades del territorio. «Un convenio sectorial que debiera limitar la competencia desleal», apuntan los sindicatos, que insisten en que el transporte sanitario es un servicio primordial en la política social y sanitaria, que en Cantabria mueve a 800 pacientes de forma programada y diaria, más las urgencias.

Desde 2012 la concesionaria es Ambuibérica, empresa con sede en Valladolid que desplegó en Cantabria una flota de más de cien ambulancias, y que en la actualidad disfruta de una prórroga de un año.

"Reconocimiento"

El primer convenio colectivo del transporte en ambulancia en la región se firmó en 2013, por una vigencia de dos años. Al expirar, fue cuando las partes se sentaron a negociar. Y en ello han estado hasta ahora, que las divergencias se han abierto paso amenazando la posibilidad de acuerdo.

«Nos encontramos profesionales perfectamente acreditados y preparados para desarrollar tareas técnicas sanitarias, que cada día se sienten menos valorados por las empresas gestoras y por algunos estamentos de la Administración pública», sostiene el comité. Por ello, reivindican un «reconocimiento» a su labor, que comience con «un salario y unas condiciones de trabajo dignas». Como este servicio «se paga mayoritariamente con dinero público», los representantes sindicales dieron a conocer la situación económica y laboral que atraviesan a los diferentes partidos del arco parlamentario (PP, PSC, PSOE, Podemos y Ciudadanos).

Reivindicaciones que también han transmitido a la consejera de Sanidad,María Luisa Real. El fin último de este «peregrinaje» por los partidos e instituciones políticas de la región es «que se tuviese en cuenta la negociación colectiva a los efectos de futuros concursos públicos, para que no se admitiera ninguna bajada temeraria en las adjudicaciones, como se vienen produciendo, por dejación, en otras administraciones». Hace cuatro años, la gestión del servicio quedó en manos de la empresa vallisoletana por un presupuesto de 35,9 millones, frente a los 37,3 de licitación. Al concurso también concurrió la concesionaria anterior, la UTE cántabra Amberne S.A./Ambulancias MRD S.L., que incluso recurrió sin éxito en los tribunales.

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