La demolición de las 214 viviendas del Alto del Cuco comenzará en agosto

Las viviendas del Alto del Cuco no llegaron a terminarse por los conflictos judiciales./
Las viviendas del Alto del Cuco no llegaron a terminarse por los conflictos judiciales.

El Consejo de Gobierno autoriza un gasto de 3,7 millones de euros en cuatro años para tirar las casas, una cantidad que el Ayuntamiento de Piélagos le devolverá en diez años

CONSUELO DE LA PEÑASantander

Si las previsiones del Gobierno se cumplen, las 214 viviendas construidas a los pies del monte Picota, en el municipio de Piélagos, serán historia antes de que termine el año. Levantada en 2004, a rebufo del boom inmobiliario, la urbanización del Alto del Cuco fue recurrida por la organización ecologista Arca.

LOS PLAZOS

Año 2016: 619.341 euros

Año 2017: 496.810 euros

Año 2018: 2.192.225 euros

Año 2019: 435.727 euros

Los tribunales, en sucesivas sentencias, declararon su ilegalidad por el «brutal impacto paisajístico» que suponía y condenaron al Ayuntamiento a tirar las moles inacabadas de cemento y restaurar el terreno dañado. Como el coste de los trabajos es millonario, 3,7 millones de euros, el Ejecutivo se convertirá en prestamista y adelantará a la Administración municipal el dinero para ejecutar el mandato de los jueces.

Ayer, el Consejo de Gobierno autorizó ese gasto para tirar las casas, una cantidad que desembolsará en cuatro años. La Administración regional tiene previsto comenzar la demolición a primeros de agosto, unos trabajos que tienen un plazo de ejecución de seis meses, de manera que en enero del próximo año ya no habrá ningún edificio ilegal en pie. Después habrá que estabilizar las laderas antes de dar paso a la restauración ambiental del entorno.

Tras la autorización del gasto plurianual, el Gobierno tiene que aprobar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Piélagos que fija los compromisos de ambas administraciones, un acuerdo que debe ser refrendado en pleno por la corporación municipal. Cumplido este trámite, el Ejecutivo encomendará las obras a la empresa pública Tragsa, que será la encargada de ejecutar el derribo. Gobierno y Ayuntamiento tienen perfilado ya el convenio, que culmina unas negociaciones iniciadas en la anterior legislatura por el Gobierno del PP. Aunque el Ejecutivo no tiene ninguna responsabilidad en el fiasco urbanístico, se compromete a financiar el coste del derribo y restauración ambiental de la zona. A cambio, Piélagos, municipio regido por la socialista Verónica Samperio, se obliga a devolver la totalidad del dinero a la Administración regional en los próximos diez años, a razón de un 10% en cada anualidad a partir de este mismo ejercicio, y a abonar un 1% de interés desde 2017.

De este modo, el Gobierno operará a modo de un banco, prestando dinero al Consistorio para ejecutar una sentencia que lleva casi una década coleando. Para amarrar bien el acuerdo y que no exista posibilidad de incumplimiento financiero por parte municipal, Piélagos tendrá que incluir una partida en cada ejercicio presupuestario para este fin. Así, el Ayuntamiento tendrá que reservar cada anualidad 350.000 euros (ese 10% del gasto total) para amortizar la deuda con el Gobierno, una cantidad asumible para una Administración municipal que en 2015 manejó un presupuesto de 16 millones.

Ya en 2014 el Ayuntamiento de Piélagos aprobó una partida de 400.000 euros para crear un fondo de contingencia con el que afrontar el coste de estos derribos. No hay que olvidar que Piélagos es el municipio cántabro que suma el mayor número de viviendas con sentencias de demolición (294, incluidas las 214 de El Alto del Cuco). No obstante, ambas administraciones sostienen que todas ellas, salvo las del Cuco, serán legalizables con el nuevo planeamiento urbanístico que está en fase de redacción.