20.000 familias cántabras con pobreza energética aspiran al nuevo bono social

En la práctica se traduce esencialmente en la prohibición de los cortes de luz en casos de necesidad demostrada los criterios que identificarán esos colectivos vulnerables se definirán próximamente, y el abono del 25% de la factura por parte de las propias empresas energéticas. Pero la crisis continúa cebándose con los sectores más desfavorecidos para desencadenar una situación de emergencia, sobre todo ahora que llega el frío, en que Gobierno regional, ayuntamientos y organizaciones como Cáritas, proponen soluciones complementarias. El problema es que algunas de ellas son aún son desconocidas.

«La precariedad laboral y el paro ha generado situaciones de necesidad social inusuales. De familias que hasta hace bien poco podían satisfacer todas sus necesidades y que ahora, con todos sus miembros en paro, no saben qué hacer;pero es que nos estamos dando cuenta de que hay gente que no conoce que puede acogerse, por ejemplo, al bono social», lamenta Patricia Portilla, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torrelavega.

El consistorio de la capital del Besaya presupuestó para el año que termina una partida de 100.000 euros dedicada a paliar los gastos de suministros energéticos para familias con menos recursos. El Ayuntamiento subvenciona con una ayuda que oscila entre los 180 y los 240 euros a más de 500 familias del municipio durante los meses de noviembre, diciembre, enero, marzo y abril. «Son de 30 a 40 euros al mes, más o menos, para pagar la mitad de la factura de la luz o el gas». «Obligamos a que se acojan al bono social a todos aquellos que cumplen los requisitos. A ellos va dedicada esa cuantía de 180 euros. Para los otros se destina esa mayor cifra de 240 euros», aclara la concejala.

El 30% de esos 500 hogares ayudados ha tramitado el bono social; «pero aún hoy es complicado establecer realmente quién se encuentra en riesgo de pobreza energética», matiza Portilla. Es difícil discernir dónde realmente existe un problema. La etiqueta de pobreza energética se identifica con claridad allá donde se ha cortado el suministro; pero hay hogares en que la factura de la luz se sufraga con el presupuesto que debería dedicarse a otras necesidades esenciales como el alimento. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), único organismo español que realiza estudios periódicos a escala nacional sobre este asunto, define el término pobreza energética como «la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía, como mantener la vivienda en condiciones de climatización adecuadas (de 18 a 21 grados en invierno y de 25 en verano, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud)».

Suministros básicos

Mucho antes de que llegase el acuerdo nacional entre los principales partidos, el Gobierno regional aprobó el pasado marzo el llamado Fondo Extraordinario de Suministros Básicos, dotado con 2 millones de euros y utilizado para pagar hasta un máximo de 3 meses de electricidad, gas y agua a un hogar en dificultades, hasta un máximo de 1.000 euros. El fondo contempla además otra ayuda de hasta 600 euros por familia para gastos extraordinarios que tengan que ver con el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

Es una de las medidas más recientes del Plan de Emergencia Social, puesto en marcha a comienzos de la legislatura. «Lo pedimos cuando estábamos en la oposición y ahora que tenemos la oportunidad de desarrollarlo lo hemos hecho porque hay que hacer frente a la emergencia social que existe en Cantabria con especial énfasis en la pobreza energética», matizó el día de la rúbrica del documento Rosa Eva Díaz Tezanos, vicepresidente del ejecutivo. Pero quizá el mayor logro haya sido implicar a las empresas energéticas en la acción hacia la solución del problema.

La vicepresidenta cántabra también formalizó el pasado marzo un convenio con las comercializadoras de suministros eléctricos y la Federación de Municipios para evitar los cortes de luz y gas. «Ante una situación de impago de buena fe de facturas de electricidad o gas en vivienda habitual de familias vulnerables, los servicios sociales municipales van a emitir un informe social acreditativo de la situación de emergencia social y lo van a enviar a las empresas comercializadoras para que no apliquen el corte de suministros», explicó Díaz Tezanos tras la aprobación de la medida. Sin la colaboración de las empresas energéticas cualquier iniciativa de esta índole sería imposible, pero «la responsabilidad es uno de nuestros valores más importantes y forma parte de nuestra estrategia cuidar de nuestros clientes más desfavorecidos», señala Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo. La firma energética ha puesto en marcha recientemente la iniciativa Energía Solidaria por la que cada empleado puede donar 1,20 euros al mes, cantidad que duplicará la compañía, para generar un fondo económico para garantizar el acceso a la energía de as familias con problemas.

La recaudación se entregará a Cáritas. «Siempre ha habido necesidad, pero ahora, en tiempos de crisis, se hace más patente la obligación que debemos tener con los que lo están pasando mal», se suma Francisco Sierra, de la organización diocesana en Santander, que da cobertura a buena parte de la población con dificultades en un Ayuntamiento que se adscribió pronto al Plan de Emergencia Social del ejecutivo regional. «Actualmente está dotado con unos 500.000 euros al año para nuestro caso y atiende a todas las demandas: ayudas al alquiler, pagos de recibos energéticos, ayudas a la alimentación, productos de higiene y ropa...», se suma María Tejerina, concejala de familia y Servicios Sociales.

«No tenemos una cuantía expresamente dedicada a pobreza energética;pero hemos concedido este año 368 ayudas por un valor de 242.960 euros y estamos pendientes de aprobar en la próxima Junta de Gobierno local la adhesión al Fondo Extraordinario de Suministros Básicos», aclara. «Nuestras ayudas estaban regidas por una ordenanza antigua e iban dirigidas a intervención familiar;pero con la nueva ordenanza pasan a ser también de urgente necesidad para quienes precisan de un apoyo económico inmediato».