Educación se da un plazo de seis meses para recuperar el Consejo de la Juventud

Cuando el bipartito PRC-PSOE llegó triunfante a Peña Herbosa, merced de su pacto de investidura con Podemos, uno de los primeros anuncios que se realizó fue la recuperación del Consejo Económico Social (CES), el de la Mujer y el de la Juventud, después de que se suprimiese durante la pasada legislatura para ahorrar gastos a la Administración. Un año y medio después, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte considera "imprescindible" poner en marcha de nuevo este organismo para devolver la "visibilidad que merece en la sociedad" este colectivo. El departamento dirigido por Ramón Ruiz ya tiene el anteproyecto de ley, que fija un plazo de seis meses al Consejo de Gobierno para que dé luz verde al decreto que regule su composición, funciones y régimen de organización y funcionamiento.

El documento recoge que será el máximo órgano colegiado de participación, representación y consulta en el desarrollo de las políticas. El nuevo ente estará adscrito a Juventud, sin participar en su estructura jerárquica, aunque no se detalla ni el personal ni el presupuesto con el que contará.Entre sus fines estarán promover la participación política, social, cultural y educativa; defender, escuchar, atender y reivindicar los intereses y derechos de la juventud; fomentar el asociacionismo, fomentar la identidad y tradiciones cántabras.

El anteproyecto de ley le atribuye las funciones de actuar como interlocutor con el Gobierno para defender los derechos de los jóvenes; la realización de estudios e informes; la potestad para ser informado sobre los recursos humanos, económicos y materiales que se destinen para las políticas relacionadas con esta área; o contribuir al desarrollo del ocio educativo y activo, instando a la creación de instalaciones y a la concesión de ayudas para el tiempo libre. Detalla que podrán formar parte de este órgano con voz y voto las asociaciones, los consejos locales o comarcales y todos aquellos colectivos que presten servicios al colectivo.

Polémico cierre

El Ejecutivo de Ignacio Diego acometió al poco de acceder al Gobierno un severo ajuste de personal en las empresas y fundaciones públicas para reconducir su balance negativo. Su objetivo: atajar unas pérdidas globales que el Ejecutivo cuantificó en 211 millones en los últimos ocho años. Los recortes suprimieron 22 de los 45 entes públicos, entre ellos el propio Consejo de la Juventud. Pero el Tribunal Superior de Justicia confirmó que los despidos de los ocho trabajadores fueron improcedentes, lo que obligó al Gobierno a readmitirlos o a indemnizarles. De optar por esta última vía, el Ejecutivo tendrá que desembolsar un total de 256.931 euros.