Condenan al exdirector de Cantur a devolver 48.024 euros a la empresa

Ese desafuero en el uso de dinero público salió a la luz en la pasada legislatura, cuando el Gobierno del PP decidió entrar a saco en las cuentas de la sociedad pública y abrió una comisión de investigación en el Parlamento regional, cuyas conclusiones terminaron en los juzgados de Santander con distinta suerte.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, que investigó el caso del pago de los gastos privados con cargo a Cantur, concluyó que Higuera debe ser juzgado por un tribunal popular, al encontrar indicios suficientes de que cometió un delito de malversación de caudales públicos. La causa penal se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial de Cantabria resuelva el recurso presentado por el encausado, que no quiere, ni de lejos, que un jurado de jueces legos le juzgue.

Pero, junto a la vía penal, Cantur llevó la gestión del alto cargo al Tribunal de Cuentas. Ahora, el órgano fiscalizador ha condenado a Higuera a devolver a la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística 48.024 euros, que es la cantidad que se gastó en beneficio propio con cargo a las arcas de la entidad desde agosto de 2006 hasta su cese como director general en el mismo mes de 2011. Además ha sido condenado al pago de las costas judiciales. Aunque la suma total reclama por Cantur ascendía a 90.000 euros, el Tribunal de Cuentas declara prescrita la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los gastos anteriores a esa fecha.

La resolución del órgano fiscalizador, que confirma un fallo anterior recurrido por Higuera, es firme, por lo que el exdirectivo, que ha sido ejecutado provisionalmente, tendrá que restituir la suma o enfrentarse a la ejecución efectiva de sus bienes. En la actualidad Higuera es pensionista.

Plenas facultades

La sentencia del Tribunal de Cuentas, de la que ha sido ponente la consejera Margarita Mariscal de Gantes, que fue ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, considera probado que Higuera, en su condición de director general de la sociedad, disponía de plenas facultades para tomar decisiones en relación con la gestión económica y financiera. Así, podía ordenar gastos y realizar pagos hasta un máximo de 60.102 euros. Solo para casos superiores a esta cuantía necesitaba de la firma mancomunada de un tercero, lo que le daba un amplio margen de disposición.

Se daba la circunstancia de que hasta el año 2009 Higuera autorizaba sus propios gastos, y a partir de ese año utilizó una tarjeta de crédito asociada a una cuenta suya particular, en la que el cajero de Cantur realizaba ingresos periódicos, aunque seguía autorizándose a sí mismo los gastos.

En agosto de 2011, el Gobierno del PP decidió realizar una auditoría de Cantur que desveló los desmanes del anterior responsable. Ese informe, subraya el Tribunal de Cuentas, determinó la existencia de una "serie de gastos de combustible y personales" que Higuera realizó en su propio beneficio entre 2003, cuando fue nombrado por el entonces consejero de Turismo Javier López Marcano, y su cese ocho años después.

Al margen de los declarados prescritos, el tribunal estima que el exdirector general se gastó 25.639 euros en restaurantes y hoteles en fin de semanas y días festivos, mayoritariamente en la provincia de Valladolid. Pagó otros 20.246 euros en comidas en restaurantes, sin identificar a los comensales ni justificar el gasto; en combustible para su propio vehículo detrajo de los fondos públicos casi mil euros, y otros 1.155 euros en el pago de multas, sanciones de tráfico, cambio de ruedas, aparcamiento y gastos de alimentación. Durante la tramitación del procedimiento, Higuera quiso que quien fuera su jefe, Javier López Marcano, declarara como testigo al considerar fundamental su testimonio porque "ostentaba las facultades de control de los gastos en que hubiera podido incurrir el director general", petición que rechazó el tribunal fiscalizador.

La sentencia rechaza todos los alegatos de Higuera, que no ha podido justificar que los gastos bajo sospecha lo fueron con ocasión del desarrollo de su cargo.

La resolución no sólo supone un varapalo para el bolsillo del exdirectivo, sino que constituye un peligroso precedente para el proceso penal que le espera, si la Audiencia resuelve que debe ser juzgado por un supuesto delito de malversación. Higuera está inmerso también en otra causa penal por el caso Conurca, la otra derivada que permanece abierta originada en la comisión de investigación parlamentaria.