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Ni un solo megavatio de energía eólica desde hace una década

Ni un solo megavatio de energía eólica desde hace una década

La subasta energética del día 17 supone un paso para recuperar el pulso, pero ningún proyecto de la región va a optar

consuelo de la peña

Lunes, 15 de mayo 2017, 07:08

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A la energía eólica en Cantabria le falta aire a pesar de que le sobra capacidad de viento. La comunidad autónoma viaja en el vagón de cola del desarrollo eólico, junto a Baleares, y no parece que vaya a mejorar posiciones a corto plazo.

La potencia instalada en la comunidad autónoma es de 38 megavatios, el 0,17% del total acumulado en España (23.026 mw), que corresponde al parque de Cañoneras I y II (32,3 mw), situado en la cumbre del puerto de Los Tornos, en Soba, y a los molinos experimentales de Vestas (6mw), uno de ellos ubicado en Campoo de Enmedio. Cañoneras comenzó a funcionar en diciembre de 2007 y años después se amplió. Produce energía para atender la demanda de unos 80.000 habitantes. Con esos datos, solo entre el 1 y 2% de la energía que se produce en Cantabria procede de aerogeneradores.

Diez años después de aquel hito sin contar la ampliación que dio origen a Cañoneras II todo sigue igual en Cantabria, donde no se ha instalado ni un solo megavatio nuevo. Empresarios y Gobierno coinciden en que Cantabria perdió el tren de esta renovable cuando los tribunales tumbaron el concurso eólico en 2010 y se enterraron los proyectos en tramitación. Pero la puntilla llegó con la moratoria verde dictada por el Gobierno de España en enero de 2012, que congeló el sector a pesar del hambre de nuevas inversiones que viven las renovables. "Fue el gran ataque al sector y ha supuesto la total aniquilación de nuevas renovables en España y un gran fiasco económico para las ya existentes", enfatiza el consejero de Industria, Francisco Martín.

Los ecologistas reclaman una mesa eólica para volver al consenso

  • Los promotores eólicos se quejan de que los colectivos ecologistas de Cantabria son mucho más viscerales que en otras comunidades autónomas, hasta el punto de presentar querellas criminales contra miembros del Gobierno, como la que promovió la Defensa del Sur de Cantabria contra al consejero de Industria por el mero hecho de tramitar proyectos eólicos, asunto archivado.

  • El colectivo Cántabros por la Ordenación Racional de la Energía Eólica (Core) niega que las resistencias a la energía eólica sean exclusivas de Cantabria. Felipe González, de SEO/BirdLife, recuerda que en León han conseguido anular once parques. La plataforma mantiene que "continúa la amenaza de una instalación sobredimensionada y desordenada de industrias eólicas en las zonas de mayor valor paisajístico", y reclama volver al consenso para redactar un plan eólico que "ubique los parques, determine la potencia que se puede instalar en cada sitio y realice una evaluación ambiental estratétiga del conjunto de los parques". Para ello aboga por la puesta en marcha de una "mesa eólica", como la "del fuego, del lobo o el proceso de participación en la redacción del PROT".

  • Ecologistas en Acción, que en su día se desmarcó de la ofensiva de Core, cree que el desarrollo eólico en Cantabria ha sido "un fracaso en toda regla. Apenas tenemos 38 de los más 23.000 mw a nivel estatal, mientras otras CC AA han colonizado nuestros límites geográficos", subraya Bernardo García, que atribuye este fiasco "a los vaivenes en materia de política energética" de los sucesivos gobiernos.

Lo peor es que Cantabria va a perder otro tren. El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de abrir una puerta que llevaba tiempo cerrada, y ha convocado para este miércoles, día 17, una subasta para introducir 2.000 megavatios, ampliables a otros 1.000, de nueva potencia de generación renovable con la vista puesta en el cumplimiento del objetivo medioambiental 2020 marcado por la UE. Pero ningún proyecto de la región optará al megaconcurso, según las estimaciones de Agustín Valcarce, presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, con 21 empresas asociadas. "Ninguno de los promotores integrados en este colectivo va a presentar proyectos porque están muy verdes y nadie quiere arriesgarse a perder los avales. Desde fuera de la asociación me temo que tampoco lo harán".

En esta puja, el Ministerio de Energía obliga a las empresas a poner en marcha los proyectos en 2020, y establece una serie de hitos que, si el inversor no los cumple, perderá la adjudicación y el aval previo de preinscripción. En la anterior subasta era de 20.000 euros por mw, pero se ha triplicado en esta hasta llegar a los 60.000 euros. Si los proyectos no se ejecutan, se pierde la fianza.

Más optimista es el consejero Francisco Martín, que "confía en que esta vez Cantabria llegue a tiempo y las empresas del sector elijan la región para instalarse". El responsable de Industria cree que la comunidad autónoma "está bien posicionada para reengarcharse a esta tecnología", aunque desliza la responsabilidad al Gobierno de España, que es quien "debe poner las condiciones normativas de las renovables y, sobre todo de la eólica, más viables económicamente".

Pero, ¿por qué los proyectos en la región carecen del desarrollo suficiente para acudir a la subasta de esta semana? La razón es sencilla. Los continuos cambios normativos en la comunidad autónoma han obligado a los promotores a rediseñar los proyectos para adaptarlos a los sucesivos marcos legislativos, lo que, unido a la complejidad de los trámites administrativos, ha supuesto una barrera difícil de franquear.

"Cantabria es la región de España de más difícil tramitación, lo que ha motivado que los inversores abandonen los proyectos", explica Valcarce, que recuerda que hace dos años Gas Natural tiró la toalla. "Las dilaciones en los trámites acaban matando los proyectos, porque envejecen, cambia la normativa y hay que rediseñarlos", lamenta el gerente de Teican Medioambiental y miembro del consejo de administración de empresas del sector eólico como Eólica 2000.

Fortalezas cántabras

Cantabria reúne dos fortalezas en el desarrollo eólico frente a otras regiones. Tiene el recurso, el viento, y la evacuación eléctrica. "En otras comunidades autónomas ha habido una saturación de líneas eólicas de evacuación que aquí no se ha dado", apunta Valcarce. Pero ha sido la tramitación (su capacidad para complicar las cosas) la que ha marcado el destino de los proyectos. Según el estudio Wind Barriers (Barreras Eólicas) de la Asociación Eólica Europea, financiado por la Comisión Europea, España es el país de la UE en el que más se tarda de media en instalar un parque eólico (6,5 años). Pero en Cantabria, donde históricamente los procesos para instalar eólicos son complejos, "hay parques que llevan en tramitación desde 2002 sin estar autorizados del todo", señala el presidente de la AEC.

"En Cantabria ha habido seis o siete modificaciones legislativas, lo que es un castigo para los promotores", se queja Valcarce. Basta echar un somero vistazo hacia atrás para comprobarlo. Primero hubo un Plan Energético de Cantabria (Plenercán) 2006-2011, aprobado por unanimidad de los tres grupos que entonces integraban el Parlamento (SOE, PP y PRC), que establecía un límite de potencia de 330 megavatios y determinaba tres zonas concretas de desarrollo, preservando las zonas pasiegas y el Sur de Cantabria, el único no recurrido por los colectivos ecologistas. Posteriormente, el Gobierno bipartito de PRC-PSOE aprobó el concurso eólico con el que pretendía encumbrar a la comunidad como productora destacada de energía eólica y crear nada menos que 4.200 empleos. La convocatoria repartía 1.336 megavatios cuando el Plenercán vigente sólo permitía una potencia instalada de 330 mw. Los colectivos ecologistas llevaron a los tribunales el concurso, que fue anulado. Todos los proyectos en marcha se frenaron en seco.

Con el acceso del PP al Gobierno en 2011, el Ejecutivo de Ignacio Diego hizo borrón y cuenta nueva y aprobó la nueva Ley Eólica de 2013 y el Plan de Sostenibilidad Energética 2014-2020 de Cantabria, que fija la planificación energética de la región. En él se limita la potencia eólica máxima a instalar en 707 mw. El nuevo marco normativo permitía conservar los actos administrativos de los proyectos anteriores, pero la Consejería de Medio Ambiente exigió la adaptación de los estudios de impacto ambiental a la nueva legislación, lo que obligó a los promotores a rediseñar los proyectos, provocando nuevos retrasos.

Martín reconoce que las condiciones para el desarrollo eólico en Cantabria "han sido muy controvertidas", pero rechaza de plano la responsabilidad del actual Gobierno en el estancamiento de esta renovable. "La paralización y el cambio normativo se produjo en años anteriores", sostiene, no sin antes deslizar un reproche al Gobierno de Ignacio Diego, porque "no puso toda la carne en el asador, ni defendió adecuadamente ante los tribunales y ante los grupos ecologistas el concurso eólico".

Desde la entrada en vigor de la Ley Eólica de Cantabria de 2013, se han presentado a tramitación 16 parques con una potencia de 597 megavatios, de los 707 que hay en juego, una inversión superior a los 720 millones de euros y una implantación de 209 molinos (ver cuadro). Pero sólo tres se encuentran en fase avanzada de tramitación. Martín defiende que la tramitación se hace con "el máximo rigor y agilidad posible" y estima que al terminar la legislatura en 2019 estarán autorizados "al menos 4 o 5 parques eólicos, con una potencia instalada de 200 mw". Para el presidente de la AEC, sería un "buen escenario" disponer de nueva energía eólica en 2020.

Siete de los proyectos fueron presentados en la anterior legislatura. Se trata de los planteados por Biocantaber (El Escuchadero, Peñas Gordas, Cruz del Marqués y Las Matas) y EDP Renovaveis Cantabria (Céspedes, Somalona-Las Quemadas y La Milla-El Horno) (ver cuadro). Las dos promotoras están rediseñando los parques presentados para adaptarlos al Plan de Sostenibilidad Energética y a las exigencias normativas actuales. Los de EDPR son los que se encuentran en fase más avanzada de tramitación.

Los nueve restantes fueron presentados en esta legislatura. Dos son de Viesgo Renovables: La Dehesa, de 48mw y 16 molinos, que no ha sido admitido a trámite porque el emplazamiento de parte de sus aerogeneradores coincide con otro parque en tramitación; y el de Quintanillas, de 48 mw, situado entre Campoo de Enmedio, Valdeolea y Valdeprado del Río. Industria ha requerido a la inversora para la subsanación y mejora de la solicitud.

Los otros siete parques son de la empresa Crossfield Engineering. Todos ellos tienen que subsanar la petición. A estos hay que sumar dos parques en Campoo de Yuso (Campo Alto y La Costana), con una potencia total de 43,3 mw, que cuentan con todos los parabienes administrativos, pero la inversora Iniciativas Eólicas de Cantabria está a la espera de que le autoricen otros posibles parques para hacer una única línea de evacuación eléctrica.

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