Privan del uso de su vivienda durante tres meses por los ruidos de los inquilinos

El demandado ejerce la actividad de hostelería sin autorización, ha sido sancionado en dos ocasiones por la Consejería de Turismo y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo le ha ordenado la clausura inmediata de la actividad

DM .Santander

La Audiencia Provincial de Cantabria ha privado a un propietario del uso de su vivienda durante tres meses por los ruidos de sus ocupantes.

La vivienda se utilizada como establecimiento hotelero sin autorización, por lo que ya ha sido sancionada en dos ocasiones por la Consejería de Turismo y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Santander le ha ordenado la clausura inmediata de actividad.

Ahora, la Audiencia de Cantabria estima parcialmente la demanda de la propietaria del inmueble de al lado al considerar que los ruidos de los clientes que ocupan el inmueble del demandante exceden lo tolerable, por lo que le priva de utilizarlo para cualquier fin durante un periodo de tres meses.

El tribunal ha tenido en cuenta que se trata de un tiempo ajustado a la gravedad y persistencia de la actividad intolerable lesiva y perjudicial para los intereses de la demandante.

En una sentencia que ya es firme el demandado no ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo-, la Audiencia de Cantabria decide dar la razón a la vecina, si bien limita el tiempo de privación del uso de la vivienda a tres meses, y no al tiempo que el propietario tarde en obtener los permisos para uso hotelero, tal y como pedía la vecina.

Argumenta que no tiene obligación de insonorizar

En su demanda, la propietaria del inmueble colindante solicitaba que se privara de la vivienda a su propietario hasta que no obtuviera las autorizaciones administrativas que le habiliten para aprovechar la misma como establecimiento hotelero y por considerar que tal actividad le causa ruidos y molestias que tiene obligación de soportar.

Frente a ello, el demandado aducía que ambas viviendas que forman un único edificio- se construyeron conforme a la legalidad vigente sin que tenga obligación de dotar a la suya de un sistema de insonorización especial, al tiempo que argumentaba que la carencia de licencia para uso hotelero no es causa suficiente para privarle de su uso.

En primera instancia, las tesis del demandado prosperaron ya que el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander desestimó la petición de la mujer.

Entendió el juez de instancia que la protección jurídica frente a inmisiones como el ruido injerencias de carácter indirecto, material y positivo en la propiedad ajena- pasa por obligar a cesar la actividad molesta, ejecutar obras de acondicionamiento para evitar las molestias o resarcir por los daños causados.

El juez de instancia entendió desproporcionada la medida pedida . A su juicio, la privación de la posesión de la finca por un tiempo indefinido no cabe en este supuesto, y de ser posible sólo cabría acordarse bajo un plazo temporal concreto y no supeditarlo a una resolución administrativa indeterminada, dado que tal posibilidad implicaría una expropiación interina de las facultades del derecho de propiedad.

Para el juez de instancia, ya existe una sentencia que ordena la clausura inmediata de la actividad de hostelería en tanto no disponga de autorización, lo que supone el cese de la inmisión ilegal denunciada en el presente juicio.