Las críticas de las empresas de la dependencia crispan al Gobierno en un acto público

Las críticas de las empresas de la dependencia crispan al Gobierno en un acto público

Las directoras del Icass y Política Social responden al ponente invitado, que abogó por "no cambiar la normativa de nuevo, sino por calcular antes el coste para ver si es sostenible"

ANA ROSA GARCÍASantander

"Los experimentos, con gaseosa". Directo y sin ambages, el sector de la dependencia en Cantabria alertó ayer de los riesgos que entraña el cambio normativo que plantea el Gobierno de Cantabria para introducir el nuevo modelo de atención centrado en la persona. Los empresarios coinciden con la Administración en que "es la filosofía por la que hay que apostar" para garantizar la mayor calidad de vida a la creciente población anciana, pero declaran abiertamente que "la forma en la que se quiere hacer es errónea". Sobre "las luces y sombras" de esta propuesta normativa habló ayer el jurista y gerontólogo Josep de Martí Vallés, ponente invitado de la jornada técnica organizada por la Federación de Atención a la Dependencia (FED), con la presencia de más de 150 empresarios y trabajadores del sector en la región.

Pero su intervención sentó como un tiro tanto a la directora del Icass, Felisa Lois, como a la directora general de Política Social, Chabela Méndez, sentadas en primera fila, que no dudaron en mostrar en público su desagrado por las críticas. Las dos tomaron la palabra en el turno de preguntas para responder a un ponente que les tuvo que recordar que "yo no soy político, solo un técnico que opina, me pagan por esto". En ese papel, se mostró convencido de que "no hay que aplicar esta filosofía mediante normas de acreditación, como la que han hecho en Cantabria -existe un borrador-, sino que la vía idónea sería apoyar el modelo, con flexibilidad, para quitar obstáculos a los centros que quisieran adaptarse arquitectónica y funcionalmente; hay que verlo como un proceso a medio plazo Y, lo más importante, hay que calcular el coste para saber si es sostenible".

Esa es la pata que falta, denuncia el sector, que "se ha planteado dónde se quiere llegar sin un estudio económico que nos diga lo que va a costar". José Alberto Echevarría, secretario general de FED, tampoco tiene duda: "No se pueden modificar los criterios arquitectónicos que se exigen a las residencias solo siete años después de la última norma, porque hacemos inversiones que necesitan veinte años para amortizarlas". Además, destaca que en los países que se toman como referencia para copiar este modelo "las plazas medias están en 4.500 y 6.000 euros al mes, aquí se pretende implantar lo mismo a 1.500 euros, así es muy complicado, por no decir otra cosa".

"Más exigencias"

Es por eso que reclaman un replanteamiento de principio a fin. "Hay que ser realistas y pensar en lo que podemos pagar hoy y podemos sostener en el futuro", subrayó Martí. "No vaya a pasar como en Madrid que se han quedado más de 1.000 plazas sin cubrir", añadió Echevarría, que hizo hincapié en que "cada vez las exigencias son mayores y los precios de concertación son menores, mientras en España hay 335.000 personas con derecho a recibir prestación que no la están recibiendo. El año pasado murieron más de 40.000 personas sin recibir atención, teniendo derecho. Hagamos el sistema sostenible, para eso pueden contar con los prestadores, pero no hagamos experimentos".

En su réplica, Chabela Méndez calificó de "irrespetuosa" la ponencia y defendió que la normativa en ciernes es fruto de "un año y cinco meses de reuniones con las entidades del sector, a las que en el último encuentro quedamos en hacerles llegar el estudio económico". Sin embargo, los responsables de las organizaciones reivindican que eso es lo primero que hay que poner encima de la mesa: "Sabemos que es lo excelente, pero lo que tenemos que plantearnos es qué nos podemos permitir". ¿Cuánto costará una plaza con este modelo? Pregunta clave para la que ninguno de los presentes en el acto tenía respuesta. "El peligro de esto -avanzó Martí- es que si no construimos las residencias que se van a necesitar en un futuro, habrá muchas personas que necesitarán ayuda y la buscarán como sea. Ahí es cuando surgirá la economía sumergida, y no se les podrá culpar a ellos".

El experto opinó que "ahora es un momento muy importante. Es bueno que Cantabria tenga la idea del modelo en la cabeza, pero siempre está bien escuchar una opinión crítica: si hacemos cosas que no son sostenibles, no habrá las inversiones adecuadas". Y para que las haya, apostilló, "tiene que haber seguridad y confianza en la Administración". De lo contrario, "dentro de poco echaremos en falta las residencias que deberían haberse construido, pero que no se han hecho". En el turno de preguntas, la directora del Icass defendió la gestión del Gobierno bipartito (PRC/PSOE): "Hemos querido recuperar un sistema que nos encontramos destrozado, y parecía que las entidades con las que hemos estado trabajando estaban satisfechas", dijo visiblemente molesta. También Méndez aclaró que "lo que se ha pretendido con esta norma, que no es definitiva aún, es dar seguridad jurídica. La Administración mira por el interés público, por el sector de la dependencia, pero también sus trabajadores y sus usuarios".

No obstante, para el secretario general de la FED, "la colaboración pública-privada no es intercambiarnos papeles en una reunión, sino cogernos de la mano y decir hacia dónde queremos ir, si vamos a estar de acuerdo en muchas cuestiones, pero hay otras que hay que valorar y dar una vuelta, como es la ratio de profesionales". Para terminar, lanzó un aviso a la Administración: "El 75% de las plazas concertadas están en nuestros centros, cuenta con nosotros, no vaya a ser que te quedes sin nosotros, bien porque nos hundas o porque no queramos seguir trabajando contigo".