Medio Rural combatirá los incendios con planes específicos en cada monte

Un trabajador de las cuadrillas de extinción de incendios, durante una de sus intervenciones/
Un trabajador de las cuadrillas de extinción de incendios, durante una de sus intervenciones

Las partes implicadas en el uso de estos espacios acordarán las medidas, que serán financiadas por el Gobierno con 25 millones hasta 2020

DANIEL MARTÍNEZSantander

"Estamos ante un problema de naturaleza social", explicó este jueves el consejero de Medio Rural, Jesús Oria, en referencia a los fuegos que, de forma periódica, afectan a Cantabria. Por eso, el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de la región, que aprobó ayer el Consejo de Gobierno, tiene como base la concertación y la búsqueda de acuerdos entre todos los agentes implicado en el cuidado y el uso de los montes. El programa tiene como principal objetivo reducir de forma significativa el número de quemas provocadas y plantea crear una herramienta de gestión propia en cada uno de los 480 montes de utilidad pública que existen en la región.

Alrededor de una misma mesa se reunirán los propietarios de los montes en su mayoría, juntas vecinales, los ganaderos que aprovechan sus pastos, el Ejecutivo regional y todos aquellos agentes públicos o privados que tengan algo que aportar para diseñar la hoja de ruta de este espacio. Su labor consistirá en definir los usos de cada zona del monte, desde las dedicadas al aprovechamiento forestal o ganadero hasta aquellas de especial protección por su valor ambiental y natural. A partir de ahí, tendrán que poner negro sobre blanco a qué se comprometen las partes.

"Dónde está cada zona, cuáles son sus usos actuales, cuáles tienen que ser sus usos futuros y las medidas a llevar a cabo para, por ejemplo, incrementar las zonas para pasto y la calidad de los pastos o actuar sobre espacios que necesiten restaurarse", detalló Antonio Lucio, director general de Medio Natural.

Inversión y prevención

Será un marco de referencia obligatorio para todas las partes. Si todos cumplen, será la propia Consejería la que se encargue de aportar el dinero con el que se acometan estos trabajos. De lo contrario, las ayudas económicas que se planeaban no tendrán efecto. Y desde luego, la detección de un fuego provocado por la mano del hombre será motivo suficiente para romper este pacto.

La primera fase del plan, que se prolongará hasta 2020, contará con un presupuesto de 25 millones de euros. La mayor parte, alrededor del 90%, se dedicará a las acciones concretas sobre el terreno. Inversiones en infraestructuras ganaderas, desbroces, recuperación de zonas degradadas, puesta en valor de masas forestales, conservación de la biodiversidad Así, además de mejorar el aprovechamiento y disfrute de los montes y conciliar todos los intereses, se estará trabajando a la vez en la labor de prevención. Siempre con el objetivo principal de "reducir el número de fuegos y la extensión quemada".

En este sentido, el Ejecutivo mostró su compromiso con la mejora de la eficacia y eficiencia de la prevención y extinción realizada por los empleados públicos. Por eso, el plan también incluye la garantía de que las plantillas estarán cubiertas y que éstas dispondrán de los medios materiales adecuados para realizar su trabajo sobre el terreno. En caso de que no se logre la meta final de evitar que aparezca el incendio, entre las 77 acciones concretas existen algunas destinadas a "dotar a la comunidad autónoma de un sistema protocolizado de restauración" de los espacios quemados. Todo ello acompañado con una estrategia de comunicación y sensibilización para que toda la sociedad conozca las consecuencias ambientales y económicas de este tipo de sucesos.

Plan de consenso

Oria señaló el gran consenso que ha cosechado este plan. Primero en la Mesa del Fuego, donde se diseñó con las aportaciones de 41 organizaciones nacionales, regionales y locales con representación de ganaderos, asociaciones proteccionistas, sindicatos, empresas y colegios profesionales. Después, en el Parlamento. El texto ha logrado el apoyo unánime de los cinco grupos. El Gobierno espera que en 2018 funcione el 40% de estas herramientas de gestión propias para cada monte.

El consejero destacó que este proyecto fue uno de los compromisos del Gobierno en el inicio de la legislatura. "No es la respuesta a una determinada circunstancia, pero sí es cierto que la ola de incendios de diciembre de 2014 logró que este problema llegara a toda la sociedad y generara un estado de opinión que nos ha ayudado a sacarlo adelante", señaló Oria en referencia al consenso que ha generado el plan.