Vista del Embalse de Alsa, en San Miguel de Aguayo
Vista del Embalse de Alsa, en San Miguel de Aguayo / J.L. Sardina

El Ministerio prohíbe a Cantabria coger agua del pantano del Ebro este verano

  • Medio Ambiente suspende el derecho que el expresidente Zapatero reconoció a la región en 2008, una decisión que abre un nuevo frente entre el bipartito y Rajoy

El uso del agua del pantano del Ebro ha abierto nuevas hostilidades en las maltrechas relaciones entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Cantabria. El Ministerio de Medio Ambiente ha suspendido el derecho de Cantabria a coger agua del embalse este verano y ha propuesto al Ejecutivo regional que lo haga de la presa de Alsa (San Miguel de Aguayo), una alternativa que el bipartito rechaza porque «no tiene ni pies ni cabeza», plantea «dificultades técnicas, jurídicas y económicas» y no implica un ahorro de agua en el Ebro.

Captar agua de Alsa supone, entre otras consecuencias, la ejecución de obras por valor de más de 300.000 euros. Pero lo que más teme el Ejecutivo regional es que la prohibición no sea temporal, sino que se mantenga en el futuro y Cantabria pierda los derechos que le reconoció el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 a utilizar 26 de los 541 hectómetros cúbicos del pantano del Ebro para el abastecimiento de agua a la región.

«El pantano del Ebro es la gran reserva de agua de la comunidad y si el Gobierno central elimina en verano este derecho las expectativas de desarrollo económico de la región quedan cercenadas», denuncia la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos. Cantabria ha solicitado una reunión «urgente» entre administraciones para buscar una solución «más sencilla, más económica y más viable», petición que aún no tiene respuesta.

El primer requerimiento de la Secretaría de Medio Ambiente llegó el pasado 16 de junio, tan sólo tres días después de que el presidente Miguel Ángel Revilla y la vicepresidenta Díaz Tezanos anunciaran públicamente la ofensiva judicial del bipartito para reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy la financiación de Valdecilla, de la Lomce y de la Fundación Comillas, entre otros incumplimientos inventariados. El Gobierno de Cantabria pensó que se podría «reconducir» la situación y silenció la prohibición, pero días después, el pasado 19 de junio, Medio Ambiente reiteró que había dado instrucción a la Dirección General del Agua y a la Confederación del Cantábrico para que «a la mayor brevedad posible, se proceda a resolver (anular) la autorización temporal». Entonces saltaron las alarmas.

La medida, no obstante, no se ejecutará de inmediato, ya que el Ministerio mantendrá el suministro desde la toma del pantano del Ebro hasta que las obras necesarias para bajar el agua de Alsa estén terminadas. En su comunicación, el departamento de Isabel García Tejerina justifica esta drástica decisión en la sequía, en concreto, en «la situación de los indicadores del Plan de Sequía de la cuenca del Ebro», y en que las necesidades de abastecimiento de Cantabria, y, en particular, de Santander, quedan satisfechas «a corto y medio plazo» con la alternativa de Alsa.

Díaz Tezanos reconoce que Santander no se quedará sin agua porque la captará de Alsa, ni tampoco la región, cuyo abastecimiento está garantizado con la Autovía del Agua, pero considera que la decisión del Ministerio «no tiene pies ni cabeza» y es «primordial mantener un derecho que el Gobierno central no nos puede quitar». Pero, además, puntualiza que es «rotundamente falso» el argumento de la sequía enarbolado por Medio Ambiente, porque «el suministro de Alsa también procede del Ebro». El Ejecutivo regional había solicitado autorización para captar este verano 7 hectómetros cúbicos del pantano del Ebro, de los que 5 Hm3 son para Santander y el resto para la Autovía del Agua si fuera necesario, una cantidad «mínima» de la capacidad actual del embalse (264 Hm3).

La vicepresidenta advirtió de que la decisión supone que Cantabria tendrá que hacerse cargo de los más de 300.000 euros que cuesta la operación de bajar agua de Alsa, y no sólo eso, porque tendría que indemnizar a Electra de Viesgo por utilizar agua de ese embalse para el consumo y no para producir electricidad. Además, el Gobierno tiene que seguir pagando al Estado más de un millón de euros por la amortización de las obras del bitrasvase del Ebro y los derechos comprometidos, y otros 150.000 euros del canon correspondiente por la captación del agua de la presa de Alsa.

En este escenario, Díaz Tezanos acusa a Madrid de «abrir un nuevo frente sin necesidad», ya que «estamos ante un nuevo atropello» del Gobierno de Mariano Rajoy que trata de «asfixiar», «entorpecer»y «castigar» a la comunidad autónoma.

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