Los abogados recurren el decreto de Justicia gratuita «por la baja cuantía de las tasas»

Entre esas reivindicaciones se encuentra una mayor remuneración por cada uno de los servicios que prestan los letrados del turno de oficio. «Desde 2008, año en el que entró en vigor el actual decreto, los procedimientos se han modificado mucho. Y había un problema de falta de determinación de algunos baremos que ahora se han ampliado. Pero el problema es que las cuantías son escasas», apunta el decano de los abogados cántabros.

Andrés de Diego, a modo de ejemplo, señala que si la asistencia a un detenido hasta ahora se pagaba a 71 euros, con el nuevo reglamento sube a los 80. «Hemos hecho un estudio comparativo de las comunidades autónomas limítrofes y entendemos que se puede subir más», explica.

Según apunta el decano, los abogados de turno de oficio han visto sus retribuciones congeladas y sin que se les aplicara ni el incremento del IPC desde 2018, año en el que éstas subieron un 0,6%. «Para 2022, el Presupuesto de Cantabria recoge una subida de 175.000 euros, un 9% más respecto a 2021. Sin embargo, este dato no refleja un incremento real ya que este año el presupuesto destinado a turno de oficio se redujo en un 7% frente al año anterior».

La cantidad consignada para Justicia gratuita en 2022, según el Colegio de Abogados, «no va a suponer un cambio perceptible en las retribuciones que perciben los profesionales que asisten a quienes no dispondrían de asistencia de no ser esta gratuita, y, desde luego, en ningún caso se produce un incremento del 20% como erróneamente se informa desde la Consejería».

Además, el colectivo afirma que Cantabria está a la cola en inversión en Justicia gratuita. «Ocupamos el puesto 16 (incluyendo Ceuta y Melilla) con una inversión de 3,36 euros por ciudadano», afirmó el decano.

Por otro lado, el colectivo señala que el nuevo decreto «materializa la imposición de cargas administrativas añadidas al trabajo profesional, y no reconoce derechos a los profesionales, como el obligado respeto de beneficiarios y de los tribunales a la función que desarrollan o la puesta a su disposición dependencias dignas y suficientes para desarrollar su trabajo». Además, hay aspectos recogidos en el texto que han desatado el «malestar» de los profesionales como la implantación de plazos de imposible cumplimiento en la tramitación de los expedientes, la exigencia a los profesionales de acciones complementarias que, en muchos casos, resultan «difíciles de cumplir» y que son requisito para el cobro de indemnizaciones, así como la «discrepancia» con la regulación de los Servicios de Orientación Jurídica y de la formación de los abogados.