Los acusados de estafar a bancos aceptan penas de seis meses a casi cinco años de cárcel
El juicio se ha celebrado con conformidad de las partes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
De seis meses a cuatro años y nueve meses de cárcel. Esas son las penas que han aceptado 15 de los 16 acusados (uno ... no se ha presentado, está en busca y captura y será juzgado cuando se localice) de delitos de falsificación y estafa por emplear documentos falsos para obtener créditos que luego no fueron abonados, durante el juicio que se ha celebrado esta mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que han aceptado los cargos tras llegar un acuerdo de conformidad entre las partes (fiscal, acusaciones y defensas).
Ocho de los quince acusados van a ser condenados a seis meses de prisión, mientras que a cuatro más se les va a imponer una pena de un año de prisión y de dos años a otros dos. El último encausado ha aceptado una pena de cuatro años y nueve meses, el mismo tiempo de privación de libertad solicitado inicialmente por la Fiscalía, que ha modificado sus conclusiones en la sesión, adhiriéndose a las mismas las acusaciones particulares -ejercidas por los bancos afectados- y las defensas. Asimismo, el principal procesado deberá pagar una multa de 3.000 euros. Por su parte, los dos acusados que han aceptado dos años de cárcel tendrán que abonar 630 euros; 450 euros a los que ha recaído un año y 270 euros a los que se han impuesto seis meses de prisión.
Inicialmente, la Fiscalía de Cantabria solicitaba penas que oscilaban entre cuatro años y nueve meses de prisión y dos años y tres meses a los procesados.
Según el escrito de la Fiscalía, dos de los acusados intervinieron como mediadores ante distintas entidades financieras para la obtención de estos créditos. Para lograr que los créditos fueran aprobados por los bancos, creaban una apariencia de solvencia de los solicitantes mediante documentos «creados ad hoc para la ocasión», como falsos contratos de trabajo, nóminas ficticias o certificados de vida laboral alterados. En otras ocasiones, crearon certificados del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya en los que se acreditaba de manera falsa que los solicitantes del crédito percibían una pensión.
Una vez que los créditos eran concedidos, los beneficiarios –también acusados- retiraban en ventanilla el importe y lo repartían con los dos acusados que actuaban de mediadores. El escrito de calificación fiscal recoge hasta diecinueve acciones presuntamente fraudulentas en las que se obtuvieron 338.300 euros, que nunca fueron devueltos. La fiscalía califica estos hechos como delitos continuados de falsedad en documento oficial y privado en concurso con delitos de estafa. El Ministerio Público ha considerado que concurre la atenuante de reparación del daño en el caso de los dos mediadores, y para todos ellos la atenuante analógica de dilaciones indebidas muy cualificadas.
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