Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias

La líder del PP calificó como «corrupción de libro» el concurso público en el que Molleda, siendo todavía regidor, y su hermana ganaron una plaza fija en el Ayuntamiento. El número dos del PSOE firmó las bases reguladoras, la composición de los miembros del tribunal, la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos y los anuncios de resolución de nombramiento de su propio puesto y el de su hermana.

La denuncia ha sido presentada, vía electrónica, en los juzgados de Las Salesas, en Santander. El proceso judicial se iniciará con la solicitud de un acto de conciliación previo, una práctica habitual en casos de injurias y calumnias. Si el juzgado admite a trámite la solicitud y la presidenta no se retracta, se fijará una fecha para celebrar el juicio.

En caso de que Buruaga rectifique públicamente durante el mismo, el proceso quedaría archivado. Si no hay acuerdo, se dará continuidad a la querella por los delitos mencionados. Este procedimiento guarda similitudes con el que en su día presentó el Rey Emérito contra el expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla.

No es nada habitual que un político cántabro lleve a los tribunales a la figura del presidente en activo. Para encontrar el último precedente hay que remontarse doce años atrás, a 2013, cuando el vicesecretario del PRC, Javier Marcano, se querelló contra Ignacio Diego, que en ese momento gobernaba con mayoría absoluta en Cantabria.

El dirigente regionalista demandó al entonces presidente por injurias y calumnias, ya que el exlíder del PP dio por hecho que Marcano formaba parte de una trama de cobro de comisiones ilegales, cuyos hechos habían sido previamente archivados por un juez al «carecer de consistencia suficiente».

Solo un mes después, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) archivó la denuncia de Marcano al considerar, entre otras razones, que en las declaraciones de Diego «no se efectúa imputación concreta de un delito determinado y no contienen insulto formal alguno, con independencia de que, de forma ilativa, pudieran ser hirientes».

Desde Vox también han anunciado medidas legales contra Molleda, aunque todavía sin concretar. «No nos dedicamos solamente a lanzar una piedra y a esconder la mano», señalaron.

El proceso de Cartes enfrenta otro problema importante con sus bases que el Supremo y el Constitucional han considerado ilegal en 1993, 2022 y 2024: la valoración de los méritos.

El Ayuntamiento otorgó un 80% de la nota a haber desempeñado ese mismo puesto con anterioridad. Y con un matiz añadido que le daba clara ventaja al regidor sobre otros candidatos: diez puntos por cada año trabajado en ese mismo cargo en el Ayuntamiento de Cartes frente a solo dos puntos por haber hecho lo mismo en otro municipio distinto.

Sin embargo, el Supremo falló que «no es justificable otorgar una mayor puntuación a la experiencia desempeñada en la misma plaza o en el ayuntamiento donde se convocó el proceso frente a la experiencia en otras administraciones o en diferentes plazas con funciones equivalentes, por considerarlo una vulneración del principio de igualdad y del derecho de acceso al empleo público».

El concurso puede ser revisados de oficio, tanto por el propio Ayuntamiento, como por cualquier persona que se sienta perjudicada –se haya o no presentada al concurso– o por cualquier miembro de la Corporación.

A pesar de todo esto, el líder de los socialistas cántabros, Pedro Casares, ha cerrado filas para defender a Molleda y asegura que el procedimiento utilizado para estabilizar el puesto de trabajo del exalcalde fue «legal, transparente y totalmente ético».