Archivada la denuncia contra la exdirectora de Ganadería y su marido por tráfico de influencias

Imagen de archivo de Fernandez junto al consejerp/DM
Imagen de archivo de Fernandez junto al consejerp / DM

La Fiscalía, que en su día inició la causa, es la que pidió el sobreseimiento y reconoció que no está clara la culpabilidad de los acusados

Pilar Chato
PILAR CHATOSantander

Beatriz Fernández dimitió como directora general de Ganadería el 20 de abril del año pasado. Lo hacía en un momento convulso en la Consejería y tras un fuerte desgate provocado por la polémica de las subvenciones a los ganaderos por la brucelosis y manifestaciones contra el vaciado sanitario. Dos días después de su dimisión se producía el cese del jefe de Servicio de Sanidad Animal, Francisco Fernández, tras 16 años al frente de esta jefatura.

En el momento de su dimisión, Beatriz Fernández adujo razones personales, si bien algo más de tres meses después se conoció la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción Número 2 contra la propia directora general y contra su marido, Leopoldo Fernández-Escalante, por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el contrato de la campaña de saneamiento ganadero, que supera los 14 millones de presupuesto. Hoy, este mismo juzgado ha sobreseído provisionalmente el procedimiento penal y decretado el archivo de la causa, y lo ha hecho a petición de la propia Fiscalía que inició la denuncia.

La denuncia presentada en su día por la Fiscalía apuntaba a que el marido de la directora general, también veterinario, se había valido de la posición preeminente de su esposa al frente de Ganadería para conseguir la empresa Servicios Veterinarios de Cantabria (Servetcansa) recuperar las campañas de saneamiento ganadero. El acusado era accionista de esa empresa y estaba en paro desde que esa empresa perdió el servicio en 2014.

El auto del archivo, contra el que cabe recurso, concluye que «no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito» que dio origen a la investigación, una posición en consonancia con la del fiscal que admite que «no tenemos tan clara la culpabilidad de los imputados». El juez dice que no encuentra las pruebas «más o menos evidentes para afirmar que el imputado se estaba prevaliendo de las relaciones personales para la consecución de sus fines».

Todo parte de un correo electrónico remitido por error por el marido de la exdirectora general que llegó a manos de la administradora concursal de Servetcansa. En ese correo, el acusado afirmaba haber «empujado» a su esposa y al consejero de Ganadería-ya en aquel momento Jesús Oria- para cambiar de adjudicataria y optar por Tragsa, ya que esta empresa se había comprometido con él a contratar a su vez a Servetcansa para los servicios de saneamiento ganadero. En ese correo llegaba a decir que se había entrevistado con el propio consejero y que le había parecido una idea «estupenda» y presumía de tener conseguido ese contrato a base de «sofronizar y convencer a la directora», aunque admitía que era algo «en el aire».

Para eximirles de responsabilidad, la resolución judicial se apoya en varias cuestiones: por un lado los testimonios del propio consejero Oria, el responsable de Servetcansa, el presidente de Asaja y dos jefes de servicios de la consejería. El consejero negó haberse entrevistado con el acusado e insistió en que Beatriz Fernández «nunca le habló de su marido ni de la empresa de su marido y que nunca había sido empujado a contratar».

El resto de testigos dijeron que desconocen «ningún tipo de presión». Ninguno contradijo al consejero cuando «tajante» afirmó que nunca fue empujado a tomar ninguna decisión, señala el auto. La exdirectora general reconoció que entre sus cometidos estaba el de analizar propuestas, pero no el tomar decisiones y calificó de «fábula» lo dicho por su marido en el correo, que éste no negó haber enviado pero sí negó su «seriedad y realidad, es decir su intencionalidad y dolo». En este sentido, la Fiscalía que pidió el archivo consideró que para que existiera delito, la exdirectora debería haber recibido de su marido «una proposición claramente dirigida» a influir en sus decisiones, lo que considera que no se ha probado.

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