La Audiencia da carpetazo a cuatro años de acusaciones por la planta de Igollo

Empresa Copsesa situada en Igollo./DM
Empresa Copsesa situada en Igollo. / DM

Archiva la querella contra el propietario, el exalcalde de Ramales José Domingo San Emeterio, y los exdirectores de Industria y de Medio Ambiente

CONSUELO DE LA PEÑA

Cuatro años después de que Ecologistas en Acción denunciara la actividad de la planta de aglomerado asfáltico que Copsesa tiene en Igollo, una queja que puso en la picota judicial no sólo a su propietario, sino también a los directores generales de Industria y de Medio Ambiente en la pasada legislatura, los tribunales han dado carpetazo al caso al entender que no se cometió ninguna ilegalidad. Y no solo eso, dice la Audiencia Provincial de Santander que si se hubiera cerrado la planta, como pretendían no sólo colectivos ecologistas y vecinales, sino también el Ayuntamiento de Camargo, se hubiera incurrido en una «evidente ilegalidad». Es decir, los directores de Industria y de Medio Ambiente, Fernando Javier Rodríguez y David Redondo, respectivamente, han estado cuatro años bajo la lupa de la justicia por actuar conforme a la ley.

La sección tercera de la Audiencia Provincial ha dictado ahora sendos autos en los que acuerda el sobreseimiento de las actuaciones contra los exdirectores generales y el propietario de Copsesa, José Domingo San Emeterio, exalcalde del PP de Ramales de la Victoria, por entender que «no consta» que Copsesa haya conculcado normativa administrativa alguna, ni que los exaltos cargos de la Administración autonómica vulneraran la legislación vigente. El tribunal confirma así el archivo de la causa, acordado en 2015 y 2016 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander.

Denuncia

Ecologistas en Acción y la Junta Vecinal de Igollo de Camargo denunciaron en el ámbito contencioso administrativo y en el penal que la planta de Igollo estaba funcionando sin licencia de actividad y sin informe de evaluación ambiental. Copsesa adquirió en 2013 las instalaciones de la antigua Emilio Bolado, ya en funcionamiento, para fabricar aglomerado asfáltico. Para ello realizó una serie de modificaciones en su estructura, que según los colectivos ecologistas y vecinales requerían la tramitación previa de un informe de impacto ambiental, que ni se solicitó ni se realizó. Según los denunciantes, la licencia de actividad de la planta databa de 1980 y fue concedida exclusivamente para una instalación portátil y provisional de almacenamiento de combustible industrial, por lo que al pasar a ser una planta fija requería un procedimiento de evaluación ambiental.

La Audiencia dice que el cierre de la planta habría sido «una evidente ilegalidad administrativa»

Incluso el Ayuntamiento de Camargo, siendo alcalde Diego Movellán (PP)dio dos meses a la empresa para que legalizara la situación, requerimiento que cayó en saco roto, por lo que solicitó la clausura de la planta. Industria llegó a cerrar la actividad, una decisión que recurrió en alzada Copsesa. La instalación permaneció clausurada un mes, porque el Ayuntamiento rectificó y permitió la reapertura.

Cuatro sentencias

Hasta cuatro sentencias ha habido (dos de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y otras tantas del Tribunal Superior de Justicia) que decían que cuando Copsesa adquirió la planta de asfalto en 2013 ya estaba funcionando y que dicha planta seguía siendo portátil y no fija, ya que las modificaciones realizadas no fueron sustanciales y su objetivo era «mejorar las condiciones medioambientales».

En estas sentencias se ha apoyado la Audiencia Provincial de Cantabria para confirmar que no ha habido delito alguno. Como la planta asfáltica es la misma que la que inició la actividad en 2003 «no es necesario tramitar Evaluación de Impacto Ambiental», sino que basta con la «comprobación ambiental que se realiza con la licencia de actividad cuando se inicia la misma ante el Ayuntamiento», o, lo que es lo mismo, «no consta que Copsesa haya conculcado normativa administrativa alguna ya que se limitó a continuar una actividad que se encontraba legalizada según la legislación medio ambiental vigente», subraya el tribunal. Dicho esto, la Sala concluye que «si no consta actividad contaminante alguna» y, por el contrario, «sí consta que dicha actividad se encontraba legalizada, es evidente y claro que procede el sobreseimiento provisional» de los procesos abiertos contra el empresario y los exdirectores generales.

Respecto a estos últimos el tribunal destaca que «cualquier decisión gubernativa» que hubiera impedido el normal desarrollo de la actividad en la planta «hubiera resultado una evidente ilegalidad administrativa.

En este sentido, y en otro auto referido al exdirector de Industria Fernando Rodríguez Puertas, a quien se le reprochó haber dejado sin efecto la orden de paralización de la instalación asfáltica, el tribunal añade que al haber un recurso de alzada de por medio la competencia correspondía al consejero de Industria y que no se resolvió expresamente porque la Dirección General de Medio Ambiente no había enviado el informe que se le había pedido.

La evolución del caso, con cuatro sentencias que dicen que la planta cumplía todos los requisitos legales, demuestra, a juicio de la Sala, que la clausura de la planta «hubiera resultado un craso error que hubiera reportado importantes perjuicios» a Copsesa, ya que «no consta que haya conculcado normativa alguna» por cuanto se limitó a continuar una actividad que estaba legalizada.

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