La Audiencia deniega la libertad para la sospechosa de decapitar al jubilado de Castro

La decisión de la Audiencia, que será recurrida ante el Constitucional por una presunta vulneración de derechos fundamentales, trascendió ayer después de que se conociese que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Castro ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la causa, después de nueve meses de investigación.

Según señalaron fuentes del caso a este periódico, el abogado de la presunta asesina había solicitado al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Castro la libertad condicional de su defendida al considerar que no había riesgo de fuga ni de ocultación, alteración o destrucción de pruebas, razones por las que el instructor decidió el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza el pasado mes de octubre. Pero la petición fue rechazada y, tras presentar el recurso de apelación y la celebración de una vista la semana pasada, la Sección Primera de la Audiencia ha vuelto a denegar dicha petición, a pesar de que el abogado defensor entiende que ya ha transcurrido el plazo máximo de seis meses en los que su cliente puede estar en prisión para evitar dicha ocultación de pruebas.

La decisión de la Audiencia está apoyada en la petición de prórroga de prisión provisional solicitada por la Fiscalía, que entiende que hay indicios suficientes para que Carmen Merino continúe en El Dueso. A la espera de que trascienda algún dato del sumario, fuentes del caso señalan que el Juzgado de Castro sigue practicando diligencias de investigación.

Para recordar todo lo sucedido en esta causa hay que retrotraerse a febrero del pasado año, cuando desapareció Jesús María Baranda, jubilado de banca. No fue hasta abril cuando sus primos y amigos presentaron una denuncia, mes y medio después de sospechar de las condiciones en que se había producido su desaparición. Más o menos cuando dejaron de creer la versión de la que por entonces era su pareja, que en todo momento mantuvo que él la había abandonado para «vivir la vida». Esas sospechas de la familia se confirmaron cuando el 28 de septiembre apareció la cabeza del hombre en una caja precintada que la mujer había entregado una amiga para que la custodiara con el peregrino pretexto de que contenía unos «juguetes sexuales». Un contenido que no quería que los agentes encontraran en su vivienda cuando acudieran para investigar la desaparición de Jesús María.

Detenida y ante el juez, Carmen Merino ofreció una excusa endeble: el cráneo se lo habían dejado unos desconocidos en la puerta de su vivienda y ella decidió conservarlo porque era «el único recuerdo que tenía de él». Tiempo después, las primeras pesquisas encontraron restos de sangre en la vivienda de él y que ambos compartieron antes de su muerte, así como una marca en la terraza que se correspondía con la forma de la caja que contenía el cráneo y que llevó a pensar que había estado allí depositada largo tiempo.

La búsqueda del cuerpo se extendió por los alrededores de Castro, las fincas de los familiares y el vertedero de Meruelo. Sobre todo después de conocer que Merino había encargado a una limpiadora del edificio que le ayudara a sacar a la basura unas bolsas negras muy pesadas.

La acusada explicó a los guardias civiles que tras la desaparición de Jesús Mari «ella no había vuelto a usar el dormitorio conyugal y que prefería dormir en un sofá del piso de abajo». Los investigadores decidieron registrar a fondo esa habitación y, «al abrir un mueble, descubrieron que la mujer había ocultado dentro 10.000 euros».