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El juez Jaime Anta, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 y del juzgado de las claúsulas suelo, junto a la juez de apoyo Sofía Sánchez Andrés Fernández
La avalancha de cláusulas suelo desborda el juzgado especializado, que pide refuerzos

La avalancha de cláusulas suelo desborda el juzgado especializado, que pide refuerzos

Con la estadística judicial reventada, el decano, Jaime Anta, reclama cuatro funcionarios más y otro juez de apoyo, y exige al Ministerio que cubra la plaza de letrado para evitar el colapso

CONSUELO DE LA PEÑA

SANTANDER.

Lunes, 18 de septiembre 2017, 12:00

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Las demandas relativas a las cláusulas suelo han tomado en septiembre velocidad de crucero, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. El juez Jaime Anta, decano de Santander, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 y encargado del juzgado especializado creado en Cantabria para agilizar estos litigios, ha dado la voz de alerta y reclama refuerzos para evitar el colapso. «Necesitamos cuatro funcionarios más y otro juez de apoyo para evitar un gran atasco», reclama. Por si fuera poco, el Juzgado se ha quedado sin secretaria judicial y se auguran problemas de espacio para albergar una más que necesaria ampliación de plantilla.

Los datos son elocuentes. Desde que el 1 de junio asumiera los litigios hipotecarios de toda la región hasta el 15 de septiembre, este Juzgado 2 bis ha recibido 750 asuntos, que es la carga de trabajo que recibe un juzgado civil en siete meses, apunta el sindicato CSIF, mayoritario en el sector. Pero casi la mitad de las reclamaciones de cláusulas suelo se han producido en esta primera quincena de septiembre, un ritmo frenético que ha reventado la estadística judicial y amenaza con desbordar el órgano judicial, según reconocen jueces, los sindicatos del sector y la propia Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria. La situación todavía no ha adquirido tintes dramáticos, pero el juez Anta no oculta su «cada vez mayor preocupación», aunque evita hablar de colapso.

La Consejería de Justicia se compromete a duplicar la plantilla, pero no sabe cuándo

Su inquietud no es gratuita, porque «la mitad de los procedimientos contenciosos de civil que entran en los nueve Juzgados de Santander, sin incluir el Juzgado de Familia y el Mercantil, están en este juzgado especializado». Así, desde el 1 de enero hasta el 1 de septiembre los nueve juzgados civiles recibieron 639 demandas contenciosas, casi tantas como el Juzgado de las cláusulas suelo entre junio y el 1 de septiembre (631). «Es una barbaridad . Nadie pensó nunca en una entrada tal elevada, y sí, se han superado mis expectativas», sentencia.

Para asumir esta carga de trabajo sin que se hunda este órgano judicial, Anta pide reforzar el Juzgado «con cuatro funcionarios más y un segundo juez de apoyo», una reivindicación que apoya CSIF que exige «un incremento de plantilla y la dotación de un letrado específico» para este juzgado.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial para agilizar las reclamaciones ante la previsible avalancha de demandas sobre cláusulas hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016. La solución del Gobierno de España fue poner en marcha 54 juzgados para resolver de manera exclusiva estos litigios. En Cantabria, esta responsabilidad recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 2, atentido por el juez Jaime Anta con el apoyo de la juez en prácticas Sofía Sánchez Ortega. El Gobierno regional colaboró desde el primer momento con la dotación de cuatro funcionarios, que es la mitad de la plantilla de un juzgado ordinario.

Han bastado tres meses (agosto es inhábil en la Administración de Justicia) para que la realidad haya superado al juzgado bis. Con las cifras en mano, el Ejecutivo es consciente de que «habrá que ampliar el personal hasta duplicar la plantilla» y así se refleja en la previsión presupuestaria de la Consejería de Justicia para el próximo ejercicio. Su director general, Pablo Ortiz, subraya que Justicia ha incluido en el avance de los presupuestos de 2018 la previsión de cuatro funcionarios más para el juzgado de las claúsulas suelo y para todo el año. Este órgano especializado tiene una vigencia inicial de medio año, hasta el 31 de diciembre, pero el Gobierno entiende que habrá que prorrogarlo «al menos» durante un año. No obstante, aunque Justicia cree que hay que actuar, todavía no ha decidido cuándo. «No sabemos cuándo se aprobará la ampliación de la plantilla porque todavía estamos analizando la evolución», puntualiza Ortiz.

Anta cree que todavía «hay margen» para evitar el bloqueo del juzgado, pero advierte de que «si en dos meses no hay refuerzo, se va a producir un problema significativo en la tramitación de asuntos». Es difícil predecir si se va a mantener la dinámica de crecimiento en la presentación de demandas, pero esta evolución tendrá mucho que ver con lo que resuelva la Audiencia de Cantabria en torno a la reclamación de los gastos hipotecarios, que concentran buena parte de las reclamaciones. Según Anta, «en un mes habrá sentencia sobre esta cuestión y según como sea el fallo se van a incrementar los casos o van a bajar». CSIF prevé que los asuntos crecerán «exponencialmente» a los fallos favorables a los ciudadanos.

Trece sentencias, trece condenasa los bancos

El Juzgado de cláusulas suelo, creado el pasado 1 de junio, ha dictado ya trece sentencias, todas ellas en contra de la banca. En unos casos las estimaciones del consumidor han sido íntegras y en otras parciales, pero siempre se ha atendido la reclamación del demandante.

La primera resolución se dictó el 28 de julio. En ella se declaraba nula la cláusula de un contrato hipotecario de Liberbank que atribuía al cliente el pago de todos los gastos derivados del mismo, aunque no condenaba al banco a su devolución porque el abogado del cliente no lo pidió. El juzgado 2 bis resolvía así una demanda presentada el 2 de junio, un día después de su puesta en funcionamiento. Desde entonces, de los 750 asuntos ingresados, las reclamaciones de gastos hipotecarios y cláusulas suelo «se reparten a partes iguales», señala el juez Jaime Anta, pero también han entrado demandas por hipotecas multidivisa, por la cláusula de vencimiento anticipado, interés moratorio... Hay demandas que impugnan hasta 14 cláusulas hipotecarias.

Falta espacio

Con todo, duplicar los funcionarios del Juzgado entraña un problema añadido: la falta de espacio. La oficina que alberga a los cuatro interinos actuales no tiene capacidad para acoger a más trabajadores, avisa el decano. La Consejería de Justicia es consciente de esta dificultad añadida y ha planteado, incluso, el traslado de ese órgano al Edificio Europea, que alberga otros juzgados, una opción que para Anta tiene con muchos inconvenientes. El Juzgado especializado tampoco tiene una sala de vistas propia, lo que obliga al juez a realizar auténticas carambolas para conseguir un espacio entre los huecos que van dejando los demás juzgados, pero está pensando ya en «reorganizar todo el sistema de salas de los juzgados de Santander».

El juez de las cláusulas suelo ha reclamado también al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que designe a la juez de apoyo territorial Cristina Roig, que estuvo de refuerzo en el Juzgado de lo Mercantil, como respaldo al órgano especializado.

750

Demandas de cláusula suelo han entrado al juzgado especializado desde su creación el pasado 1 de junio hasta el pasado 15 de septiembre. Supone la misma carga de trabajo que recibe un Juzgado de Primera Instancia (civil) en siete meses.

Letrado a la fuga

A la precariedad de medios humanos y entrada masiva de asuntos se une otro contratiempo, no menor. El pasado viernes el Juzgado se quedó sin secretario judicial y el Ministerio, que es quien designa a los letrados de la Administración de Justicia, viene realizando estos nombramientos «muy despacio». Cuando se creó, «el Ministerio se negó a asignar un letrado al Juzgado bis», una tarea extra que asumió la secretaria judicial del Juzgado 2 «por vergüenza torera», explica Anta, molesto por la «mínima colaboración del Ministerio de Justicia». Pero a comienzos de este mes de septiembre, la funcionaria ha concursado y se ha marchado. «Ahora no tengo letrado ni en el Juzgado número 2 ni en el bis», se queja. «Es una situación que raya el esperpento, ahora la letrada del Juzgado número 1 se tiene que hacer cargo de su Juzgado, del Juzgado número 2 y del Juzgado de refuerzo de claúsulas suelo, y además cubrir las funciones de decanado», denuncia también CSIF.

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