Buruaga presenta el Presupuesto sin apoyos y deberá afrontar una complicada negociación

A falta de ese acuerdo presupuestario que sí suscribieron para las Cuentas de 2024 y 2025 los regionalistas, que ahora critican que no se ha cumplido por parte del Ejecutivo, de lo que presumió Agüeros es de haber entregado el borrador en el Parlamento «en tiempo y forma». Como marca la ley, algo de lo que, como recordó el consejero, no puede decir el Gobierno de Sánchez. Pero la decisión de los populares de cumplir con los plazos estrictamente legales también supone, además de que no se haya cumplido el deseo de la propia Buruaga de llegar con los votos garantizados al día de ayer, una dificultad añadida en la ardua tarea de poner en marcha una negociación parlamentaria en busca de apoyos.

De hecho, los regionalistas entienden que el paso dado ayer por el Ejecutivo demuestra una clara falta de voluntad de entendimiento por parte del Gobierno regional. Por dos motivos distintos. Primero, porque ahora los grupos políticos podrán trabajar sobre un montante total ya prefijado por el Ejecutivo. Podrán mover partidas dentro de las mismas consejerías, pero no modificar la estructura básica de las Cuentas. «Existe ya escaso margen de maniobra para introducir cambios», explicaba la candidata del PRC a las próximas elecciones autonómicas, visiblemente enojada por lo que considera un desprecio a su formación. «No ha demostrado en absoluto que seamos el socio preferente –esa expresión la utilizó la presidenta antes de que se torcieran tanto las cosas–, porque no ha mostrado ninguna voluntad de negociar los Presupuestos con nosotros», subrayó Fernández.

En el PRC dejan todavía una rendija abierta en la puerta al pacto, pero anticipan que la falta de voluntad del PP no permitirá un acuerdo por un segundo motivo: los de Buruaga ni han respondido a las cinco condiciones que puso su Ejecutivo para iniciar un diálogo serio con los populares. No han respondido formalmente, pero en rueda de prensa dejaron claro que son inasumibles. Lo que es «totalmente aceptables» para unos es un «chantaje»para otros. Ahí se pedía, entre otras cosas, la eliminación de la 'cláusula Silva' para garantizar la subida del sueldo de los docentes.

Como los regionalistas, también en el PSOE lamentan «las urgencias por simular estabilidad en Cantabria presentando un proyecto de Presupuestos sin apoyo parlamentario para aprobarlo». Lo que ocurre es que los socialistas, salvo sorpresa mayúscula, no darán sus votos. ¿Y Vox? Pues la jefa del Ejecutivo venía dejando claro que no estaba en su guion, ni mucho menos, acercarse al partido de Santiago Abascal. Pero también había dicho que descartaba convocar elecciones anticipadas en caso de no superar la votación presupuestaria y ayer fue mucho menos contundente. Sigue siendo optimista, aunque ya no descarta poner las urnas de forma anticipada y se limita a dar una patada adelante al balón:«Es una decisión muy seria. No voy a adelantar acontecimientos».

Los populares ya han aprobado dos Presupuestos con el PRC, así que Vox, al que sí convenció el PP para sacar adelante la Ley de Simplificación, era la opción 'b'. También ellos tienen sus condiciones. Mano dura contra la migración ilegal, reducción del gasto político y de las aportaciones a sindicatos y, quizás por encima de eso, un plan de choque fiscal con reducción generalizada de impuestos. Porque en la Ley de Medidas Fiscales que acompaña al borrador de las Cuentas solo algunos retoques en materia de impuestos, sobre todo en forma de deducciones en el IRPF en materia de vivienda, enfermedades raras y apoyo a la familia. Cosas puntuales, porque la gran rebaja fiscal que prometió en campaña Buruaga ya se hizo en 2024.

Preguntado ayer por si hay más margen para bajar impuestos con el documento elaborado por Economía, dado además que afirma que la política del PP está provocando un importante aumento de la recaudación y que esto es lo que permite también más gasto sin incurrir en deuda, el consejero Agüeros dio a entender que sí. Estudiarán «cualquier demanda de rebaja que venga», dijo al ser cuestionado por las exigencias de Vox. Y de manera genérica, el responsable de las arcas autonómicas recordó que serán sensibles con cualquier aportación de los grupos en la negociación que ahora se abre y que, tras las enmiendas de los partidos en el Parlamento, el Presupuesto que ha salido de la Cámara ha sido siempre mejor que el borrador que entró.

Al contrario de lo que acostumbraban sus antecesores, Agüeros no hizo una previsión del crecimiento del empleo y la economía cántabra para 2026 en la presentación de las Cuentas. Sí de la evolución de la deuda. Economía estima que cerrará este año por debajo del 17% –cuatro puntos menos que la que dejó el bipartito– y que acabará 2026 alrededor del 15%. Y eso que se destinará menos dinero a este capítulo, porque se seguirán pagando intereses, pero no será necesario renovar varios de los créditos que vencen el siguiente ejercicio por la mejor situación –en teoría– de liquidez. Todo gracias al aumento de la recaudación y al crecimiento del dinero que envía el Ministerio de Hacienda como parte de las entregas a cuenta:un 7,8% más pese a que no podrá usar todo ello para inversiones porque no lo permite la regla de gasto.

Agüeros sí confirmó que el sueldo de los altos cargos subirá igual que el del resto de trabajadores públicos –el porcentaje aún lo tiene que decidir el Gobierno central–, que en la Ley de Medidas Fiscales se aprovechará para modificar «por la puerta de atrás» –como decía el PP en la oposición– otras leyes en materia de urbanismo o caza, aunque el consejero no supo concretar y que el reparto de las transferencias entre los 102 municipios se hará sin atender al color político.

Es verdad que sube el dinero que se envía a los alcaldes para inversiones, pero en cambio baja el de las inversiones reales de las consejerías. La más inversora, la de Fomento, gana peso por el espectacular incremento de las políticas de vivienda (un 63% hasta los 60,2 millones). Por consejerías, todas tendrán más dinero menos Economía y Presidencia, aunque la caída en esta última se compensa con la subida en el Servicio de Emergencias. Los gastos en personal (1.376 millones) suponen un tercio del total y el gasto corriente llega a 663 millones.