Cantabria cambiará la ley para cobrar los rescates a los imprudentes

Los profesionales de emergencia llegaron ayer con la respuesta a todas esas preguntas a la puerta de Peña Herbosa: los informes técnicos no han podido demostrar, con la Ley de Medidas en la mano, si la lesión se debió o no a una temeridad, de modo que la joven no tendrá que abonar ningún dinero a la Administración ni pagar por su presunta irresponsabilidad. Eso ya no es importante para el Ejecutivo, que ya se está centrado en que la nueva normativa -que no tendrá carácter retroactivo y sólo tendrá validez ante los casos que ocurran después de su creación- pueda establecer realmente cuando sí y cuando no se puede aplicar una tasa por valor del rescate a cada irresponsable que teclea el 112.

Ante la ambigüedad que ha revelado la actual norma en este caso, el Gobierno quiere revisar la norma actual en los próximos Presupuestos Generales de Cantabria para establecer unas condiciones más claras y poder aplicar, si es preciso, la tasa a los irresponsables. La reforma consiste en establecer unos supuestos claros que estén sujetos a la aplicación del impuesto, como ocurre en otras comunidades autónomas como Asturias, Castilla y León o País Vasco. «Serán unos criterios objetivos imponibles», como informó la directora general de Interior, Jezabel Morán, y que serán los siguientes, como explicó: el Gobierno podrá aplicar la tasa siempre que se realice la actividad en un lugar prohibido; cuando haya habido un aviso meteorológico adverso que incrementa el riesgo (naranja o rojo); cuando no se hayan cumplido los trámites legales previos para obtener autorización o permiso para realizar la actividad y, por último, cada vez que esa práctica -espeleología, senderismo, montaña...- se esté haciendo sin el equipamiento adecuado. Todos ellos, comunicó la responsable, «serán hechos objetivos que establecerán de forma clara el hecho imponible, sin necesidad de imponer ninguna sanción porque, directamente, el Gobierno podrá aplicar la tasa en tales condiciones».

Sólo hay dos excepciones en las que no se aplicará y que quedarán contempladas en la nueva Ley de Medidas que quiere redactar la Administración: los casos en los que estén involucrados menores de 16 años, por un lado; y, también, personas con una discapacidad que les impida valorar el riesgo en cuestión. Estas personas, sea cual sea el caso, no tendrán que pagar una presunta imprudencia por manifiesta que sea.

Desde que el tema salió a la palestra, más que nunca desde el rescate de la joven en el Faro del Caballo, el 20 de agosto, han sido varios los colectivos de deportistas y municipios afectados los que han avanzado la «línea tan delgada» que podría separar unos casos de otros. El margen para tomar una decisión en los despachos de Emergencias era muy fino, y por eso el Gobierno quiere ensancharlo cuanto antes para que esta falta de pruebas no vuelva a dejar en evidencia la ambigüedad de la norma.

Y aunque el Ejecutivo regional jamás ha cobrado un auxilio en 17 años desde que publicó la Ley de Medidas, a juzgar por los datos de rescates que se han realizado este año, tendrá más oportunidades de hacer pagar las imprudencias. Hasta el día 1 de este mes los equipos de Emergencias realizaron ya 250 asistencias repartidas en playas, montañas y otros puntos de la costa, 35 de ellas con helicóptero medicalizado, un vehículo por el que el Gobierno paga al año hasta 1.790.000 euros, aunque se moviliza también en los dispositivos preventivos, traslados sanitarios, formación o extinción de incendios.