Cantabria ha celebrado 127 juicios con jurado popular en los últimos 25 años

En Cantabria, el primer juicio con tribunal popular tuvo lugar dos años más tarde, en concreto, el 16 de junio de 1998. Seis hombres y tres mujeres legos en leyes, con una edad media de 28 años, juzgaron a un hombre acusado de matar a su compañera de trabajo, bajo la presidencia de la magistrada María José Arroyo, presidenta ahora de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria.

«Déjense llevar por su sentido común y su conciencia», aconsejó entonces la fiscal Pilar Martín Nájera, hoy en el Supremo, a los asustados ciudadanos.

Tras cuatro días y medio de sesiones maratonianas (de día y tarde) llegaron a la conclusión unánime de que el acusado era culpable y fue condenado a 16 años de prisión.

La Ley del Tribunal del Jurado había entrado en vigor en 1995, pero en los primeros casos tramitados -dos funcionarios de Correos acusados de meter la mano en el cajón- hubo acuerdo previo. Los imputados (ahora este término se ha sustituido por el de investigado) prefirieron asumir la condena sin rechistar a enfrentarse a un jurado popular.

En lo que va de año se han celebrado en Cantabria al menos cuatro juicios con jurado que han tenido repercusión mediática. Entre ellos se encuentra el que se celebró frente a Pracelis Dominga Torres, condenada a 14 años y 9 meses de cárcel por matar a su cuñada en Torrelavega; el del primer asesinato por violencia machista en 2019, que tuvo lugar en Laredo, y por el que fue condenado Tomás Maestre a 27 años de prisión; el del atropelló en la Avenida de los Infantes (Santander), por el que un joven fue condenado a dos años de cárcel, y el de la plataforma de alimentos de Camargo, por el que fue castigada a un año y medio de cárcel la exsecretaria de Ganemos Camargo, Jimena González.

Desde el primer caso hasta el pasado mes de julio se han celebrado en la región un total de 127 juicios con tribunal popular.

Para poder ejercer de jurado se requiere ser español mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de tus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido, y contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función. Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia, debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este cometido.

Por contra, no podrán ejercer de jurado los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detención, prisión provisional o cumpliendo pena por delito; y los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público, mientras dure dicha suspensión.

Por cada día de juicio, la Administración regional paga a cada uno de los jurados legos (nueve titulares y dos suplentes) 67 euros, a los que hay que añadir gastos de desplazamiento y de manutención, que incluye un desayuno a media mañana durante el juicio y, en su caso, la comida el día de la deliberación y el alojamiento en un hotel si el tribunal popular tuviera que permanecer aislado de su entorno habitual durante más de un día. Hecho excepcional puesto que apenas se ha dado un caso en todos estos años. Además, Justicia retribuye con 33,5 euros, más gastos de viaje, a los 30 candidatos a jurado que han de presentarse a la selección el mismo día del juicio.

En estos 25 años, solo ha sido modificada la ley del Tribunal del Jurado en tres ocasiones (abril de 2003, junio de 2015 y febrero de 2018). Uno de los debates que está sobre la mesa es la necesidad de actualizar los tipos de delitos que se juzgan mediante el jurado popular (homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos), así como diversos delitos cometidos por funcionarios públicos (cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos).

La prestigiosa abogada penalista Carmen Sánchez Morán se muestra partidaria del tribunal del jurado «porque es una forma de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos». «Al involucrarse en la Administración de Justicia se comprende mejor la función de los jueces y se aprende a respetar sus decisiones».

Sánchez Morán cree que la principal preocupación de la gente a la hora de ejercer de jurado es «el miedo a no saber hacer las cosas bien», pero «lo miembros del jurado solo deben pronunciarse sobre hechos» y «eso lo puede hacer desde el panadero hasta un catedrático». «Luego es el presidente, que es un magistrado profesional, el que tiene que aplicar el Derecho. Y la clave es que cumpla su función de dirigir el juicio y de instrucción a los miembros del jurado».

Partiendo de la premisa de que la extracción de ciertos delitos de la competencia del jurado es algo «político», esta letrada cree que algunos que afectan a políticos, como el cohecho y la malversación, deberían ser excluidos «porque son muy técnicos».

Uno de los juicios con jurado que se han celebrado este año, en concreto en el mes de abril, y que tuvo más repercusión mediática, fue el que acabó con una condena de 27 años de cárcel para Tomás Maestre por el asesinato de su novia, Rebeca Alexandra Cadete, en Laredo, en el que fue el primer crimen de violencia de género en España en el año 2019.

María fue uno de los 11 jurados legos (nueve titulares y dos suplentes) que fue seleccionada para participar en la vista oral, presidida por el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Ernesto Sagüillo.

«Cuando recibí la notificación en la que me comunicaban que había sido seleccionada pensé en poner alguna excusa relacionada con el trabajo para no ir, porque consideraba que era un 'marrón' y que habría otras personas más capacitadas para hacer esa función, pero ahora creo que ha sido una buena experiencia que creo que todo el mundo debería vivir». María, que percibió 380 euros por los cinco días de juicio y las dietas, dice que antes de ser seleccionada hubo una criba entre 40 personas. «Nos hicieron varias preguntas, tanto el fiscal como las acusaciones y la defensa. Entre ellas si sería capaz de meter a la cárcel a una persona que ha asesinado a su mujer o si podría mirar al acusado a los ojos». Una vez que empezó a celebrarse el juicio reconoce que hubo dos momentos en los que los pasó «mal». Uno, cuando testificaron las amigas de la joven asesinada, que presenciaron los hechos, y otra, cuando les mostraron los cuchillos que empleó el asesino. «Esa noche no dormimos ninguno de los jurados». Superado eso, llegó el momento del veredicto. «Hubo alguna duda, pero al final coincidimos con lo que mantuvo el fiscal».