Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros

La resolución, contra la que cabe recurso ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, obliga a De Alfonso a devolver la mitad de los 205.000 euros que le reclamaba la Fiscalía y la Oficina Antifraude, dado que los cobros injustificados anteriores al 27 de marzo de 2013 están prescritos y los posteriores a 2014 quedan justificados por un cambio normativo.

La ponente subraya que la actuación del exdirector fue «gravemente negligente», pues entre 2012 y hasta su cese en 2016, cobró siete trienios de su carrera judicial por un importe correspondiente a los devengados en la Oficina Antifraude, lo que se traduce en una cantidad sustancialmente superior a la que le correspondía.

En la sentencia, se recoge que en 2012, 2013, 2014 y 2015 De Alfonso se embolsó 39.969,28 euros cada año, mientras que en 2016 cobró 20.179,92 euros.

La ponente considera prescrita la «responsabilidad contable derivada de todos los pagos injustificados efectuados antes del día 27 de marzo de 2013», dado que el plazo legal para reclamarlos es de cinco años, si bien la Oficina Antifraude presentó la denuncia en 2018. Además, argumenta que el pago de los siete trienios de antigüedad completados por De Alfonso antes del inicio de su mandato como director de la OAC, por el importe correspondiente a los trienios devengados en la entidad, debe considerarse injustificado por falta de la debida cobertura legal.

Sin embargo, matiza que solo carece de cobertura legal durante el tiempo en que estuvo vigente la redacción del artículo 94 de los Estatutos del Régimen y Gobierno Interiores del Parlamento de Cataluña (ERGI), aprobada con fecha 22 de abril de 2009; por el contrario, a partir del año 2015, dicho pago sí debe considerarse justificado por cuanto contaba con la debida cobertura legal. También considera que otorgó trienios irregulares a la entonces directora adjunta, Maite Masia, y al jefe del Área de Administración, Recursos Humanos y Presupuesto, Josep María Sangenis.

El Tribunal de Cuentas sostiene que los hechos no derivan de un error contable, sino de la incorrecta aplicación de las normas jurídicas sobre reconocimiento de antigüedad por los servicios prestados en otras entes públicos y sobre cuantificación de los trienios generados dentro y fuera de la OAC.

En este sentido, esgrime que la formación jurídica del exdirector «es incuestionable» y que tendría que haber detectado esos errores jurídicos evitando así la producción de los daños.