La nueva sentencia del Supremo sobre los derribos supondrá un «gravísimo quebranto económico»

Vilela durante una protesta de AMA /Celedonio Martínez
Vilela durante una protesta de AMA / Celedonio Martínez

Los afectados reclaman al Ejecutivo cántabro una solución definitiva y su portavoz, Antonio Vilela, subraya que «no puede ser que se tiren viviendas que luego pueden ser legales» cuando se apruebe un nuevo Plan General de Ordenación Urbana

DM .
DM .Santander

El Gobierno de Cantabria ha mostrado hoy su preocupación por el pronunciamiento del Tribunal Supremo que supone la reactivación de los procedimientos de ejecución de sentencias de derribo, paralizados desde el año 2016, porque supondrá un «gravísimo quebranto económico». La resolución del Supremo rechaza, en contra del criterio del Gobierno cántabro, que se deba fijar el importe de la indemnización antes de demoler las viviendas, con lo que se da vía libre a los jueces de la región para que reactiven la ejecución de las sentencias de derribo, paralizadas cuando el Gobierno regional recurrió la aplicación del artículo 108.3 de la Ley Reguladora de lo Contencioso-Administrativo, que fijó como condición previa a la demolición que se garantice la indemnización.

Una vez abierta la vía para la ejecución de las sentencias, los jueces requirirán al interventor para que en el plazo de tres meses consigne el crédito correspondiente para avalar las indemnizaciones, al tiempo que pedirá al Gobierno que presente los proyectos de demolición y consigne en su presupuesto el importe de las fianzas. El Ejecutivo consignó un total de cuatro millones en las cuentas de 2018 para derribos.

En declaraciones a Europa Press, el director general de Urbanismo, Francisco González (PSOE), cree que la sentencia del Supremo puede derivar en situaciones «paradójicas e incongruentes», como derribar viviendas ilegales e indemnizar a sus propietarios y que, luego, el plan general de ordenación urbana en trámite permita construir en ese lugar concreto «lo mismo que se tira», como ocurriría en el caso de Miengo. En su opinión, la sentencia del TS complica ese objetivo porque «no va a dar tiempo en muchos casos» a aprobar esos planeamientos que, ha recalcado, «no se hacen para salvar situaciones de ilegalidad», sino por «un interés general».

González ha recordado que el Gobierno de Cantabria tiene firmados convenios con los afectados, que establecen como hoja de ruta la aprobación de los PGOU y, en los casos en que no sea posible, la legalización de las viviendas por esa vía, una vivienda de sustitución y si no una indemnización antes del derribo.

AMA : ya no hay excusas

Por su parte, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) considera que «ya no hay excusas» para no dar una solución definitiva a los propietarios de las viviendas con sentencias de derribo

Según el presidente de AMA, Antonio Vilela, a partir de ahora tanto el Gobierno de Cantabria como los ayuntamientos «se tienen que poner las pilas porque ya no valen excusas ni tienen ningún paraguas detrás del que esconderse».

Vilela ha dicho a Efe que estas sentencias tienen que ayudar a que se cumpla la declaración institucional que aprobó por unanimidad el Parlamento de Cantabria en mayo de 2017, en la que se pedía una solución definitiva esta legislatura que no supusiera un menoscabo en el patrimonio de los afectados.

Así, AMA va a reclamar que el Gobierno regional ponga los recursos necesarios «para pagar los daños que ha causado» y que los ayuntamientos presenten sus planes generales ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria «para saber lo que es legal y lo que no es legal». «Lo que no puede ser es que se tiren viviendas que luego puedan ser legales», ha apuntado.

Aspectos positivos de la sentencia del TS

AMA no ve las resoluciones del Supremo «tan negativas como puede parecer en un primer momento» y encuentra en ellas varios aspectos positivos.

Uno de ello es, según Vilela, que «pide garantías para abonar los daños producidos a terceros por los ilícitos que hayan podido cometer las administraciones públicas». Y aunque le gustaría que fueran mayores, cree que eso supone «un paso adelante sobre lo que existía anteriormente en la legislación».

A los afectados también les parece importante ir despejando dudas sobre la constitucionalidad del artículo 108.3, que consideran «una herramienta muy útil para todos los ciudadanos, para poder protegerse de las administraciones públicas».

Ve positivo que se vaya dando seguridad jurídica a la interpretación de ese precepto que, por su redacción, «ofrecía alguna duda», y sobre todo que «no sirva para paralizar procesos en los que nunca se acabe de reparar el daño causado».

La parte menos positiva, a su juicio, es que se sigue viendo «la gran laguna» que sigue existiendo en la legislación española sobre la protección de terceros de buena fe si se compara con los países del entorno. «Sigue existiendo una cosa que es difícil de entender: que el daño lo produzcan las administraciones públicas, pasen veinte años y no hayan reparado el daño causado a los terceros», ha subrayado.

A AMA le habría gustado también que en la sentencia hubieran sido «más visibles» los afectados, que no han podido ser parte en el proceso por el coste económico que representaba, ha señalado.

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