«Después de 15 años, ¿qué futuro nos espera?»

Tres trabajadoras del servicio de limpieza que la empresa Itma prestaba en la Consejería de Educación han presentado una demanda de conciliación contra la entidad y la Consejería en el Orecla y en el Juzgado de lo Social de Santander. Lo hacen para reclamar, entre otros asuntos, su «derecho a la ocupación efectiva» de su puesto de trabajo, ya que, desde el 7 de enero, desde que terminase el contrato entre la Administración y la empresa, no pueden acceder al lugar donde han desempeñado su labor.

La situación es enrevesada: el contrato de prestación de servicios entre Consejería y empresa, luego de prórrogas, finalizó en enero, pero la empresa mantiene el alta laboral de estas mujeres (tampoco las reubica o les da alternativa). Ellas, trabajadoras que han desempeñado su labor durante años en las plantas sexta y octava del edificio de la calle Vargas, en Santander, subrogadas por Itma y por otras entidades anteriormente, tratan a diario de acceder a su puesto a modo de resistencia. Se sienten el eslabón más débil. «Después de 15 años, ¿qué futuro nos espera?», se preguntaban este miércoles Ángela Lorenzo, Covadonga Herrero e Isabel Gómez. Su empleo parcial –tres horas diarias– es la única vía de ingresos en los tres casos. Y llevan vinculadas a este lugar de trabajo desde 2002. «Sentimos impotencia», declaran.

El abogado de las trabajadoras, Juan Manuel Ruiz Gutiérrez, teme que la empresa acabe despidiendo a estas trabajadoras. «Y hablamos de salvaguardar el interés de las trabajadoras, que es su puesto de trabajo». Lo deseable, añade, es que la Consejería hiciera «un contrato menor para salvaguardar estos intereses a corto plazo, y fuera preparando el pliego de condiciones para licitar el concurso» del servicio. Así, las trabajadoras podrían 'subrogarse' de nuevo (en la demanda también se solicita ese «derecho a la subrogación»), como han hecho durante años. Por otro lado, que actualmente la limpieza de estas dos plantas las realice personal laboral de la Administración a Ruiz le parece reprobable, toda vez que no se ha cerrado 'de facto' la relación con las trabajadoras que llevan tantos años ligadas a ese lugar. «La Administración está actuando de forma torticera contra estas trabajadoras, es un tema de dignidad y moralidad», indica Ruiz. «Se actúa sin escrúpulos contra los trabajadores», añade.

Este miércoles, Educación precisó los tiempos del contrato. Su duración inicial era entre el 1 de marzo y el 21 de diciembre de 2018; se prorrogó del 1 de enero al 31 de octubre de 2019, y luego se tramitó un contrato menor por dos meses. El contrato, indican fuentes de Educación, «vinculaba a la Consejería con la empresa, no directamente con las trabajadoras».

Desde comienzos de mes ellas acuden al que fuera su lugar de trabajo. No pueden acceder a las plantas donde han ejercido su labor, hay orden de que no sea así, pero dejan constancia en la entrada de la Consejería de que han estado allí (la Inspección de Trabajo, indica Ruiz, conoce la situación). Luego se dirigen a Delegación de Gobierno y hacen lo mismo. Ese pequeño recorrido es su forma de rebelarse ante una situación que no logran entender.

Y no acaban de comprenderla porque sus interlocutores guardan silencio. La empresa, dicen, no les ha ofrecido aclaración alguna; ni siquiera, aseguran, les comunicó a comienzos de enero que el contrato había finalizado. Por otro lado, fuentes de Educación indican: «La Consejería comunicó la finalización del contrato a la empresa adjudicataria que, en todo caso, era consciente en todo momento del periodo de vigencia».