La falta de jueces en Cantabria obliga a señalar vistas para dentro de dos años

Apenas un mes después de este aviso, la situación ha empeorado por la marcha de tres de los seis jueces de lo Social, lo que está obligando a señalar vistas para noviembre de 2027. «Tenemos un problema muy grave», reconoce el máximo responsable del TSJC.

Tal y como adelantó López del Moral en el Parlamento, dos jueces de la Jurisdicción Social habían pedido el traslado al TSJ del País Vasco, logrando un ascenso profesional que en Cantabria «estaba más complicado», y un tercero ha decidido cogerse la jubilación voluntaria. Eso ha provocado que dos de los jueces de refuerzo –denominados técnicamente de adscripción territorial– están ocupando dos de las tres plazas que han quedado vacantes, mientras que los juicios del tercer juzgado sin juez los están asumiendo entre el resto de magistrados. La tercera jueza de refuerzo que existe en Santander está destinada a uno de los juzgados de Primera Instancia. «La información que se nos ha facilitado apunta a que en estos momentos no es posible contar con más jueces de refuerzo y tampoco pueden incorporarse más jueces sustitutos, dado que las listas actuales están cubriendo plazas en distintos órganos judiciales de la región», apunta el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez, quien traslada la «enorme preocupación» del colectivo al que representa por el retraso en la celebración de vistas judiciales.

«Estamos atravesando un contexto especialmente complejo. Están tardando un tiempo excesivo en cubrir las plazas que han quedado vacantes, lo que agrava la falta de recursos humanos. Y cuando esta situación coincide con la imposibilidad de disponer de más refuerzos de la carrera judicial o de jueces sustitutos, el resultado es un bloqueo estructural que repercute directamente en la ciudadanía», lamenta.

Pérez considera que los principales perjudicados de esta situación son «los ciudadanos y los profesionales de la abogacía». «Procedimientos tan sensibles como las reclamaciones por despido, las incapacidades laborales, las reclamaciones de cantidad, las impugnaciones de altas médicas o los asuntos de prevención de riesgos laborales están ya sufriendo una demora sustancial», apunta el decano de la Abogacía cántabra, que reclama «medidas inmediatas» para restablecer la normalidad en los juzgados de lo Social. Esas medidas deben ser, a su entender, la provisión ágil de las plazas vacantes, la recuperación de los refuerzos necesarios y una planificación que evite que estos episodios vuelvan a repetirse. «La justicia tardía deja de ser justicia. Y no podemos permitir que miles de ciudadanos y profesionales sigan soportando una situación que compromete gravemente un derecho fundamental».

Justino Sánchez, delegado de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Unión Sindical Obrera (USO) en Cantabria, comparte la misma preocupación que el colectivo de abogados y califica de «caótica» la situación que atraviesan los juzgados de lo Social. «Nos están suspendiendo un número importante de vistas y eso supone retrasar cuestiones de derechos fundamentales o incluso juicios rápidos». Este representante sindical también reclama una solución urgente a una problemática que, lejos de paliarse, «sigue creciendo».

La situación es tan preocupante que algunos jueces de lo Social empiezan a acumular «mucho estrés» y están «quemados». Así lo traslada el menos el titular del Juzgado de lo Social Nº4 de Santander, Óscar Ferrer, quien considera que al menos hacen falta «tres jueces» para absorber la alta litigiosidad de esta jurisdicción, que es la más sobrecargada junto a la Civil. «Vamos con la lengua fuera y tenemos que buscar ese equilibrio entre dictar sentencias de calidad y sacar adelante el mayor número de casos posibles».

Este magistrado considera que la nueva Ley de Eficiencia Judicial puede estar bien «si va acompañada de la llegada de más jueces». «Hasta ahora, la incorporación de más jueces requería la creación de nuevos juzgados, pero con la nueva ley, no. Veremos que pasa cuando se aplique en Santander», apunta.

El titular del Juzgado de lo Social Nº4 de Santander cree que este año van a llegar a la cifra de un millar de asuntos recibidos, «con lo que la pendencia sigue aumentando». «O bajan los asuntos o vienen más jueces. Esto es una barbaridad. Hay casos graves de gente que no puede trabajar y le niegan la incapacidad, y lo que intentamos es adelantarles la vista, pero no podemos hacerlo con todas las causas».

Más allá del problema que arrastra la Jurisdicción Social, la decana del Colegio de Procuradores, Rosaura Diez, amplía la crítica hacia la situación de la Justicia en Cantabria como consecuencia del nuevo sistema organizativo que se ha empezado a aplicar el pasado mes de julio en todos los partidos judiciales de la región, salvo en Santander, que entrará en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, y que califica de «catastrófico». «Hay mucho desconcierto y caos y un gran malestar entre el personal de los juzgados, lo que está provocando un aumento vertiginoso de la pendencia y jubilaciones de funcionarios y otros agentes», valora.

La decana de los procuradores no sabe qué ocurrirá a largo plazo, pero lo que tiene claro es que, hasta la fecha, el modelo de oficina judicial «está siendo un fracaso estrepitoso». «Para alcanzar la deseada eficiencia de la Justicia, lo primordial es optimizar la utilización de los recursos, además de aumentar el personal», concluye.

En cualquier caso, lo que deja muy claro el presidente del TSJC es que «no hay previsión de disponer de más jueces en un plazo breve de tiempo». Es más, recuerda que en el caso de Cantabria, lejos de aumentar sus efectivos, los va a perder después de que el Gobierno de España decidiera suprimir uno de los cinco juzgados de Instrucción de Santander para convertirlo en otro de Violencia sobre la Mujer, que, por otro lado, López del Moral cree que es necesario.

Pese a la delicada situación que atraviesa la Justicia en Cantabria, que a 30 de junio tenía 39.140 asuntos pendientes de resolución, el presidente del TSJC destaca el «gran esfuerzo» que están realizando los magistrados de la región y que se traduce en el aumento de resoluciones, que en el segundo trimestre de este año superaron el número de casos recibidos. En concreto, recibieron 20.626 asuntos y resolvieron 23.192. Esto sitúa la tasa de resolución en Cantabria –la que pone en relación la salida con la entrada de asuntos– en 1,12, o lo que es lo mismo, un doce por ciento más de lo que entra.

A nivel nacional, la tasa de resolución se situó en un 1,05, por lo que Cantabria se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor eficiencia resolutiva de todo el país.