La fiscal mantiene la acusación a Mirones a pesar de que se ha quedado sin prueba

Vista general del juicio que se celebra en la Audiencia contra Miguel Mirones./Antonio 'Sane'
Vista general del juicio que se celebra en la Audiencia contra Miguel Mirones. / Antonio 'Sane'

Los testigos de la defensa respaldaron la versión del acusado y aseguraron que la operación de compraventa que se juzga fue acordada por toda la familia

CONSUELO DE LA PEÑA Santander.

Sin testigos de cargo y con unos informes periciales adversos a su tesis acusatoria, la fiscal Maite González ha mantenido la pena de dos años de prisión por un delito de apropiación indebida para el expresidente de la CEOE y actual presidente de la Asociación Nacional de Balnearios (Anba), Miguel Mirones, y su hermano Santos, que están siendo juzgados en la Sección Tercera de la Audiencia. El juicio ha quedado descafeinado después de que los cuatro hermanos Mirones, que habían acusado al empresario de hacerse con el grupo termal familiar con malas artes, retiraran la querella en la primera jornada.

Visiblemente enfadada por la marcha atrás familiar, que se produjo tras el acuerdo extraprocesal fraguado horas antes de la vista iniciada el martes, la representante del Ministerio Público renunció a interrogar a los peritos y apenas interpeló a los testigos, mientras todos ellos, unos y otros, santificaban la actuación del principal imputado y avalaban su versión. En este escenario daba la impresión de que la fiscal había arrojado la toalla e iba a retirar la acusación también, pero, concluida la prueba, y llegado el momento de fijar posiciones, persistió y anunció que este jueves, último día de juicio dedicado a los informes de conclusiones, mantendrá la acusación en un gesto de 'sostenella y no enmendalla'.

El juicio se le puso de cara para Miguel Mirones cuando su hermano Javier, principal artífice de la querella, amagó y se negó a declarar invocando esa relación fraternal. Sólo quedaban los dos testigos de la defensa, porque su abogada renunció al resto: el abogado Carlos Soto Mirones, primo de los hermanos Mirones, «asesor de la familia», según dijo, y secretario del Consejo de Administración de la sociedad Tres Mares, el principal activo del grupo termal, que explota siete balnearios en España; y Gema Conde González, miembro también del Consejo de Administración en representación de Cantabria Capital, un fondo de capital riesgo que en 2009 entró en el accionariado.

Los peritos de la defensa dicen que el valor de las acciones era «razonable»

Ambos avalaron la versión del expresidente de CEOE, que aseguró que la operación que se cuestiona -la compraventa de Tres Mares, a través de una sociedad 'durmiente' propia que activó para el caso, un día antes de que sus hermanos le echaran del Consejo de Administración y le retiraran sus poderes, y en condiciones muy ventajosas para él y perjudiciales para los demás socios- fue «pactada y acordada» con toda la familia y, sobre todo, con Javier, el responsable financiero del grupo.

Soto Mirones explicó que en 2013 la sociedad tuvo problemas de tesorería y liquidez, hasta el punto de que no podían pagar el alquiler del balneario Termas Pallarés (Zaragoza) ni a la plantilla. En esta tesitura, el fondo de capital riesgo exigía la entrada de crédito, para lo que los bancos pedían avales personales como garantía de los préstamos, a lo que Javier Mirones no estaba dispuesto.

Tal y como señaló el imputado la víspera, los hermanos tenían una «visión distinta del negocio» y «tratamos de poner paz» y buscar «una solución armónica». El acuerdo familiar se alcanzó el día 1 de agosto, de 2014 en su despacho, donde se acordó separar las empresas. Soto contó que Miguel Mirones se quedaba con la sociedad Tres Mares a un precio pactado de 5,47 euros por acción, que fue referencia en otras operaciones, en tanto que Javier y los otros tres hermanos se hacían con Balneario y Hoteles de Cantabria S. L., que gestiona los Apartamentos Aranzazu, de Santander.

El testigo subrayó también que, ratificada la operación y la separación de la sociedad, el abogado de Javier Mirones «instó» a que la venta se hiciera «con carácter inmediato» y amenazó «con echar a Miguel de los puestos de representación y laborales» si no aceleraba la operación. En esta línea, el letrado explicó que tanto la madre del clan familiar como el hermano monje cisterciense, ambos accionistas, «se disgustaron mucho con la querella porque no querían que las discrepancias se resolvieran en un proceso penal».

Los peritos de la defensa desacreditaron el informe técnico presentado por los querellantes, que concluía que la compra se hizo por debajo de su valor. En su opinión, el valor fijado era «razonable» y sustentado en un pacto de socios y conforme al Plan General de Contabilidad.

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