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Un agente local identifica a un menor. DM
La Fiscalía archivó 135 delitos en 2017 al ser atribuidos a menores de 14 años

La Fiscalía archivó 135 delitos en 2017 al ser atribuidos a menores de 14 años

La cifra de jóvenes inimputables por su edad aumentó un 50% en Cantabria. La mayoría de casos tiene que ver con hurtos, lesiones y acoso en el ámbito escolar

Daniel Martínez

Santander

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Jueves, 1 de enero 1970

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Hay que remontarse hasta 2014 para encontrar en Cantabria un caso de homicidio en el que estuviera implicado un menor de edad. Marco, ya juzgado y sentenciado, participó junto a su madre y la pareja de esta en el asalto en Castro Urdiales a la vivienda de una mujer de 80 años que falleció por asfixia. El juez consideró que mientras él registraba los cajones, la otra mujer, pareja de su madre, siguió presionando con el trapo la nariz y la boca de la anciana que falleció, según la autopsia, por «muerte violenta». Antes, otro menor, Álvaro, asesinó a su abuela en la localidad de Treto. Los hechos ocurrieron en mayo de 2013. En la sentencia se consideró probado que golpeó «repetidamente con violencia en la cabeza» a su abuela Anna después de una discusión. Ambos jóvenes fueron condenados a internamiento en régimen cerrado -seis años en el caso de Álvaro-. Si hubieran cometido esos mismos delitos unos meses antes les habría salido gratis.

La ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores (popularmente conocida como Ley del Menor) establece que es aplicable sólo a mayores de catorce años y menores de dieciocho y que si el delincuente tiene 13 o menos años se aplicará «lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil». Es decir, que los padres tienen que asumir la responsabilidad patrimonial correspondientes, pero ellos no reciben castigo alguno. Lo normal es que el caso se archive penalmente porque no hay un sujeto al que responsabilizar. Y carpetazo definitivo si no hay más implicados.

Interior contabiliza 463 víctimas de delitos menores de 18 años

El Ministerio del Interior contabilizó el pasado año 463 menores de edad que fueron víctimas de algún delito cometido en Cantabria. La cifra es prácticamente un calco a la de ejercicios anteriores. Según los datos aportados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, los casos más comunes fueron los de lesiones (166)y hurtos (97). Entre los supuestos más lesivos se encuentran los 29 episodios de malos tratos en el ámbito familiar, los seis de agresiones sexuales (uno con penetración) y otro de pornografía infantil.

Eso fue lo que ocurrió el pasado año en la región en 135 ocasiones. Todos esos expedientes llegaron ante la Fiscalía de Menores, se comprobó que sus responsables no llegaban a la edad mínima y quedaron forzosamente apartados. Según la memoria fiscal de 2018, que recoge datos del ejercicio anterior, estas cifras suponen un crecimiento cercano al 50% y siguen la misma tendencia que los delitos cometidos entre menores de entre 14 y 18 años. Este repunte no deja indiferente al Ministerio Fiscal en Cantabria, que lo califica como un incremento «muy notable».

Medidas judiciales contra menores

-Internamiento cerrado o semicerrado: 20 casos

-Permanencia en centros durante el fin de semana: 5 casos

-Libertad vigilada: 68 casos

-Realización de servicios a la comunidad: 76 casos

-Convivencia en grupo educativo: 4 casos

La evolución estadística de la comunidad autónoma es contraria a la media nacional. En todo el país se archivaron 8.553 diligencias por este mismo motivo frente a las 9.496 de 2016. Andalucía, con 2.106 expedientes, encabeza el ranking nacional por delante de Cataluña (1.466) y Madrid (1.032). Entre las tres suman más que las 14 regiones restantes. En cualquier caso, existe una relación evidente entre estos números y el tamaño y los índices de criminalidad de los territorios. «La mayor incidencia se ha observado en infracciones de contenido patrimonial, principalmente delitos leves de hurto, así como de lesiones», apunta la Fiscalía de Cantabria. En términos absolutos, en todo el país, aunque estos mismos supuestos siguen siendo los más numerosos, el aumento porcentual se debe al crecimiento de las denuncias por «violencia intrafamiliar y sobre todo acoso escolar y su variante tecnológica de ciberbullying».

Más datos

  • 1.118 diligencias relacionadas con menores se abrieron el pasado ejercicio (+20%).

  • 87,4% de los menores con algún medida judicial eran varones: 237 frente a 34 mujeres.

  • 271 menores cumplieron el pasado año algún tipo de medida judicial penal.

  • 2 menores tuvieron que cumplir con un internamiento cerrado durante 2017.

  • Nuevos delitos La Fiscalía de Cantabria atribuye el aumento en el número de expedientes archivados al crecimiento de delitos como el acoso escolar.

  • Contra corriente A nivel nacional, la cifra de archivo de expedientes que se atribuyen a menores de 14 años bajó en 2017. Hubo 8.553 casos frente a 9.496 de 2016.

Todo lo anterior afecta a menores de 14 años. A partir de esa barrera y hasta la mayoría de edad, los delitos que se cometieron en Cantabria sí tienen consecuencias. Frente a las 1.188 diligencias que se abrieron por hechos cuya responsabilidad se atribuye a estos perfiles hubo 271 menores que tuvieron que cumplir algún tipo de medida judicial penal. Los casos más graves son los que acarrean internamiento cerrado (se dictó en dos ocasiones) o semicerrado (otras 18). A ello hay que sumar la imposición de penas de permanencia en centros durante el fin de semana (5), libertad vigilada (68), realización de servicios a la comunidad (76) y convivencia en grupos educativos (4). En casos excepcionales, al cumplir los 18, el juez puede decretar la entrada en prisión, pero en 2017 no se consideró necesario.

En este ámbito, el desequilibrio entre sexos es evidente. De los 271 menores afectados por estas medidas hasta 237 eran varones y tan solo 34 mujeres. La relación es de 87,4% frente al 12,6% femenino.

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