El Gobierno gana el primer asalto judicial a Ferrovial con el mantenimiento del robot Da Vinci

De este modo, rechaza la reclamación de Ferrovial, que ha sido condenada al pago de las costas judiciales, y da la razón al Ejecutivo, que se apunta su primer gol en la portería contraria. No obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El equipo de alta tecnología fue instalado en Valdecilla en 2010 en virtud de un contrato de arrendamiento con opción de compra, y en octubre de 2014 el Servicio Cántabro de Salud lo adquirió en propiedad. Diez meses antes, en enero de ese mismo año, el Gobierno del PP formalizaba con Ferrovial el contrato de colaboración público-privada de Valdecilla. Pero la dirección del hospital entendió entonces que el mantenimiento del Da Vinci no estaba incluido en ese macrocontrato porque había sido adquirido con posterioridad, por lo que adjudicó esta tarea a otra empresa por un año.

Cuando concluyó el contrato, en septiembre de 2016, el Gobierno regional había cambiado de manos. El bipartito de PRC-PSOE se opuso con virulencia a la fórmula elegida por el PP para concluir Valdecilla y trató incluso de resolver el contrato de colaboración con Ferrovial, aunque finalmente desistió por el riesgo económico de la maniobra. Pero puso en punto de mira cada una de las acciones de la sociedad y fiscalizó todos sus pasos, lo que dio lugar a una cascada de desencuentros que terminaron en los tribunales. Así, en cuanto finalizó el contrato de mantenimiento del robot quirúrgico la gerencia del hospital comunicó a Ferrovial que tendría que asumir ese coste porque estaba incluido en el convenio público-privado, una decisión avalada por el Consejo de Estado.

Ferrovial recurrió esa decisión con el argumento de que el equipo fue adquirido con posterioridad al contrato, lo que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 rechaza, ya que teniendo en cuenta que el convenio tiene una duración de 20 años, «es ilógico tener la expectativa de que no se van a adquirir nuevos equipos».

El 'caso Da Vinci' es el primer pleito entre la Administración y Ferrovial que resuelven los tribunales. En sede judicial se tramita, además, el recurso promovido por el Gobierno para anular una cláusula del macrocontrato que impedía penalizar a la concesionaria de los servicios no clínicos de Valdecilla durante los seis primeros meses posteriores al traslado, un blindaje firmado por el entonces gerente de Valdecilla en junio de 2015, un mes después de las elecciones autonómicas. Transcurrida esa moratoria, a partir de 2017 la Consejería de Sanidad ha penalizado a Ferrovial al menos en dos ocasiones con 97.500 euros por supuestos incumplimientos de contrato, que están recurridas en los tribunales.