El Gobierno se libra de pagar indemnizaciones millonarias a los afectados de Santa Marina

Copa Presidente de Cantabria, en el campo de Santa Marina./Loren
Copa Presidente de Cantabria, en el campo de Santa Marina. / Loren

El Tribunal Superior de Justicia dicta la primera sentencia que exime al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y al Ejecutivo de resarcir a los promotores de la urbanización, que exigen más de 30 millones

CONSUELO DE LA PEÑASantander

Las secuelas del boom urbanístico siguen purgándose en los tribunales. Es el caso del proyecto de Santa Marina, en San Vicente de la Barquera, que nació en 2001 y contemplaba la construcción de 350 viviendas en un paraje idílico próximo al Parque natural de Oyambre. Desde entonces, uno tras otro, han sido anulados en cascada todos los instrumentos urbanísticos que lo sustentaban. Los tribunales anularon primero el Plan Especial de Protección de Oyambre, después las Normas Subsidiarias del municipio, a continuación el Plan Parcial de San Marina y, por último, el proyecto de urbanización. Los propietarios del suelo y promotores del proyecto reaccionaron presentando varias demandas, en las que reclaman indemnizaciones por una cuantía estimada superior a los 30 millones de euros.

El primer fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha salido ahora, y es favorable al Gobierno y al Ayuntamiento, lo que supone un respiro para ambas administraciones, que se han librado de afrontar pagos millonarios. Esta primera sentencia resuelve el recurso presentado por Comunidad La Viña, propietaria de una de las fincas donde se iba a edificar, que reclamaba más de 350.000 euros por los daños patrimoniales derivados de la imposibilidad de ejecutar el proyecto. Pero otro de los recurrentes, Manuel Ruiz de Villa, elevó la indemnización exigida a 26,4 millones, cantidad a la que hay que sumar la exigida por otros dos afectados. Estos recursos todavía no han sido resueltos por la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero todo hace pensar que correrán la misma suerte porque se trata del mismo supuesto.

No hay daño porque el nuevo PGOU permite construir más casas en otra zona

La Comunidad La Viña argumentó que como propietaria minoritaria de la Junta de Compensación creada para desarrollar el proyecto, sufrió una serie de perjuicios como consecuencia de la anulación de los distintos instrumentos urbanísticos que ejercían de paraguas de la actuación. Pero los argumentos del tribunal son muy claros. Subraya que no se ha acreditado daño alguno porque el valor del suelo, lejos de reducirse, se ha visto incrementado con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de San Vicente, aprobado en 2016, ya que permite construir 644 viviendas frente a las 350 previstas anteriormente, al trasladar la edificabiliad de la zona afectada por el PORN de Oyambre al resto del ámbito de actuación. Además explica que las obras realizadas (construcción de viales principalmente) son legalizables, por lo que tampoco habría perjuicio. Y es que el nuevo plan nace con un «afán compensatorio» ante los posibles perjuicios provocados por las anulaciones judiciales, según se reconoce en la sentencia.

Los tribunales anularon en cascada los instrumentos urbanísticos que sustentaban el proyecto

La Sala se basa en varios informes técnicos para llegar a esa conclusión y recuerda que el propio estudio pericial de la demandante «permite apreciar por comparación un posible incremento de valor del terreno con mayores y unas mejores posibilidades edificatorias contrariamente a lo afirmado en el recurso». En este sentido, el tribunal destaca que tanto el informe pericial de la Administración como los informes del arquitecto municipal confirman que el nuevo PGOU multiplica por cuatro la edificabilidad media de la zona edificable, lo que beneficia a los distintos propietarios, y además «el grueso de las obras ya ejecutadas son válidas y se contemplan en el nuevo planeamiento».

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