La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público

El incidente ocurrió en el verano de 2023. La salud del que fuera agente empeoró drásticamente y, tras una amputación «que comenzó por un dedo del pie», sufrió complicaciones posquirúrgicas por infección y necrosis superficial en el Hospital de Mompía. Como muchos de los policías, es mutualista adscrito a Muface. Pero, «por recomendación de un informe médico», tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. «Por la gravedad de la situación, los médicos consideraron que teníamos que cambiar de centro. No fue a iniciativa propia sino que así nos lo prescribieron los doctores que lo trataban», explica María Eugenia.

Entre el 21 y el 24 de agosto de 2023, Avelino estuvo ingresado en Valdecilla. Y su mujer, a caballo entre el hospital y su casa «en taxi, con lo que cuestan». La cuenta, por su breve paso por el hospital, ascendió a 7.937 euros, de los que no se hace cargo ni el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ni la mutualidad general de los funcionarios civiles del Estado, del Ministerio de Hacienda y Función Pública. «Nos encontramos solos, con una pensión de 1.600 euros de la que destinamos el 30% a farmacia -para cuidados como medicamentos, pañales...-», plantea María Eugenia. Y ahora, a todo esto, hay que sumarle «una deuda a la que no podemos hacer frente, que es algo que no hemos tenido en la vida».

Y lo que es peor, un impago que consideran «injusto». El matrimonio ha recurrido, gracias a la ayuda solidaria de su abogado, la liquidación del expediente al SCS, que emitió la carta de pago por la atención sanitaria dado que es una persona adscrita a Muface. Han solicitado que no se inicie el procedimiento de cargo de la cuantía y, por si acaso, también han «pedido el abono fraccionado». «Porque la situación económica de mi cliente no permite el pago completo de golpe», apunta el letrado. Y en cuanto a la Dirección General de Mutualidad, que no se quiere hacer cargo del coste del tratamiento en el hospital público, los afectados han alegado que el traslado a Valdecilla estaba motivado por «un informe médico a cargo del responsable del seguimiento vascular, que acredita que el cambio se dio por complicaciones graves y no de forma voluntaria». Es más, indican que la movilización del paciente tuvo lugar «una vez agotada la posibilidad de tratamiento en Mompía». Es decir, no había alternativa. Por el momento, esperan que la aseguradora cambie de opinión, «reconozca la cobertura completa de la asistencia prestada» en el hospital de Santander y Muface, por fin, pueda hacerse cargo de la liquidación al completo.

Hasta que ambos expedientes se resuelvan, «no dormiremos tranquilos», porque aún existe la posibilidad de que se exija la factura. Critican que «es una pena que, una vez se acabe la vida laboral de las personas, se olviden de nosotros». Y no solo se refieren a la situación médica: «Somos dos personas mayores, con enfermedades y que requerimos de cuidados concretos», enumera María Eugenia. «Cuido de mi marido como puedo, cobro 200 euros de ayuda de dependencia y solo tengo como apoyo a mi familia los fines de semana, que se hacen cargo de las labores que más me cuestan. Además, vivimos en un cuarto piso sin ascensor, lo que dificulta la vida normal para una persona amputada de las dos piernas, y nuestra capacidad económica es limitada».