Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes

Esta operación, que ya se ha realizado entras comunidades autónomas, como Castilla y León, ha estado liderada por el equipo de investigación del Eprona (Equipo de Protección de la Naturaleza), perteneciente al Seprona, que se encarga de investigar y luchar contra los delitos y las infracciones contra el medio ambiente.

El jefe del equipo de investigación de esta unidad, Óscar del Riego, explica que cuando un coche entra en un desguace debe ser descontaminado por completo. Esto implica extraer todos los residuos peligrosos incluyendo los aceites, la gasolina o el gasóleo y el gas del aire acondicionado, que se considera «peligroso» y «contaminante». «Los desguaces tienen un plazo de 30 días para emitir un certificado de descontaminación desde que el vehículo entra en sus instalaciones», apunta Del Riego, al tiempo que señala que esta descontaminación es el paso previo para después aprovechar las piezas del coche y poder venderlas.

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) realizó un informe pericial, retrotrayéndose hasta el año 2018, en el que determinaron que la recuperación de los gases del aire acondicionado era «muy baja». La cantidad que debían arrojar los más de 50.000 coches que habían entrado en esos 13 desguaces en los últimos siete años no se correspondía con la que habían certificado los centros. «Había un desfase», señala Del Riego.

Fue entonces cuando los investigadores se trasladaron a los 16 desguaces de la región para realizar inspecciones, en las que participaron agentes del servicio de automovilismo con certificado para manipular gases y personal de la sección de residuos de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. «Cogimos una serie de coches de forma aleatoria que el desguace había certificado como ya descontaminados y, con un manómetro, comprobamos que en algunos de ellos había gases sin extraer en el circuito del aire acondicionado», explica el jefe del equipo de investigación del Eprona. «Se estima que son más de ocho las toneladas de gases emitidos a la atmósfera».

Según señala Del Riego, el delito contra los recursos naturales se comete, en este caso, «por certificar que un vehículo está descontaminado cuando no lo está, permitiendo que el gas se vierta a la atmósfera». «Al haberse producido durante los últimos siete años hablamos de un presunto delito continuado y se lo imputamos tanto al administrador del desguace como al técnico contratado para extraer todo el gas».

El artículo 325 del Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años al que, «contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones en la atmósfera (...)».

Además, la Guardia Civil imputa a los responsables de los centros de tratamiento un delito continuado de falsedad documental (castigado con pena de 6 meses a 3 años de cárcel y multa de 6 a 12 meses) «por certificar documentalmente que sus operarios han extraído todos los gases de los coches cuando no lo han hecho».

Finalizada su investigación, la Guardia Civil ha entregado sus diligencias en los juzgados encargados de instruir cada uno de los 13 casos en función de dónde se ubica cada desguace. La delegación de Medio Ambiente de la Fiscalía analizará los casos.