Jueces y expertos de Cantabria rechazan la reforma de los delitos sexuales

Jueces y expertos de Cantabria rechazan la reforma de los delitos sexuales

«¿Habrá que ir al notario o pedir el 'sí' por escrito cada vez que se tenga una relación íntima?», se preguntan, para reseñar la dificultad de plasmar el consentimiento expreso que pretende la propuesta del Gobierno

CONSUELO DE LA PEÑA SANTANDER.

Jueces y expertos en Derecho Penal han expresado su rechazo y desconcierto por el «disparate» que encierra el anuncio efectuado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre una futura reforma del Código Penal para delimitar los delitos sexuales. La ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha planteado que será agresión sexual toda relación en la que la mujer no haya dado su consentimiento expreso con un 'sí'. Pretende con ello que los tipos penales de las agresiones sexuales no dependan de la interpretación de los jueces, y para ello va a impulsar una reforma legal inspirada en el modelo sueco, donde se considera violación cualquier acto sexual sin consentimiento expreso.

El anuncio ha generado la censura unánime de los juristas y jueces consultados, que son los que tendrán que lidiar en un futuro con las novedades legislativas. A falta de conocer en profundidad los detalles de la propuesta de Calvo, los portavoces de las asociaciones judiciales y la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria, Paz de la Cuesta Aguado, contemplan la iniciativa con escepticismo y la tachan de «oportunista», por lanzarse al calor del clamor popular que ha generado la sentencia de 'La Manada', pero sin reflexionar en profundidad sobre si es necesario cambiar la ley en este sentido.

«El proyecto del Gobierno pretende acabar con la distinción entre agresión sexual y abuso, y preconstituir la prueba, es decir, buscar formas para que el juez crea forzosamente a la mujer, cuando en un juicio diga que no ha dado su consentimiento y el hombre diga que sí lo ha dado. La regulación de los delitos sexuales necesita ser reformada, pero estas dos medidas, que son el núcleo de la propuesta, son erróneas y sus consecuencias serán catastróficas para las mujeres», señala De la Cuesta Aguado, que a su condición de catedrática de Derecho Penal de la UC, une una trayectoria de 30 años como jurista y trabajos de investigación sobre victimología femenina y violencia de género.

«Es imposible preconstituir una prueba. ¿Vamos a tener que ir al notario o prestar la afirmación por escrito antes de las relaciones sexuales? Eso es imposible porque gran parte de las relaciones sexuales que mantenemos no se realizan con un 'sí' expreso. Pero, aunque así fuera, la firma por escrito o ante notario no vale para nada porque el consentimiento se puede retirar en cualquier momento», mantiene la experta, que subraya que «ser mujer y ocupar un cargo no es suficiente» para abordar un tema tan delicado.

La catedrática augura que la medida será «catastrófica» para la mujer porque «si se echa para atrás estará atada por su 'sí' expreso. Si el hombre puede probar que la mujer ha dicho 'sí', cómo va a probar la mujer que después ha dicho 'no'», se pregunta. «Mal que nos pese, hay que dejar al juez que valore todas las circunstancias», defiende. Para De la Cuesta «el paso fundamental» de la reforma es la «supresión» del abuso con prevalimiento, una figura que «privilegia a los padres, a los religiosos y a los jefes, personas que tienen tanto poder sobre las mujeres o sobre los menores, que no necesitan acudir a la intimidación para obtener sus fines sexuales». A su juicio, las conductas que constituyen un abuso con prevalimiento son violación, aunque también cree que debe mantenerse el abuso para conductas menos graves que una agresión.

El juez Javier Amores, titular del Juzgado de Violencia de Género, se muestra escéptico ante la reforma porque ve «difícil» plasmar un consentimiento expreso cada vez que se tenga una relación sexual. «El mayor escollo es el procesal. Cuando se tienen relaciones sexuales no se firma un contrato para dar un 'sí', se supone que hay un consentimiento tácito. ¿Vamos a llegar a la locura de tener que firmar un documento cada vez que tengamos una relación íntima con otra persona?», cuestiona. Pero, además, cree que vulnera el principio de presunción de inocencia porque «invierte la carga de la prueba y obliga al investigado a demostrar que hubo consentimiento expreso». El magistrado defiende un cambio de normativa únicamente para tipificar como agresión sexual, en lugar de abuso, «aquellos casos en que la mujer no ha tenido la oportunidad de pronunciarse, bien porque el hombre le ha dado somníferos, o estaba inconsciente o bebió demasiado».

Ya es delito

«El sexo sin consentimiento ya es delito», aclara la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cantabria, mayoritaria en el sector, y magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Santander, Amaya Merchán. Sostiene la magistrada que la «inconcreción» de la reforma deja abiertos muchos interrogantes, «principalmente cómo se ha de constatar el consentimiento expreso, con qué grado de concreción o a través de qué medio, o cómo ha de acreditarse que ese consentimiento no está viciado a fin de asegurar que sólo es válida la decisión de quien no sufre presiones, injerencias o influencias que limiten su voluntad».

Merchán cuestiona también las formas y asegura que la reforma del Código Penal «debe hacerse de manera reflexiva, escuchando a los expertos, y nunca debe de anunciarse sin previo estudio y ponderación».

De «disparate» tachó la portavoz de la asociación Francisco de Vitoria y titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrelavega, Raquel García, la iniciativa. «No se pueden llevar a cabo reformas legislativas sin valorar primero los fundamentos que tiene que contener una norma cuando se dicta. Es evidente que el Derecho va después de la realidad social, pero no hasta el punto de que una pancarta llegue a modificar un Código Penal», subraya, en alusión a las manifestaciones que se produjeron tras la sentencia de 'La Manada'. La portavoz de 'los vitorinos' cree que la propuesta «se carga los principios básicos del Derecho Penal. La presunción de inocencia es un pilar fundamental y esto es volver al Derecho Penal de la Edad Media». La magistrada mantiene además que la medida es «oportunista» porque se impone a rebufo de las manifestaciones, y también «contradictoria con los parámetros de un Gobierno de ideología de izquierdas».

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