Los juzgados cántabros redujeron casi un 20% las resoluciones finales debido al covid en 2020
La actividad judicial ordinaria del año también se vio afectada por la reducción de aforos y las mayores ausencias justificadas del personal
Los juzgados y tribunales de Cantabria redujeron un 19,5 por ciento las resoluciones finales dictadas y un 18,2% los procedimientos incoados en 2020 debido al parón que sufrió el sector de la Justicia con la declaración del estado de alarma el 13 de marzo. El dato ha sido facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), desde donde se ha asegurado que la suspensión de 12 semanas de plazos y términos judiciales «supuso la ralentización de la actividad judicial no esencial».
La institución asegura que, pasadas las primeras semanas de suspensión, al permitirse reanudar la actividad, «la menor disponibilidad de espacios por la necesidad de respetar aforos, los tiempos de espera adicionales entre actuaciones para asegurar la higiene y ventilación de los locales, y el mayor número de ausencias justificadas del personal, contribuyeron a dificultar la labor ordinaria de los órganos judiciales».
Todos estos factores tuvieron como consecuencia un descenso de los procedimientos incoados en los órganos judiciales de Cantabria del 18,2 por ciento, al pasar de 96.289 en 2019 a 78.797 en el año que acaba de terminar. Del mismo modo, las resoluciones finales fueron sólo 30.459 frente a las 37.839, un 19,5 por ciento menos. Además, los documentos firmados durante el pasado año ascendieron a 154.027, un 16,1% menos que en 2019, y las notificaciones telemáticas, 41.937, lo que supone un 8,6% menos.
Los escritos, salvo los de ejecución, aumentaron debido al mayor uso que se da a la tramitación electrónica
A la hora de analizar estos datos, el TSJC ha indicado que hay que tener en cuenta que durante el periodo en que estuvo en vigor la suspensión de plazos y términos -del 13 de marzo al 4 de junio- los órganos judiciales de la región no dejaron de funcionar, sino que se limitaron a atender las actuaciones urgentes y, en la medida de lo posible, avanzaron en los asuntos que se encontraban en trámite. «Tanto los miembros de la carrera judicial como los letrados y letradas de la administración de justicia pudieron teletrabajar, y los funcionarios atendieron con servicios mínimos las oficinas judiciales».
En cuanto a las comunicaciones recibidas en los órganos judiciales, durante el pasado año se registraron 4.302 escritos de ejecución (un 18,8% menos), y 146.315 de trámite, lo que supone un descenso del 2,7%. Sin embargo, el resto de escritos se incrementaron un 20,8% -64.616 respecto a 53.496 en 2019-, lo que desde el TSJC se explica «por el mayor uso que se da a la tramitación electrónica y, también, por la reiteración de escritos que se pudo producir como consecuencia de la ralentización que sufrió la tramitación de los procedimientos».
